Publicado el 13 de enero, 2020

De Urresti y Provoste: Los «voceros» de la postura contraria al proyecto antibarricadas

Autor:

Sebastián Edwards

En distintas intervenciones, ambos parlamentarios han validado el impedir la circulación como una manera legítima de manifestación. Votar en contra de la mayor parte de las indicaciones que se han efectuado en las comisiones de Seguridad y de Constitución y acusar sesgo de clases en el proyecto «antisaqueos y antibarricadas», son algunos de sus dichos en la tramitación de la iniciativa que hoy se vota en el Senado.

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Hoy a las 16:00 horas comienza la sesión del Senado para votar la «Ley antisaqueos y antibarricadas», iniciativa que forma parte de la agenda de seguridad anunciada por el gobierno tras las manifestaciones violentas tras el 18 de octubre. Pero el proyecto ha recorrido un camino más largo de lo esperado. Esto, tras presentación de indicaciones, petición de informe de comisiones y extensos debates

Fue el 4 de diciembre el momento en el que el Senado aprobó en general la idea de legislar el proyecto que venía aprobado de la Cámara de Diputados. La iniciativa fue aprobada con 33 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra. Se opusieron en su momento los senadores Alejandro Guillier (independiente) y Juan Ignacio Latorre (RD).

La seguridad también es un derecho y hoy miles de personas sienten que lo han perdido cuando los saquean, apedrean o les cobran peaje por transitar por las calles, es nuestro rol defender esos derechos», señala Felipe Harboe (PPD), presidente de las comisiones de Seguridad y de Constitución.

El siguiente trámite tuvo lugar en la comisión de Seguridad del Senado, instancia que introdujo numerosas enmiendas a esta iniciativa. Entre las principales destacó el establecer «penas de 61 días a tres años arriesgarán quienes lancen utensilios u objetos cortantes, punzantes o contundentes potencialmente aptos para causar la muerte o producir lesiones corporales, a personas o vehículos que se encuentren en la vía pública»; así como también el «aumentar en un grado las penas privativas de libertad cuando los delitos de saqueos se registren con ocasión de calamidad pública o alteración del orden público, sea que se actúe en grupo o individualmente pero amparado en éste, se aumentará la pena privativa de libertad respectiva en un grado».

En esa sesión del 16 de diciembre, se aprobó además incorporar un nuevo artículo que«sanciona con presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días) a quienes interrumpan completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública, mediante violencia o intimidación o la instalación de obstáculos. Esa misma pena se aplicará a quienes interpongan sus vehículos en las vías». Este punto -y la mayoría de los que se discutieron en esa ocasión-, fue rechazado y criticado por la senadora Yasna Provoste (DC), quien participó en la comisión de Seguridad en reemplazo de su compañero de partido, el senador Francisco Huenchumilla (DC).

Seguir profundizando en estas propuestas legislativas represivas, en nada ayuda a responder el fondo de la molestia de la ciudadanía», dijo la senadora Yasna Provoste (DC) en la comisión de Seguridad.

Según se lee en el informe de la comisión, la senadora señaló que «seguir profundizando en estas propuestas legislativas represivas, en nada ayuda a responder el fondo de la molestia de la ciudadanía». Y llamó la atención respecto de personas que venden sus productos en la vía pública y que, con esta legislación, serán considerados como aquellos que interrumpen la libre circulación de las personas. Ante esto, la parlamentaria argumentó que se estaba colocando un enfoque «solo en lo represivo». Asimismo, puntualizó que bajo ninguna circunstancia será considerado delito los trabajadores que colocan en la vía pública sin autorización.

Tras cuatro sesiones, el 18 de diciembre el proyecto fue despachado a la Sala y quedaba listo para ser votado el lunes 30 de diciembre. En la ocasión, el Ejecutivo le puso discusión inmediata.

Sin embargo, la mesa del Senado, a petición del senador Alfonso De Urresti (PS) y otros parlamentarios, solicitaron discutir un segundo informe, ahora, en la comisión de Constitución, retrasando la discusión en la Sala, ya que recién el día 7 de enero, la Sala envió el proyecto a la comisión.

El artículo puede estar vulnerando principios fundamentales como el derecho a la protesta como poder expresar sus ideas (…). No estamos de acuerdo en sancionar la protesta social», planteó el senador Alfonso De Urresti (PS) en la comisión de Constitución.

Fue en esa instancia, en la que De Urresti es miembro, donde el senador socialista votó en contra del proyecto y señaló que la parte referida a las barricadas veía «un sesgo de clases». En ese sentido, señaló que «cuando Carabineros ve al pituco manejando tiene un trato cortés y cuando es alguien del mundo popular que hizo una barricada, es distinto el trato».

Frente a esto, el presidente de la comisión, el senador Felipe Harboe (PPD), le clarificó que «no es barricada el hecho de que un grupo de personas se pare de brazos cruzados en la Alameda», sino que lo que se explicita en el proyecto es que su significado aplica a impedir el tránsito local a través de obstáculos y objetos contundentes. Y agregó: «impusimos una norma especial que se aplica la misma pena a quienes interpongan sus vehículos en la vía en términos de hacer imposible la circulación. Lo que queremos evitar es estos mecanismo de presión. Con esta norma los No+TAG habrían sido sancionados».

En la misma línea, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, explicó en esa ocasión que «no se está sancionando la barricada sino los obstáculos en general. Es central garantizar el derecho de las personas circular libremente».

Independiente de eso, el senador De Urresti insistió en que «uno tiene que respetar el derecho a la protesta social, hay distintas expresiones. Aquí muchas veces hay un sesgo de clases en contra de determinados actores que protestan y son tratados con mano blanda o trabajadores que se manifiestan fueras de sus faenas son tratados con desiguales condiciones. El artículo puede estar vulnerando principios fundamentales como el derecho a la protesta como poder expresar sus ideas (…) no estamos de acuerdo en sancionar la protesta social». 

En conversación con «El Líbero», el senador Harboe afirma que «la protesta social es legítima pero la violencia no lo es y lo que buscamos es terminar con la violencia que condiciona la vida de la gente». Y agrega: «La seguridad también es un derecho y hoy miles de personas sienten que lo han perdido cuando los saquean, apedrean o les cobran peaje por transitar por las calles, es nuestro rol defender esos derechos”.

En similar tono a las palabras de De Urresti y Provoste, que han tenido voz y voto en las comisiones donde se ha analizado el proyecto, otros dirigentes de oposición han marcado su postura contraria.

Ese es el caso del senador por Antofagasta, Alejandro Guillier (IND), quien en su intervención en la Sala -cuando se votó en general- indicó que «lo único que estoy viendo en este texto es que se quiere transformar en delito las legítimas movilizaciones sociales (…) un proyecto cuyo nombre, además, lo dice todo, y que quiere transformar en delito la alteración del orden dando la apariencia de que se defiende una falsa normalidad donde sigue imperando el abuso».

En el mismo tono, el único representante del Frente Amplio en el Senado, Juan Ignacio Latorre (RD), señaló que «criminaliza interrumpir circulación en la vía pública con vallas, vehículos, barricadas u objetos, con penas excesivas». Y añadió: «valoramos que se extienda la tramitación de este proyecto, para poder discutir en profundidad este tema tan sensible para toda la población, pero estaremos atentos a nuevas formas de criminalización de la protesta».

Desde el Ejecutivo, a pesar de estas voces, se muestran optimistas y consideran que lo más probable es que el proyecto se apruebe hoy en la Sala, pero advierten que gran parte de los senadores socialistas rechazarían la iniciativa debido más a su discurso histórico que al contenido del proyecto mismo.

Si hoy lo senadores dan luz verde al proyecto, este pasaría a la comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y se espera que el miércoles se concrete su último trámite en la Sala.

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