Siguen sumándose aristas en el Caso Convenios, el que comenzó cuando se dio a conocer que la fundación Democracia Viva, dirigida por Daniel Andrade, pareja de Catalina Pérez -ahora exmilitante RD- y funcionario del Ministerio de Defensa, había generado una serie de convenios con la Seremi de Vivienda de Antofagasta, en manos de Carlos Contreras, militante de RD, por más de 400 millones de pesos.
El viernes se comunicó por parte de Revolución Democrática que tanto Andrade como Contreras, fueron expulsados por el partido. Las transferencias de millonarios recursos a otras fundaciones están siendo investigadas también en el Maule y en Atacama.
Estos casos y cómo se debe abordar la corrupción en la nueva Constitución, fue analizado en una nueva edición del Podcast Constitucional, que conduce la exministra, exconvencional y directora del Observatorio Constitucional de la Universidad San Sebastián, Marcela Cubillos; junto a Gonzalo Arenas, Doctor en Historia y académico de la USS y que tiene como panelista a Luis Silva, consejero constitucional del Partido Republicano.
Cubillos señaló que frente a hechos como los conocidos son de tal gravedad que “la oposición tiene que fiscalizar y perseguir las responsabilidades políticas, sobre todo cuando tenemos a un Presidente que pasó de mostrarse indignado a blindar a su equipo”. Por otro lado, hizo un llamado a los consejeros constitucionales a “hacer su pega, tienen la misión de fortalecer los mecanismos para hacer efectivas estas responsabilidades frente a algo tan sensible para todos los chilenos, como son los recursos fiscales”.
Cubillos: «Hemos visto a Boric decir que está indignado, pero no pasa nada con las responsabilidades políticas»
La exconvencional Cubillos apuntó al gobierno por no tomar acciones en el tema. “Hemos visto a Boric decir que está indignado, pero no pasa nada con las responsabilidades políticas. A Jackson decir que es muy doloroso, a Vallejo que ya se hicieron valer las responsabilidades políticas porque cayó la subsecretaria, Winter ya fue récord y dijo que era imposible que un partido que administra el Estado sea 100% probo, el ministro Montes nadie sabe cuánto sabía, pero todos sabemos que es él quien está a cargo, él es el responsable político en última instancia”.
Por su parte, Luis Silva detalló que en el anteproyecto de Constitución “hay innovaciones respecto del texto vigente, hay un reconocimiento bastante más explícito al deber del Estado de garantizar la integridad pública. Y esto, independiente de las responsabilidades políticas, es bastante transversal el compromiso con que de las platas públicas se haga un buen uso”.
Pero advirtió: «Lamentablemente, lo que puede ofrecer una Constitución para evitar que esto ocurra, al final es poco. Hay un desarrollo legislativo que hace la bajada de estas disposiciones constitucionales, y es importante obviamente una bajada administrativa a nivel reglamentario. En la Constitución se pueden fortalecer las atribuciones de la Contraloría también. Pero, al final no hay ninguna Constitución que pueda impedir el mal uso de la libertad. Tiene que haber sanciones, y en eso la legislación puede avanzar, y la Constitución también”.
Luis Silva: «La traición a la fe pública merece una sanción severa»
En esta línea, el consejero constitucional subrayó: “Me gustaría introducir en la Constitución un reconocimiento explícito a la fe pública como un bien esencial para la convivencia. El daño que le hace una situación como esta a la confianza ciudadana es enorme. El tejido social, la confianza o el respaldo ciudadano, que es inherente a una acción eficaz por parte de quienes nos gobiernan, se ve debilitada a consecuencia de estos hechos. La traición a la fe pública, es decir abusar de la confianza, merece una sanción severa”.
En este sentido, Gonzalo Arenas sugirió que se agregara en el texto constitucional un nuevo sistema de justicia administrativa. El académico apuntó que “la Contraloría debería tener un sistema de tribunales mucho más transparente, más expedito, que sea una verdadera justicia administrativa, y que hagan obligatorio que alguien sea condenado primero para después hacer valer las responsabilidades políticas en la Cámara o el Senado, y así evitar las defensas corporativas. Eso sería sano para el sistema político, para que esto no se entrampe en discusiones que no llevan a nada”.
Otro aspectó que destacó Silva fue que “con lo que ha pasado se daña la confianza a las fundaciones, a los políticos, y otro tema que es tremendamente sensible en la discusión constitucional es la colaboración entre Estado y particulares. Lamentablemente, esta situación puede llevar a extremismos para uno y otro lado, y obviamente ni una ni otra fórmula es sana para el bien común”.