Durante la temporada 2024-2025, las empresas asociadas a la Corporación Chilena de la Madera (Corma) presentaron 324 denuncias y 45 querellas por incendios intencionales; sin embargo, sólo se registraron cuatro condenas. “La persecución hoy día es débil, lenta y sin recursos suficientes”, sostiene en entrevista con El Líbero el presidente de Corma, Rodrigo O’Ryan.
«Los incendios forestales no solo ponen en riesgo la vida de las personas, sino que también destruyen hogares, bienes de las familias, fuentes laborales, infraestructura productiva y causan un daño severo a la fauna de las zonas rurales», subraya el presidente de Corma.
O’Ryan reconoce que el país cuenta con una “capacidad de despliegue histórica”, dado que el sector privado ha invertido más de $123.000 millones en equipamiento —que incluye 64 aeronaves y más de 5.000 brigadistas— y mantiene una estrecha coordinación público-privada. No obstante, subraya que el principal desafío es reducir la ocurrencia. En regiones como La Araucanía y Biobío, afirma, persisten incendios multifocos incluso bajo Estado de Excepción, impulsados por personas que realizan “acciones destinadas a generar temor en la población”, lo que termina copando las capacidades de respuesta y elevando el riesgo de catástrofes mayores.
Respecto al proyecto de ley de incendios, presentado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric en septiembre de 2023, el líder gremial señala que, si bien la iniciativa es necesaria, resulta “incompleta e insuficiente”, ya que sería necesario fortalecer la persecución penal y la recuperación de los afectados. “Tal como está, no resuelve el problema, incluso lo puede empeorar”, advierte.
O’Ryan enfatiza que es indispensable dotar de mayores herramientas a fiscalías y policías para lograr una investigación temprana tras el fuego. De lo contrario, lamenta, si los resultados judiciales no mejoran, “estamos incentivando la intencionalidad”.
Presidente de Corma por incendios forestales: “Tenemos una capacidad de despliegue histórica, pero el desafío es reducir la ocurrencia”
–Para la temporada 2025-2026, ¿qué opina sobre la capacidad que hay para enfrentar los incendios forestales en cuánto a cantidad de recursos y personal?
–Después de los desastres que tuvimos en 2017, el salto en cuanto a capacidades ha sido muy grande, cada vez más tecnificada, con mayor coordinación y tecnología. Solamente las empresas asociadas al sector forestal han invertido más de 123.000 millones de pesos, que es una cantidad enorme de plata. Y entre los recursos, uno puede destacar 64 aeronaves, 430 brigadas, más de 5.000 brigadistas -5.000 personas que arriesgan sus vidas combatiendo el fuego-, tenemos siete centrales de detección y despacho y 93 pistas y helipistas. A esto se suma el uso de tecnología para la detección temprana, modelación de incendios según condiciones climáticas y conectividad en zonas rurales para mejorar la coordinación y la seguridad de las brigadas. Entonces, uno puede hablar de que tenemos una capacidad de despliegue histórica, pero el desafío es reducir la ocurrencia, porque en la medida que se empiezan a generar incendios en paralelo se copan las capacidades. Entonces, ese incendio que sobrepasa la capacidad, puede generar un enorme descontrol y una catástrofe mayor. Por lo tanto, es muy importante mantener la ocurrencia baja y poder atacar cada incendio de forma rápida.
–¿Y cómo se combinan estas capacidades con los recursos que brinda el gobierno?
–El gobierno también ha puesto una parte muy importante, es un poco más alta la inversión que la del sector privado y la coordinación que tenemos es muy buena. La coordinación que tenemos con Conaf, Senapred, Bomberos, los gobiernos regionales, los municipios, los delegados presidenciales, la policía, la fiscalía y también la red de prevención comunitaria, que son personas que se han coordinado y se unen para poder apoyar a sus propios vecinos en lo que es la preparación de la temporada de incendio y también el monitoreo durante la temporada de incendio para poder reducir la ocurrencia y el alcance de la superficie. Ha sido muy positivo el resultado que han logrado. De hecho, hay comunas que tenían un alto número de incendios años atrás y la temporada pasada tuvieron cero incendios. Eso es producto del trabajo de estas personas que se preocupan del resto de la comunidad. Quiero destacarlos porque es una acción de mutuo propio y nosotros como Corma estamos muy contentos de poder trabajar con ellos mano a mano. Son 523 comités, 6.000 personas activas. Eso es realmente algo que hay que destacar.
–¿Y eso es puramente acción civil?
–Puramente acción civil, gente que se preocupa por el resto de la gente, por sus comunidades, por el patrimonio que ha logrado cada uno de los chilenos y para evitar desastres climáticos y ambientales que nos afectan a todos.
–Usted me mencionaba el tema de la ocurrencia. Sin embargo, según datos de Conaf, ésta no va a la baja y en Chile más del 99% de los incendios son por la acción humana. ¿Cómo ha sido la respuesta judicial frente a esto?
–Solo para dar una referencia en esta temporada, en la región del Biobío llevamos 274 incendios, que es un aumento de un 15%, abarcando más o menos 500 hectáreas, que significa un aumento de 255% con respecto a la temporada pasada. Y es muy grave que el 50% de esos incendios se estiman que son intencionales. Por el lado de La Araucanía, tenemos 287 incendios, que es un 27% más, y una superficie que es un 103% más, o sea, duplicamos, con un 30% de intencionalidad. Entonces, incluso estando bajo Estado de Excepción, persisten estos incendios que son multifocos, generados por personas que realizan acciones destinadas a generar temor en la población en La Araucanía y daño en la población, y que eso no puede seguir pasando. En cuanto a la persecución, en la temporada 2024-2025, las empresas asociadas a Corma han presentado 324 denuncias y 45 querellas, pero solamente hay un detenido y cuatro condenas. Entonces, con estos resultados, estamos incentivando la intencionalidad, finalmente. Lo que evidencia que las medidas excepcionales por sí solas no están siendo suficientes y que se requiere investigación temprana, inteligencia y persecución penal efectiva, especialmente en zonas rurales donde estos hechos se repiten año a año.
Presidente de Corma por proyecto de ley de incendios: “Es muy necesaria la ley, pero lo que se ha propuesto es incompleto e insuficiente”
–Con respecto a La Araucanía y Biobío. ¿Ha visto decisión de las autoridades de actuar en los sectores donde se concentra la ocurrencia intencional de incendios?
–Hay una acción coordinada con los distintos estamentos del Estado y hay una claridad de lo que está pasando y decisión de poder abordarlo, sin duda; pero estamos un poco amarrados de manos ya que faltan recursos para que la fiscalía y las policías puedan actuar en forma más temprana post incendio y puedan así tener mejores antecedentes para perseguir a los criminales. De hecho, este es uno de los puntos que nosotros hemos planteado como muy necesario en la ley de incendios. Este punto no lo abarca la ley de incendios. Nosotros creemos que para poder reducir los incendios debemos encontrar a estas personas que prenden intencionalmente, así como también a quienes lo hacen negligentemente. Con el incendio ya es difícil que no se pierda la evidencia de cómo se generó el incendio. Por lo tanto, el poder encontrar cualquier rastro apenas se extingue el incendio es fundamental.
–¿La presencia de incendios multifocos, atentados incendiarios y robo de madera son situaciones que se atienden en el proyecto que regula la prevención de incendios forestales que actualmente está en discusión?
–Primero hay que distinguir. El robo de madera ya fue abordado en una ley y eso ha permitido que baje en torno a un 90%. Ahora, ¿qué es lo que hay en común en todo esto? Es el crimen organizado. Hecha la ley, hecho el ajuste, y se empiezan a mover por otros lados. Y esto se mezcla también con la acción de ciertos grupos extremos de reivindicación indígena, que dicho sea de paso, no son la mayoría. El sector forestal trabaja y convive perfectamente con los pueblos originarios, por lo tanto hay que diferenciar. Esto no es una guerra entre la forestal y los pueblos originarios, sino que son grupos terroristas que operan y se refugian detrás de este objetivo. Dicho eso, la ley actual solamente apunta al combate y en materia de prevención a la generación de cortafuegos. Y nosotros como sector hacemos cortafuegos, construimos más de 20.000 kilómetros de cortafuegos en forma voluntaria. Pero ¿qué es lo que pasa? Esto le genera un tremendo impacto al propietario, sobre todo cuando es pequeño propietario.
Cuando alguien tiene un predio muy chiquitito, la superficie que se habilita como cortafuegos abarca una alta proporción de su superficie, por lo tanto le mata toda la rentabilidad a un potencial negocio. Después, cuando se genera el incendio, ese pequeño propietario no tiene cómo levantarse. Piensa que los recursos que requiere el pequeño propietario se generan en función de la rotación de tu bosque. Si pierdes todo ese bosque, no tienes capital, no tienes plata como para poder recuperar esa superficie, por eso quedan prácticamente botados los terrenos. Entonces, ahí es fundamental el apoyo del Estado, ese es el cuarto pilar que nosotros proponemos a esta ley, que es la recuperación, para que los afectados puedan tener acceso a capital y herramientas técnicas para recuperarse. Continuamente, como sector hemos indicado que es muy necesaria la ley, pero que la ley que se está pensando y se ha propuesto es incompleta e insuficiente.
–¿Cuáles son los otros tres pilares?
–El primero es la prevención, ahí ya se abarca y está bien que se contemplen los cortafuegos, pero siempre y cuando sea bastante claro que si se le pide a una persona que tenga un cortafuegos y pierda superficie, esa persona sea compensada por eso. Dos, el combate, hay que avanzar en el combate aéreo nocturno y los recursos para el combate terrestre, ya que en la noche se dan las mejores condiciones para apagar los incendios. El tercer pilar es la persecución, pero la persecución se engancha también con la prevención, porque son las mismas personas las que año a año están quemando. Los mapas de concentración de los incendios son muy claros, y se superponen en gran parte con las zonas rojas de atentados y hechos de violencia grave asociados a crimen organizado. La persecución hoy día es débil, es lenta y sin recursos suficientes. Y el cuarto pilar es la recuperación, ya que los afectados se quedan sin capital, sin ingresos, y tampoco tienen apoyo del Estado. Entonces, el proyecto tal como está, no resuelve el problema, incluso lo puede empeorar.
–¿Todo esto lo han planteado en el Congreso?
–Sí, nosotros lo hemos planteado a través de la Red Futuro Madera, una red que está compuesta por los principales gremios del sector forestal, están los dueños de bosque nativo, Aprobosque, están las pymes madereras, Pymemad, está el Colegio de Ingenieros Forestales, está la Asociación Chilena de Biomasa, AchBIOM, y está Corma también. Por lo tanto, es un consenso lo que estamos planteando desde personas que vivimos en el sector forestal, desde personas altamente calificadas en lo técnico, con una larga data y experiencia en términos operativos, técnicos y también regulatorios, porque muchos han o hemos participado en el desarrollo de normas y regulaciones a través de leyes en el sector.
–Vimos que hace pocos días atacaron a una brigada forestal en Curanilahue. ¿Esto fue una excepción o es la regla de todas las temporadas?
–Hemos visto en las temporadas pasadas que disparan a los helicópteros, brigadistas que han sido amedrentados cuando van camino a su faena y eso realmente es una situación inaceptable. Además de lo ocurrido en Curanilahue, atacaron un camión aljibe de Bomberos en la Región del Maule, que fue apedreado mientras se dirigía a recargar agua para continuar el combate de un incendio. Los brigadistas son personas que ponen en riesgo su vida día a día para poder salvarnos a nosotros y que esta gente tan inmoral vaya y los ataque cuando van a sus tareas es realmente inaceptable, esto es algo que debemos condenar absolutamente y ahí la cooperación de los medios para difundir tanto estas acciones como todo lo que respecta a la intencionalidad de los incendios es fundamental.
–¿Incide en la atención de los incendios forestales, el proceso de transformación que está atravesando la Corporación Nacional Forestal (Conaf), que será reemplazado por dos nuevas entidades estatales?
–Estamos al inicio de la temporada, así que decir que ha habido un cambio grande sería muy precipitado, pero sin duda que aquí lo importante es apoyar el Sernafor, que es algo que el sector buscó por mucho tiempo, ya que cualquier problema que puedan tener internamente nos afecta a todos. Y en eso estamos trabajando. Estamos trabajando mano a mano con ellos y con los estamentos del Estado para que esta temporada sea lo menos dañina posible. Estas conclusiones se pueden sacar más hacia el final de la temporada y esperamos que sean positivas y que hayamos tenido una buena temporada junto al Sernafor.
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