Las recientes publicaciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, en favor de la «Libre determinación para la nación Rapa Nui», dadas a conocer por El Líbero, han vuelto a poner el foco sobre las aspiraciones de autonomía en la isla. La diplomática ya había adelantado esta postura en septiembre pasado, cuando señaló en la radio pública neozelandesa: “Ahora somos reconocidos como territorio especial de Chile. Ahora tenemos que trabajar sobre cómo vamos a obtener el autogobierno, porque en mi isla necesitamos el autogobierno. No hemos llegado a ese punto, pero estamos trabajando para ello”.
Sus palabras coinciden con el despliegue de la consulta indígena que impulsa el gobierno para establecer un Estatuto Especial de Administración para Isla de Pascua, el cual busca crear una una nueva unidad administrativa y “dicha unidad territorial tendrá por objeto avanzar en mayores niveles de autonomía administrativa y de gobierno, en concordancia con el carácter unitario del Estado, y con pleno respeto al orden constitucional y legal vigente”.
La consulta comenzó el pasado 13 de agosto. Su objeto es la creación de un Gobierno de Territorio Especial (GTE) con personalidad jurídica, patrimonio propio y un presupuesto autónomo, y esta nueva unidad territorial desvincularía administrativa y políticamente Isla de Pascua de la Región de Valparaíso.
El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, explicó a la Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso que el GTE supone que éste tenga “una relación directa con el nivel central y ya no es intermediada por la Región de Valparaíso. Por lo tanto, estamos hablando que tenemos regiones, provincias y un territorio especial que tiene las competencias para tener presupuesto propio, algún tipo de competencia en materia de bienes nacionales, de medio ambiente, de borde costero… La ley produciría un traspaso de competencias progresivo y paulatino en el tiempo, con capacidad de ser evaluada, si es que resulta o no resulta, y si no, ser devueltas al nivel central”.
Desde la Delegación Presidencial Provincial de Isla de Pascua han explicado que “la propuesta transfiere competencias públicas en materia de tierras, territorio, patrimonio y cultura, desde ministerios (Bienes Nacionales, Defensa, Desarrollo Social y Cultura, Artes y Patrimonio) al Gobierno del Territorio Especial”. Asimismo, con el Estatuto Especial la Comisión de Desarrollo de la Isla de Pascua (Codeipa), el Consejo de Gestión de Carga y los consejeros regionales rapa nui, dejarían de existir. Se creará, en cambio, el GTE con ocho miembros: seis personas rapa nui (electos por padrón rapa nui) y dos personas que pueden ser rapa nui o no rapa nui, con al menos 10 años de residencia, elegidos en votación abierta. Por otro lado, seguirán existiendo la Municipalidad, el Delegado Presidencial, la Comunidad Indígena Ma’u Henua –que administra el Parque Nacional– y organizaciones como Maua Hatu y Honui.
En la entrevista con la radio, Ramos afirmó que un GTE para Isla de Pascua “significa que podría tener su propio gobierno, con definiciones sobre la planificación territorial, que implicaría una mayor participación del pueblo Rapa Nui en las decisiones y, por lo tanto, veríamos decisiones con mucho más pertinencia y que añaden mayor valor a la identidad cultural que tiene esa isla”.
El subsecretario agregó: “Todos queremos que Rapa Nui siga siendo orgullo nuestro, de todos los que estamos en el continente, y por supuesto, eso también depende de que el pueblo Rapa Nui pueda participar y decidir sobre lo que ocurre sobre su propia isla, porque eso hace sostenible y sustentable su desarrollo en el largo plazo, bajo los marcos que como Estado nos hemos dado, con control de la propia Contraloría General de la República y por lo cual nos parece que es un avance importante”.
El largo camino hacia el Estatuto Especial
La necesidad de este estatuto se remonta a una reforma constitucional de 2007, año en que se reconoció a Isla de Pascua y al Archipiélago Juan Fernández como “Territorios Especiales”. Sin embargo, la ley dejó pendiente definir cómo se gobernarían exactamente estas zonas, delegando esa tarea a un estatuto específico que hoy se intenta concretar tras tres intentos fallidos en el pasado.
Dado que este marco legal debe ser establecido mediante una ley orgánica constitucional, el objetivo de la actual consulta indígena es elaborar el proyecto de ley a ser ingresado al Congreso antes de que finalice la administración de Gabriel Boric.
De hecho, según el sitio oficial del proceso, la consulta busca “dar cumplimiento al compromiso del Presidente de la República”. En septiembre de 2021, mientras era candidato, Boric manifestó su postura a través de la red social X: “Hoy se cumplen 133 años del Acuerdo de Voluntades entre Rapa Nui y el Estado de Chile. Lamentablemente no hemos estado a la altura. En nuestro gobierno daremos fiel cumplimiento a ese tratado, restituiremos las tierras y avanzaremos hacia el autogobierno rapanui”.
A la fecha, el proceso consultivo ya ha completado sus tres primeras etapas: planificación, entrega de información y deliberación interna. Actualmente, resta ejecutar la cuarta fase (diálogo y diálogo final) y la quinta etapa de sistematización y entrega de expedientes, de acuerdo con la información disponible en la web de la consulta.
El rechazo de Rapa Nui a la consulta indígena
Sin embargo, la consulta indígena y el estatuto han encontrado oposición entre los propios habitantes de Rapa Nui.
Pedro Edmunds, exalcalde y actual integrante del Consejo de Ancianos de la isla, dice a El Líbero que no está de acuerdo con lo planteado en el Estatuto Especial. “No son los tiempos para eso. Hoy día la isla no requiere ese estatuto de administración. Hoy día, el Estado está presente en la isla. El que no está presente es el gobierno, pero el Estado está presente. Está la municipalidad, la delegación, todas las entidades públicas representadas como Bienes Nacionales, Obras Públicas, la Armada de Chile, la Fuerza Aérea. Son 39 instituciones públicas que están presentes. Entonces, esta propuesta de estatuto de administración está a destiempo”.
Como segundo punto, Edmunds señala que “lo que plantea el Ejecutivo no es garantía de autonomía para Rapa Nui. Rapa Nui necesita una cosa que siempre se ha puesto en la mesa para la discusión y son los distintos gobiernos quienes no han querido discutirlo. Y es el Acuerdo de Voluntades del año 1888. Ahí dice todo lo que Rapa Nui requiere y el Estado lo ha esquivado, lo ha tirado al olvido, se ha corrido, como dicen en buen chileno y no ha querido sentarse a dialogar con nosotros, los líderes Rapa Nui”.
En opinión del exalcalde lo que está haciendo el gobierno con esta consulta indígena es “cumplir con un compromiso político de mentira. Porque sabemos muy bien que esa propuesta que están planteando va a llegar al Parlamento y lo va a discutir el Parlamento que viene, donde no tienen los votos para lograr lo que ellos están planteando, y que desde ya nosotros no estamos de acuerdo. La mayoría de los rapanuis no estamos de acuerdo”. Edmunds agrega que, en todo caso, la manera de consultar al pueblo rapanui es a través de un plebiscito.
La propuesta del gobierno también se ha topado con la oposición de la comunidad indígena Ma’u Henua, que tiene en concesión la administración del Parque Nacional Rapa Nui. A través de un comunicado, el directorio de la organización manifestó severos reparos tanto a la forma como al fondo del proceso impulsado por La Moneda, calificando el llamado a consulta como “genérico, ambiguo y poco definido”.
En el texto reclaman que la consulta se realice de forma “apresurada”, a fin “de cumplir con los plazos del gobierno”. Mientras que del contenido cuestionan que “la propuesta presentada por el gobierno contempla la posibilidad de que personas no pertenecientes al Pueblo Rapa Nui puedan ser electas como autoridades en un eventual Gobierno del Territorio Especial. Un diseño de esa naturaleza desfigura el sentido de un estatuto de autonomía, al debilitar la representatividad propia y la autodeterminación de nuestro pueblo”.
Desde Ma’u Henua hacen un llamado al Estado “a revisar y reestructurar este proceso de consulta, de manera que se adecúe a los estándares internacionales vigentes, asegurando un procedimiento que sea claro, participativo, culturalmente pertinente y que tenga por finalidad alcanzar acuerdos reales y legítimos”.
El comunicado de la comunidad indígena agrega que “el respeto a la libre determinación y a los derechos del Pueblo Rapa Nui es un deber jurídico internacional que el Estado no puede eludir, y cuyo cumplimiento será determinante para el futuro de las relaciones entre el Pueblo Rapa Nui y el Estado chileno”.
Aprovechar más lo actual
Por su lado, el senador Carlos Kuschel, presidente de la Comisión de Zonas Extremas y Territorios Especiales, señala que lo que propone el Estatuto Especial, por ejemplo, en términos de “autonomía administrativa y de gobierno”, son “frases vacías” porque “los grados de autonomía que la legislación hoy día le entrega a Isla de Pascua no son aprovechados”.
“El actual sistema de administración no ha sido aprovechado a plenitud por la Isla de Pascua. Antes de pensar en cambiarlo, yo explotaría todas las potencialidades que tiene el sistema y que de hecho la han favorecido, si la comparas con cualquiera de las islas que yo represento acá en Chiloé o Llanquihue… La institucionalidad permite mucho más despliegue del que se está haciendo hoy día, en todo orden”, advierte Kuschel.