La primera elección popular de los 278 consejeros regionales (cores) en noviembre pasado –que fueron virtualmente designados por los partidos durante 22 años-, fue posible gracias a una reforma constitucional apoyada por todos los sectores políticos, que fue destacada como un hito en la democracia chilena y en la descentralización de las regiones.
Pero apenas siete meses después de entrar en funciones, los cores de las regiones de Arica, Tarapacá, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Biobío, Araucanía, Los Lagos y Magallanes han paralizado sus funciones en los Gobiernos Regionales alegando la falta de atribuciones y competencias, de condiciones laborales mínimas y exigiendo aumentos de la dieta y tener gastos de representación para movilización y para contratar asesores, secretarias y oficinas.
Los cores integran los Consejos Regionales; tienen carácter normativo, resolutivo y fiscalizador de los Gobiernos Regionales, que son presididos por los intendentes. La función clave de los cores es aprobar o no los proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que este año tiene un presupuesto de $839 mil millones, de los cuales $560 mil millones se ejecutaron al 30 de septiembre, equivalente al 66,8%.
Por ello, en la práctica, las movilizaciones significan paralizar las inversiones públicas por $166 mil millones que están pendientes en las nueve regiones movilizadas, y que son para obras de mejoras en infraestructura, transporte, agua potable rural, alcantarillado, plazas, espacios públicos, pavimentaciones, entre otras.
Lo anterior resulta complejo para el Gobierno, porque la Presidenta Bachelet instruyó a los ministros e intendentes a ejecutar el 100% del presupuesto público, como una manera de reactivar la desacelerada economía, que este año crecería alrededor de 1,8%.
El petitorio de los cores: Aumento del 400% del sueldo
Marcelo Carrasco, DC, presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales (Ancore), y core de la Región de la Araucanía, afirma a “El Líbero” que se constituyeron dos mesas de trabajo con el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, para afinar un proyecto de ley corta que les permita resolver los temas más urgentes, pero que no han tenido respuesta y que por ello mantendrán las movilizaciones, a las que cada día se siguen sumando regiones.
Los cores quieren que la ley corta trate los temas del denominado «estatuto del consejero», como licencias médicas, transporte, dieta, permisos maternales, accidentes, apoyo profesional para “poder cumplir como corresponde a los miles de ciudadanos que confiaron en nosotros”.
“Las autoridades designadas como seremis, gobernadores y jefes de servicio, tienen oficina, secretaria, profesionales a cargo, vehículos, gastos de representación y un sueldo de entre $2,5 millones y $3,2 millones. Y no es justo que nosotros, que fuimos elegidos por los ciudadanos, no tengamos nada de eso”, afirma Carrasco.
La propuesta de Ancore es ganar un sueldo de alrededor de $3 millones, que es 4,4 veces más que los $670 mil que reciben hoy. A lo que habría que añadir gastos de representación.
Los cores discrepan
Eva Jiménez, consejera DC de La Granja, San Joaquín, Peñalolén, Macul y La Florida, coincide en que se requieren mejoras laborales para desarrollar su gestión y atender a quienes votaron por ella en esas comunas, que son representadas por dos diputados. Su argumento es que las democracias avanzadas tienen mejores condiciones para las autoridades regionales, y que se deben dar mayores atribuciones y avanzar en la descentralización.
Claudia Faúndez, de RN, quien recibió 25 mil votos en Puente Alto, Pirque y San José de Maipo, también suscribe el mejoramiento de las condiciones laborales para atender a los electores, y defiende que se transfieran a los gobiernos regionales en el mediano plazo servicios públicos como el Serviu, Fosis, Corfo, entre otros. “Nos debemos a la comunidad, tenemos una carga de trabajo casi de dedicación exclusiva pero no según la ley. Ganamos casi lo mismo que los concejales que sólo atienden una comuna. Eso no es justo”, señala.
Sin embargo, el core de la UDI Agustín Olavarría admite que hay un vacío legal en las atribuciones de los cores, porque hay funciones que no quedaron definidas en la reforma constitucional que permitió la votación directa, pero considera que no se debe aumentar las remuneraciones porque los $672 mil alcanzan para pagar sus pasajes para atender las comunas de Colina, Lampa y Tiltil y asistir a las sesiones plenarias y a las comisiones. “Todos estábamos claros de cuáles eran las condiciones cuando nos presentamos en las elecciones y creo que se debe respetar eso. Ahora, entiendo que hay cosas de funcionamiento básico de los cores que no están resueltas y para eso sí se requiere legislar”, indica.
El core, además, rechaza la paralización porque dice que son funcionarios que están obligados a desempeñar su labor, y que no pueden afectar a la ciudadanía paralizando proyectos de inversión pública.
Proyecto de ley entrampado
El ex subsecretario de Desarrollo Regional del gobierno del Presidente Piñera, Miguel Flores, aclara que las demandas de mayores competencias y de creación de un estatuto especial están recogidas en un proyecto de ley que aprobó el Senado el año pasado, pero que desde enero está entrampado en la Cámara de Diputados por el rechazo de parlamentarios de la Nueva Mayoría que decidieron esperar al cambio de Gobierno.
Flores acota que el proyecto no plantea aumentar la dieta de los cores pero sí mejorar las condiciones laborales y equipararlas a la de los concejales con el uso de vehículos, oficinas, entre otros.
“El proyecto de ley se hace cargo de temas de transparencia y probidad en los gobiernos regionales y de mecanismos de control de la ciudadanía. Es un proyecto muy completo. Lo que está pasando hoy fue advertido por nuestro Gobierno y la Nueva Mayoría no cumplió en el Congreso”, asegura Flores.
