Martes de terror en la Macrozona Sur. En un día, dos ataques homicidas. El primero  terminó con la vida del trabajador César Millahual, de 22 años; el segundo, con la del agricultor Joel Ovalle, de 68 años. Se trata de los primeros fallecidos que deja la violencia rural este 2022.

Para el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), René Muñoz, «esto no es casual, esto forma parte de una constante que viene hace mucho rato, establecida como una actividad delictual. Desde el año 1997 que en la zona se está viviendo este problema. Pasan los gobiernos sucesivamente y aún así vemos que estamos en la misma condición y que esto va en una escalada que es peligrosa para los habitantes de la Macrozona Sur».

El primer atentado ocurrió mientras César Millahual realizaba labores en una faena en el sector de Butamalal, cerca de Cañete, en la región del Biobío. Millahual, alrededor de las 11:45 de la mañana, habría sido intimidado por un grupo de 10 encapuchados, quienes le dispararon por la espalda, provocándole la muerte. 

«El trabajador murió en una zona ocupada por grupos que se dedican al robo de madera», afirma René Muñoz. Explica que no es una zona en donde haya una actividad forestal «normal, formal o legal», sino que esos terrenos fueron abandonados por empresas o particulares porque normalmente había muchos ataques, entonces para proteger a sus trabajadores y no exponerlos a una zona insegura, «tuvieron que salir de ahí».

En el programa radial Mirada Líbero en Agricultura, Muñoz relata que hace más de un año y medio que las faenas se tuvieron que retirar de esa zona, tal como también se han tenido que retirar de la zona de Contulmo, Quidico y Tirúa. «Todo lo que está al sur de Cañete, es una zona ocupada y controlada por grupos, por asociaciones ilícitas que se dedican al robo de la madera y que financian la actividad terrorista, delictual y todos los delitos que tú te puedas imaginar que existen hoy día en el país, como  tráfico de armas, tráfico de drogas, robo de vehículos, quema de casas», entre otros.

Y es que los delitos que ocurrieron ayer y algunos de los que hemos podido evidenciar, como la quema de 31 cabaña en el Lago Lanalhue el año pasado, ocurren a plena luz del día y en pleno Estado de Excepción Constitucional (EEC), por eso que para los Contratistas Forestales la realidad que se vive allá es «cruda y muy dura, pero es lo que nos ocurre hoy día en la zona, específicamente en las cuatro provincias que hoy día se encuentran bajo la medida del Estado de Emergencia», señala.

Justamente ayer el Congreso aprobó la séptima prórroga del Estado de Excepción Constitucional en la Macrozona Sur, concretamente, para las provincias del Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y las provincias de Cautín y Malleco, en la Región de La Araucanía, y la medida regirá hasta el 9 de febrero.

Sin embargo, desde la Asociación de Contratistas Forestales han tenido la misma logística desde que se instaló la medida en términos de atentados. «El año pasado tuvimos 89 atentados y en el período de Estado de Emergencia, tuvimos 5 mensuales. A nosotros no nos ha cambiado en nada, quizás la percepción de la ciudadanía al ver militares en la calles recorriendo, cambia», expresa, pero en la práctica se han mantenido la cantidad de atentados y la violencia en sus faenas.

«Hay EEC, nosotros lo habíamos solicitado, pero la verdad es que nosotros lo hemos denominado como una medida light, porque esperábamos que se actuara contra estos grupos, que se llevaran a cabo diligencias para las órdenes de detención, pero claro ahora  vemos que los militares y las policías van a allanar una comunidad, los repelen a disparos y no pueden hacer nada. No son capaces de contener la violencia que existe en la Macrozona», asevera.

Los detenidos son pocos y los condenados mucho menos, por eso es que René Muñoz insiste en que falta proactividad para que las instituciones puedan capturar a los delincuentes. «Nosotros queremos que se desarticule a estos grupos y al contrario hoy día hay cinco a seis grupos actuando. Aquí la violencia es la que se ha tomado todo, el fuego se ha tomado todo y es un escenario de destrucción que no se lo imaginan en Santiago», lamenta.

«Lo que hace el gobierno finalmente es administra un problema, y el EEC ha sido una excusa para que ese problema se siga administrando hasta que termine su gobierno el próximo 11 de marzo».

«Señor Boric: converse con las víctimas»

Para los Contratistas Forestales la situación de violencia es grave y no puede seguir esperando. El presidente electo, Gabriel Boric, asume el cargo el próximo 11 de marzo, por lo que Muñoz aprovecha de pedirle que por favor «converse con las víctimas, porque ahí se ha hablado de conversar con todos, pero las víctimas son los primeros».

«No se puede conversar con los violentistas, no se puede conversar con un pie en la mesa y otro pie en calle, eso no puede ser», denuncia. En palabras de Muñoz, las víctimas han sido abandonadas y «esa es la situación que viven hoy las víctimas de este gran problema de delincuencia y de destrucción».

Dicho esto, desde la Asociación descartan el diálogo con los grupos de terroristas como forma de solucionar el conflicto, mientras éstos sigan manteniendo el discurso de violencia. «Cualquier persona razonable no puede sentarse a dialogar con terroristas mientras ellos no abandonen las armas«, porque «la violencia no es un fin para conseguir un objetivo de ninguna manera», señala.

De todas maneras, «nosotros estaríamos dispuestos a sentarnos con ellos, porque probablemente hay exigencias y demandas que no han sido cumplidas por el Estado y el Estado ha fallado, pero aquí se requiere de un dialogo honesto y transparente. No podemos estar con dobles discursos».

Por eso hace el llamado a que las nuevas autoridades se sienten a conversar con las víctimas y a ver cómo pueden solucionar este problema que ya se arrastra por 30 años.

El rol del Ministerio Público

«Aquí hay mucha inoperancia e ineficiencia», afirma Muñoz. Y es que, asegura que según los propios fiscales de la VIII y IX región «los avances son escasos, de hecho el excoordinador de la Macrozona Sur, el señor Roberto Coloma, planteó que había 300 causas en las cuales no se ha avanzado nada, 300 causas de evidencia rural». Ese es el status hoy día de las investigaciones que hay en la Macrozona Sur del país.

En este sentido, añade que su queja también está dirigida al Ministerio Público. «Nosotros no hemos escuchado al Fiscal Abbot. Ahora la semana pasada habló de que al parecer había grupos paramilitares en la zona de la Araucanía y Biobío, pero yo me pregunto, ¿en qué mundo está este caballero? Él es el Fiscal Nacional que debiera estar a caballo y relacionado con todo lo que se está investigando acá», sin embargo, «afirma que al parecer hay actuación de grupos paramilitares».

El Fiscal Nacional, los legisladores, las leyes, la modernización de Carabineros, las Ley Antiterrorista, «son leyes que se necesitan para que se pueda aplicar la justicia acá en la zona, pero que finalmente están ahí durmiendo en la Cámara y en el Senado», reflexiona.

Finalmente, el gerente de la Acoforag critica la labor que ha tenido el Coordinador Nacional de Seguridad de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, y aclara que se ha transformado «en un comentarista de los hechos, al igual que los delegados presidenciales de las VIII y IX región. Son comentaristas de los hechos, más que administradores de un gran problema».

Es por eso, que como contratistas han decidido tomar algunas acciones legales, «como recurso de protección y estamos trabajando en una demanda por falta de servicios al Estado. Sabemos que son procesos largos, pero nuestro interés es que esos recursos y esas demandas tengan resultados».

Por el contrario, descartan cualquier idea de paralización, debido a que eso sería «echarnos encima a la comunidad y la idea no es esa, la idea es ir por el camino legal usando todas las acciones que cualquier ciudadano tiene derecho a utilizar».

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