El Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ejecutará un descuento millonario en las remuneraciones de Danae Prado, esposa del ministro de Educación Nicolás Cataldo, consejera regional metropolitana del PC y funcionaria de la División de Políticas de Igualdad de esa cartera, como resultado de una resolución de la Contraloría General de la República, luego de que ella apelara a la devolución de $14.807.790 por concepto de 11 licencias médicas rechazadas entre 2018 y 2019.
Hay que recordar que en el sistema público las licencias médicas las paga el empleador sí o sí. Luego, si el permiso de salud se rechaza -y por lo tanto el Estado no puede cobrarle a Fonasa o a la Isapre ese monto que ya pagó-, entonces es el trabajador quien debe devolver el dinero al empleador. En este caso, al Ministerio de la Mujer.
Prado no es la única persona en esta situación. Según datos de Transparencia, en el Ministerio de la Mujer existen 94 licencias médicas rechazadas de 2018 a la fecha, cuyos montos a recuperar llegan a los $100.548.022. Sin embargo, sólo han podido reintegrar el 14% de ese total (lee el detalle abajo).
El caso de Prado
Danae Prado trabaja en el ministerio desde su creación en 2016, donde inicialmente fue jefa de prensa. Durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, perdió su jefatura, pero mantuvo su cargo y sueldo. Desde 2018, Prado presentó una serie de licencias que se extendieron hasta su prenatal en 2019. Son las licencias anteriores al permiso maternal las que estaban en disputa.
La resolución de Contraloría, del 6 de diciembre, ordenó que Mujer realice los descuentos pertinentes a siete de sus 11 licencias rechazadas, tras considerar que dos de ellas estaban aprobadas y que en otras dos de 2018 la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin) las dio por aprobadas al no pronunciarse o bien, habrían prescrito.
Se detalla que los descuentos se realizarán sobre las licencias rechazadas cuya acción de cobro no está prescrita (cinco años) y de las cuales se confirmó que la funcionaria no apeló, como había argumentado anteriormente cuando en mayo le pidió a Contraloría que le condonaran gran parte de la deuda.
El documento no especifica el monto exacto a reintegrar, sin embargo, los días de ausencia por esas siete licencias, llegan a 131. Teniendo en cuenta que por 212 días (de las 11 licencias), se le estaba cobrando $14.807.790, los 131 días representarían $9.150.088.
Consultado el ministerio sobre el trámite que sigue en este caso, explicaron que “la Contraloría lo que ha resuelto recientemente es un reclamo de la funcionaria, definiendo que del total de 11 licencias que aparecían como rechazadas, y que se remontan al año 2018 y 2019, solo correspondía el reintegro de seis de ellas (sic), para estos efectos el órgano contralor requirió informar a diferentes instituciones. La suma a reintegrar debe ser ajustada conforme lo resuelto por el órgano contralor, y luego actualizada, proceso en el que estamos actualmente”.
Aunque el ministerio informó de seis licencias a pagar, este medio contabilizó siete en el documento de Contraloría. Sobre las instituciones requeridas por el ente, estas fueron la Compin y la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), que fueron las que confirmaron que Prado no apeló a sus licencias rechazadas.
Ministerio de la Mujer recupera apenas el 14% del dinero de las licencias médicas rechazadas
De acuerdo con la información del Ministerio de la Mujer obtenida vía Transparencia, entre 2018 y el 11 de noviembre de 2024, el ministerio acumula 94 licencias médicas rechazadas. Sólo se ha logrado recuperar el dinero de 11 casos: uno de 2019, seis de 2021 y tres de 2020, los que suman $14.479.129, una cifra similar a la que se le estaba cobrando a Prado inicialmente.
El total por cobrar por esas 94 licencias es de $100.548.022.
Si bien la cifra es baja, desde el ministerio destacan que “los procedimientos destinados al reintegro de días cubiertos por licencias médicas rechazadas se implementaron en la actual administración. Respecto de las cifras de sumas a reintegrar, se definen tras la comprobación de que las licencias han sido definitivamente rechazadas y/o ya no existen recursos o reclamaciones disponibles o pendientes de resolución. Es común que estos montos se rebajen en el proceso reglamentario destinado al reintegro, ya que las entidades de salud respectivas muchas veces informan la aprobación de licencias que no aparecían aún aprobadas en el sistema, pues se aprobaron en el tiempo intermedio, generalmente porque los reclamos de las y los funcionarios finalmente resultan acogidos”.
De las 94 licencias, 67 corresponden a profesionales del ministerio y 80 son por enfermedad o accidente “no del trabajo”; frente a 12 que sí lo son. En promedio, eran por 21 días de descanso de salud y se les cobra $1.831.253, aunque los días por los que se pide devolución son, en promedio, 14,7. Del total, 12 comenzaron el proceso de descuento este mes y en 39 se ha pedido la intervención del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para recuperar el dinero fiscal.
Según el artículo 63 del Decreto Supremo N° 3 de 1984 del Ministerio de Salud, “la devolución o reintegro de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos por el beneficiario de una licencia no autorizada, rechazada o invalidada, es obligatorio. Sin perjuicio de lo anterior, el empleador adoptará las medidas conducentes al inmediato reintegro, por parte del trabajador, de las remuneraciones o subsidios indebidamente percibidos”.
2023, el año con más rechazos
Según los datos, en 2018 se rechazaron 10 licencias médicas (con un promedio de 22 días de permiso); en 2019 se rechazaron 12 (con un promedio de 21 días); en 2020 no hubo rechazos (eran tiempos de pandemia); en 2021 fueron 18; en 2022, 17 (con 19 días promedio); en 2023 fueron 30 las licencias rechazadas (con un promedio de 23,8 días) y en este año, han sido 12 permisos de salud negados (con un promedio de 22,8 días).
“El 2020 es probable que no haya habido licencias médicas por la pandemia, pero es algo que necesitaría mayor análisis. En el año 2023 se evidencian más licencias, pero en general se trata de licencias por afecciones derivadas de la pandemia, personas funcionarias que enfrentaron problemas para retornar a la presencialidad”, explicaron desde la cartera de la ministra Antonia Orellana.