Diversos ataques de hackers a varias páginas web de organismos públicos llevaron al Gobierno a suspender desde el lunes pasado el sistema electrónico que permite a los ciudadanos solicitar información a 221 instituciones.
Esta inédita suspensión del Sistema de Gestión de Solicitudes de Información Pública (SGS) -la primera desde su creación en 2009-, administrado por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), llevó al Consejo Nacional para la Transparencia a instruir a las reparticiones públicas para que activaran planes de contingencia que permitan resguardar el derecho constitucional del acceso a la información.
El Consejo envió un oficio en que señala que desde el próximo lunes 2 de febrero comenzarán a realizar una fiscalización en los servicios afectados para verificar que tomen las medidas pertinentes, como habilitar un correo institucional que permita a los usuarios solicitar información, o poner a disposición otro medio digital idóneo.
“Los órganos de la Administración del Estado están obligados a adoptar toda las medidas necesarias para mantener operativo el sistema electrónico para la gestión del procedimiento administrativo de acceso a la información”, detalla el oficio 000760 que envió el Consejo para la Transparencia el miércoles recién pasado.
También recalca que los organismos públicos deben tener un banner en su página web principal para orientar a los usuarios en el pedido, y detallar el plan de contingencia con las diferentes alternativas ante la caída del sistema electrónico, que obliga la ley.
66 mil solicitudes de información
El año pasado hubo casi 66 mil solicitudes de información, y el Ministerio de Salud fue el más requerido con 12 mil peticiones. El 53% de los requirentes residen en la Región Metropolitana, y el rango etario oscila entre los 30 y 49 años, de los cuales el 49% tiene formación universitaria.
Entre los organismos que se quedaron sin sistema electrónico están la Presidencia de la República, ministerios –incluida la propia Segpres-, subsecretarías, las Fuerzas Armadas, Policía de Investigaciones, intendencias, gobernaciones, seremis, hospitales, servicios de salud, superintendencias, fundaciones, fiscalías, corporaciones y direcciones generales.
En cambio, las instituciones que no fueron afectadas por esta caída masiva del sistema son las que tienen un mecanismo autónomo de información, como las 275 municipalidades del país, el Poder Judicial, el Sence y el propio Consejo para la Transparencia.
El Consejo para la Transparencia es una corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de acceso a la información de la administración del Estado.
Su principal labor es velar por el buen cumplimiento de dicha ley, la que fue promulgada el 20 de agosto de 2008 y entró en vigencia el 20 de abril de 2009.