El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, enfrenta días complejos. Por un lado, la Fiscalía de Alta Complejidad de Antofagasta ingresó una solicitud de desafuero en su contra, ya que se buscaría formalizarlo por su eventual participación en delitos de cohecho y fraude al fisco, en la arista ProCultura del Caso Convenios. Por otro, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) admitió a trámite un requerimiento presentado por 16 consejeros regionales en el que solicitan su cese en el cargo de Gobernador Regional, acusando a la autoridad metropolitana de haber incurrido en “notable abandono de deberes” y en “faltas graves a la probidad administrativa” y para ello se basan en información dada a conocer por la Contraloría, a partir de informes presentados en los meses de mayo y junio.
Con respecto a ProCultura, la gobernación firmó un convenio para el programa “Quédate” de prevención del suicidio por $1.683.788.000. De ese monto, unos $1.000 millones quedaron sin ser rendidos ni devueltos. A eso se suma la cercanía de Orrego con el fundador de la ONG, Alberto Larraín, quien para entonces fue nombrado director de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo del Gobierno Regional Metropolitano, presidida por Orrego.
Contraloría, por su parte, objetó diversos gastos realizados por el GORE, entre ellos una serie de actividades de coaching ontológico, por un valor que supera los $31 millones, que “aludía explícitamente a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y campaña electoral” para la reelección de Orrego.
Los informes del ente contralor también dieron cuenta de la relación societaria entre la jefa de la División de Presupuesto e Inversión del GORE, Mayuri Reyes, con el representante de la consultora AJEM, empresa que obtuvo contratos por más de $109 millones y que fue cuestionada por la Contraloría por falta de idoneidad técnica. A Reyes se le solicitó la renuncia en junio, tras darse a conocer el informe. El documento, además, cuestionó la contratación de la empresa IDOM Consulting, Engineering, Architecture S.A. Agencia en Chile, por más de $46 millones, ya que no había antecedentes que acrediten el cumplimiento de tres años de experiencia de una de las dos profesionales que conforman el equipo propuesto por el proveedor, requerido por los términos de referencia.
A través de distintos comunicados, el gobernador ha respondido asegurando su inocencia. Con respecto a ProCultura, su abogado Rodrigo de la Barra emitió un pronunciamiento en el que subraya que Orrego “no ha incurrido en ningún delito ni irregularidad en el ejercicio de sus funciones”. Mientras que en el caso llevado al Tricel, Orrego argumentó que “este es un acto de principio a fin de aprovechamiento político electoral”.
El caso del desafuero originalmente se iba a ver el 6 de octubre en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, pero esta suspendió la tramitación mientras se resuelve si el caso se sigue viendo en Antofagasta o si se traslada al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, esto a raíz de una solicitud de inhabilidad ingresada por el equipo de abogados de Orrego.
El consejero regional de la UDI, Álvaro Bellolio, está entre quienes presentaron el recurso ante el Tricel y explica a El Líbero las implicancias de ambos procesos en curso:
“En el caso de ProCultura ya hay una solicitud de desafuero. Además, el Tricel admitió a trámite las 17 imputaciones que declaran que hay casos de falta de prioridad y notable abandono de deberes, por lo cual si se acepta una de ellas, se genera la destitución. Y además tiene dos informes finales de Contraloría que son muy concluyentes y tiene varios oficios y denuncias adicionales. Por lo tanto, el gobernador efectivamente está en una situación al menos compleja”, señala Bellolio.
–¿Qué podría pasar en caso de que avancen ambos procesos?
–Si se aprueba el desafuero, significa que se puede formalizar al gobernador Orrego por estar implicado en la causa de ProCultura. Cuando se hace la formalización se decretan medidas cautelares y, dependiendo de esas medidas cautelares, se verá si corre riesgo en el corto plazo su posición como gobernador. ¿A qué me refiero con esto? Que si el gobernador no puede ejercer por más de 45 días significa que se genera la vacancia. Para ello debe quedar en prisión preventiva o en arresto domiciliario. Es un poco lo que le pasó al exalcalde Jadue. Él dejó de ser alcalde por estar preso. De hecho, curiosamente, el gobernador Orrego y Daniel Jadue comparten abogados. Los dos están con Ciro Colombara. Eso con respecto al tema del desafuero. Si la Corte no da estas medidas tan gravosas, sino que son, por ejemplo, arraigo nacional u otra que él pueda continuar yendo al gobierno regional, ahí no hay una medida hasta que termine el proceso y efectivamente haya una condena o no por parte del Poder Judicial.
–¿Y en el caso del Tricel?
–Allí están los cuatro jueces más el exdiputado de la DC, Gabriel Ascencio, los cuales van a revisar las 17 acusaciones y tienen que pronunciarse con respecto a ellas a ver si se genera un caso de notable abandono de deberes o de falta a la prioridad. La sanción que se está pidiendo por parte de los consejeros es la destitución.
–¿Cuánto puede demorar el proceso en el Tricel?
–Nosotros tenemos la experiencia de Coquimbo, de la exgobernadora Krist Naranjo, y ahí se demoró cerca de 14 meses el proceso completo. Nuestro informe tiene 17 implicaciones, y 619 páginas, considerando los anexos. Por lo tanto, yo veo altamente probable que la situación del gobernador en el Tricel no se resuelva al menos de aquí a 12 meses.
–¿Y qué pasa si, por ejemplo, se da el desafuero por la vía judicial y posteriormente se genera la vacancia? ¿Continúa el proceso en el Tricel?
–El proceso judicial ve la responsabilidad penal. Nosotros en el Tricel estamos viendo principalmente la responsabilidad administrativa y política. Entonces, están en caminos paralelos.
–¿Uno no frena al otro?
–Exactamente. Son cosas paralelas. No tengo la certeza de cuál va a salir primero. Al menos en el Tricel más o menos están definidos los tiempos, pero el proceso legal puede ser muy largo, dependiendo de las apelaciones. En general, los juicios son bastante largos, pero ya es una señal clara que esté formalizado por el tema de ProCultura, por un lado, y dos, que el Tricel haya aceptado a trámite estas 17 imputaciones.
–¿En el Tricel cada parte entrega sus alegatos o el Tricel decide en función del texto que ustedes ya presentaron?
–Hay una oportunidad de alegato por parte de los abogados, de presentar y explicar los temas. En algunos casos puede, incluso, enviarse información adicional y ahí ya está más o menos definido quiénes van a ser los abogados. Por parte de Orrego probablemente será Ciro Colombara, o alguno de sus cercanos. En el caso nuestro, que somos principalmente consejeros regionales del Partido Republicano, de la UDI, y una consejera de RN, va a ser Máximo Pavez, que fue quien estuvo a cargo del tema de Isabel Allende en el Tribunal Constitucional.
“No es un aprovechamiento político. Es buscar justicia”
–Con respecto a Contraloría, el gobernador Orrego dijo en junio que presentaría un escrito de reconsideración, tras los cuestionamientos a la actividad de coaching y a las contrataciones de IDOM y AJEM. ¿Sabe si este recurso se presentó? ¿De ser así, lo allí escrito cambia en algo las irregularidades señaladas?
–No. Fue lo opuesto. De hecho, nosotros le pedimos a través de oficios las actas y otros y no lo entregó. La comisión investigadora también fracasó. Yo formalmente he pedido en varias oportunidades las actas para ver el tema del coaching y ha sido derechamente rechazado por parte del gobierno regional el entregar esa información, y al final nos quedamos solo con lo que tenemos de la Contraloría. El informe final es muy concluyente. Lo que el gobernador está pidiendo en la práctica es una reevaluación. Pero la verdad, el informe de la Contraloría era bastante contundente. Nosotros no tenemos porqué estar desconfiando de informes que ya son finales por parte de la Contraloría, entendiendo que al Gobierno Regional le enviaron un preinforme en enero. Y algo que hemos visto reiteradamente por parte del Gobierno Regional es que nosotros tenemos las preguntas o enviamos solicitudes de información, y nos contestan diciendo que ya se comentó en un discurso, o nos comentan solo con la información que ellos consideran que es relevante, pero muy pocas veces nos responden con detalle los documentos que nosotros solicitamos. Por algo también hay que recurrir a la Contraloría o al Tricel, por esta estrategia de opacidad del Gobierno Regional. Una de las asesoras directas del gobernador dijo que ellos tenían la obligación de respondernos, pero no necesariamente de entregarnos información.
–¿Y en los consejos regionales el tema se ha vuelto a abordar?
–No, no se ha vuelto a abordar.
–Ustedes señalan que Orrego incurrió en un notable abandono de deberes y en una contravención al principio de probidad administrativa. ¿Cree que esto está suficientemente demostrado?
–Son informes de la Contraloría y son documentos de la Fiscalía. Hay una contratación de coaching que contraviene el principio de probidad y la Contraloría es muy clara; el uso de redes institucionales, la personalización indebida de la comunicación institucional, la vulneración del principio de prescindencia en actos oficiales, la instrumentalización del sitio web, son muy evidentes. Hay un caso de infracción grave al principio de probidad por declaración falsa, ocultamiento de información, incremento inusual de contracciones directas, la Corporación de Desarrollo Territorial y Turismo, que es donde tenía a Alberto Larraín; el tema del límite legal del financiamiento a corporaciones, irregularidades en licitaciones como en el Mirador de Renca, el caso AJEM, en el que la directora de presupuesto e inversión contrató a la empresa donde estaba su socio comercial en otra empresa; contratación de estudios jurídicos externos; el caso Gopa, que fue un fraude masivo por falta grave de control interno; asignaciones directas de fondos a entidades vinculadas, el convenio con la Fundación ProCultura, el tema del acceso a la información pública, es todo muy reiterado.
–El gobernador ha denunciado en el caso particular del Tricel que hay un aprovechamiento político electoral. ¿Cómo ve eso, siendo que usted, al ser el consejero más votado, en el caso de que Orrego sea desaforado, pasaría a dirigir el Consejo Regional?
–Hay dos cosas. Uno, finalmente, es dirigir en los plenos, que son relevantes, pero es un tema de ordenar. Pero hay un tema bien claro. Desaparecieron 1.600 millones de pesos cuando se los pasaron en un cheque a un director de la corporación, esas son platas de los vecinos de la Región Metropolitana y pensar que nosotros no tenemos que hacer nada cuando ocurre esa injusticia, yo encuentro que es tener una visión muy limitada de lo que es la razón por la cual existen los consejeros regionales. ¿Cómo no les molesta que esa plata haya desaparecido y nos piden que no hagamos nada? Eso a mí es lo que más me indigna porque ellos solo ven este tema en clave de poder político. Pero, ¿y la plata de los vecinos? En octubre, o sea, en pocas semanas más, se cumplen tres años desde que le pasaron 1.600 millones de pesos al exdirector de la corporación, Alberto Larraín. 1.600 millones. Es harta plata. Esa plata desapareció. Y lo que estamos buscando es que esa plata se devuelva y vaya a los vecinos. Y yo no creo que eso sea un aprovechamiento político. Eso es buscar justicia.
–¿Hay nuevos antecedentes sobre esos más de mil millones que no fueron rendidos? ¿Fueron utilizados en la “bicicleta” de ProCultura?
–La información que nosotros tenemos con respecto a Alberto Larraín, información pública que está en los medios y en la Fiscalía, es que Alberto Larraín se pagaba un sueldo, le arrendó la casa a su papá para que su pareja pudiera hacer campaña a alcalde en Limache, se pagaba viajes en business a Isla de Pascua, donde incluso se llevaba a la nana para cuidar a los niños, metía la plata a fondos mutuos para hacerla rendir, y de los 1.600 millones, dicen, ocuparon 600. Nosotros pedimos la información y no la entregaron. Sobre los otros 1.000 que desaparecieron, yo no estoy seguro que haya sido el tema de la “bicicleta”. Y, además, la pregunta siguiente: ¿por qué no se le piden estos bienes de vuelta a Alberto Larraín? Alberto Larraín ni siquiera está formalizado. ¿Dónde está esa plata?
–¿Y en qué posición está Orrego actualmente para gobernar la región?
–Probablemente va a seguir adelante con su agenda, que es legítimo porque él fue electo y va a tener que seguir cumpliendo el mandato hasta que el Tricel o la Corte determinen lo contrario.