2021 ha sido un año especialmente violento en la Macrozona Sur. Únicamente en el primer semestre del año han incautado 330 armas, 836 kilos de drogas como cocaína y pasta base y 9.403 plantas de marihuana. Desde la Unidad de Coordinación Macrozona Sur existe el convencimiento de que la situación debe atenderse con una mirada integral desde el Estado por lo que se encuentran sumando a distintas organizaciones al proceso y esta semana fue el turno del Consejo de Defensa del Estado, a quien se le solicitó crear una unidad especializada y que tenga presencia en la zona de conflicto.

La solicitud busca fortalecer la presencia del Estado en el resguardo y fortalecimiento  contra los delitos asociados con acciones terroristas. Lograr el control del robo de madera, del narcotráfico, los ataques incendiarios, el tráfico de municiones y los atentados contra la infraestructura crítica que son parte de las preocupaciones de los residentes.

Y es que los hechos ocurridos en el Bíobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, no solo representan un costo para los afectados, sino también para el propio Estado que ha tenido que desembolsar indemnizaciones -por ejemplo a los hijos del matrimonio Luchsinger Mackay- ,y en la reparación de la infraestructura crítica atacada. 

En cuanto a la nueva unidad de Macrozona Sur del CDE, el coordinador para el Bíobío, Roberto Coloma, afirma: “Tuvimos una reunión con el Consejo de Defensa del Estado, representado por su presidente Juan José Peribonio y con los abogados procuradores fiscales de las regiones que comprenden la Macrozona y nos encontramos con la mejor disposición. Ya han actuado en una serie de causas sobre hechos de violencia y la idea es que esa intervención del CDE se intensifique porque, evidentemente, el carácter técnico le da un peso distinto a las acciones judiciales que se emprenden en esta materia, a que el Gobierno lo haga solamente a través del Ministerio del Interior o a través de alguna otra institución”.

Coloma agrega que se trata de una buena señal, pues «después de la reunión que tuvimos nos quedamos con una sensación de que la intervención se va a intensificar y vamos a generar una coordinación con ellos para que la información pueda fluir con mayor celeridad hacia el Consejo para que puedan adoptar sus decisiones en el marco legal”.

En la misma línea, dice que van a seguir en reuniones permanentes para revisar el avance de los compromisos, la revisión de las causas en tramitación, que cuentan con la intervención del CDE, además, de aquellas donde todavía no existe intervención. 

Desde la macrozona, no obstante, las víctimas se muestras escépticas. El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, defiende la idea de respaldar a las instituciones presentes. Plantea que se deben entregar más atribuciones a Carabineros: “Entreguémosle más recursos para que ellos puedan ir, por ejemplo, al sitio del suceso junto a los fiscales, al igual que a la Policía de Investigaciones. Si hoy quieren ir a la zona de Lleu-Lleu los carabineros salen baleados, con los móviles destruidos. Entonces, no hay posibilidad de investigar nada en esta zonas que están tomadas por grupos terroristas”.

Y sobre el CDE acusa que el organismo solo actuaría «cuando nosotros hagamos una demanda por falta de servicios, pero antes no”, ya que es el que cuida los intereses del Estado.

El rol del SII y la Conaf 

Carabineros, Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público son algunas de las instituciones que ya han creado una división específica para la Macrozona Sur. En medio de ataques incendiarios, amenazas y funcionarios fallecidos, han sido los encargados de perseguir los delitos de, por ejemplo, el robo de madera. Sin embargo, también hay otras –quizá menos conocidas– que también han tomado un rol dentro de la zona. 

El Servicio de Impuestos Internos (SII) es uno de los organismos. A pesar de que su presencia solo se relaciona con ilícitos tributarios como la evasión del Impuesto a las Ventas y Servicios e Impuesto a la Renta, su presencia es crucial para la persecución del robo, hurto o receptación de madera, ya que permite hacer seguimiento a la comercialización de madera de origen ilegal, supuestamente extraída desde predios inexistentes, y en la emisión de las respectivas facturas falsas. En un reportaje previo de El Líbero, explicaron desde el SII que «el objetivo final de este esquema fraudulento, desde el punto de vista tributario, sería la evasión del IVA y del Impuesto a la Renta, así como la obtención indebida de la devolución del IVA a las exportaciones”.

Desde 2013 y hasta marzo de este año el SII ha presentado 15 querellas por delitos tributarios vinculados al rubro de la producción y comercialización de madera, por un perjuicio fiscal histórico calculado en $5.600 millones.

La Conaf también es parte de la escena. La institución conocedora de los bosques y predios posee un registro de cuánto puede o no explotar una persona, cuanto rinde y cuanto se corta. Asimismo, tiene  la facultad para crear una guía de despacho que posteriormente se envía al SII para autorizar las ventas. 

Frente a la presencia de los organismos, René Muñoz valora su presencia y asegura: “A nosotros nos parece súper bueno que Impuestos Internos haga algo en función del robo de la madera, que es otro ilícito que se está produciendo acá y que son 64.000 camiones al año que andan dando vuelta con madera robada, son 4.000 hectáreas que se roban al año, entonces, algo tendrán que decir en el SII y algo tendrá que decir la Conaf”. 

Sin embargo, dice que todavía hay un conjunto de acciones que se tienen que tomar, pero que nadie se sienta a planificarlo. Asimismo,  reclama que a pesar que en su rubro son los principales involucrados, no han sido convocados a las instancias para evaluar cómo se puede solucionar el tema: “A nosotros nos interesaría mucho aportar, pero no somos considerados y somos el principal gremio afectado, tenemos 299 atentados en los últimos ocho años. Es una brutalidad, 33 atentados mensuales, ese es nuestro promedio. Todos los días un atentado”.

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