No existen muchas dudas de que después del 18 y 19 de octubre, la jornada más violenta del estallido de 2019 fue la del 12 de noviembre, cuando la llamada Mesa de Unidad Social llamó a paralizar el país.
Ese día se registraron graves incidentes, como el incendio de la Iglesia de la Veracruz, ataques a cuarteles policiales, saqueos y duros enfrentamientos entre carabineros y la denominada “primera línea”. La violencia escaló a tal punto que esa noche, enfrentado al dilema de decretar un nuevo Estado de Excepción, el Presidente Sebastián Piñera decidió hacer un llamado en cadena nacional a todos los sectores para alcanzar el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que se materializaría tres días más tarde.
En medio del ajetreo de ese día, 400 funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, adscritos a la Asociación de Diplomáticos de Carrera (ADICA), decidieron paralizar el trabajo de la Cancillería durante una hora. Se tomaron la calle Teatinos, al frente del Edificio Carrera, y protestaron con cacerolas, gritos, banderas y carteles, mientras otros pocos bailaban cumbia en medio de los adoquines por donde pasan los autos, a menos de 100 metros del Palacio de La Moneda (ver video publicado por El Mostrador).
La defensa de la manifestación
Los cuestionamientos al hecho no tardaron en llegar. El 13 de noviembre, un grupo de 94 miembros del Servicio Exterior de Chile envió una carta a la directiva de ADICA y a sus afiliados en donde hacían presente que no adherían “a la decisión inconsulta de la Directiva de la Asociación de Diplomáticos de Carrera de plegarse al Paro General impulsado por la ANEF, entre otras organizaciones”.
“Vemos con preocupación la adhesión a movilizaciones que tienen como finalidad solicitar, entre otras demandas, la renuncia del Presidente de la República, lo que claramente busca el rompimiento del orden institucional democrático”, agregaban.
Ese mismo día, el directorio de ADICA explicó a través de un boletín a sus afiliados que sólo habían hecho un llamado a una “manifestación pacífica, en apoyo a las demandas sociales de la ciudadanía” y que como directorio respetaban la institucionalidad y a las autoridades elegidas democráticamente.
Días más tarde, el 18 de noviembre, otros 67 funcionarios del Servicio Exterior firmaron una carta respaldando al directorio de ADICA y avalando la movilización.
“En relación con la participación de ADICA en una manifestación de una hora, el pasado 12 de noviembre, la que se caracterizó por su carácter pacífico, democrático y unitario, congregando a más de 400 funcionarios del MINREL, compartimos plenamente la explicación de la Directiva de ADICA en el sentido que nunca hubo un llamado al quiebre de la institucionalidad o a la renuncia del Presidente de la República. Ello no está en el espíritu de quienes formamos parte de esta asociación”, escribieron.
“Como ciudadanos nos asiste el derecho a manifestarnos pacíficamente, con libertades políticas y de opinión”, agregaron.
Asimismo, se mostraron entusiastas con la posibilidad de participar en el proceso de redacción de una nueva Constitución: “Expresamos nuestro respaldo a la directiva de ADICA, elegida democráticamente; la instamos a que continúe haciendo su trabajo de manera eficiente y dialogante, y le formulamos un llamado a promover mecanismos de reflexión y colaboración gremial para generar ideas para el proceso constituyente y para una eventual nueva Constitución”.
¿Dónde están los firmantes?
Ad portas del cambio de mando presidencial del 11 de marzo, según los registros del Portal de Transparencia del mes de enero, 47 de los 67 firmantes de esa carta de respaldo a la movilización que se realizó en una de las jornadas más violentas del estallido, hoy están destinados en distintos países -algunos muy codiciados entre los funcionarios del Servicio Exterior- representando a Chile con un sueldo promedio mensual de US$14.400 brutos.
De los otros 20 diplomáticos que firmaron esa carta, uno falleció, otro ya no está trabajando en Cancillería, y 18 cumplen labores en el Ministerio de Relaciones Exteriores en Santiago con un sueldo promedio de $6.2 millones.
17 están repartidos en embajadas de América
17 de los firmantes figuran actualmente trabajando en delegaciones diplomáticas del continente americano. Entre ellos están los embajadores en República Dominicana, Iván Favereau; en Guyana, Bernardo del Picó; en El Salvador, Soledad Morales E.; y en Ecuador, Carola Muñoz.
También están los cónsules José Luis Briceño (Lima), Fernando Morales (Toronto), Daniel Ortíz (Miami) y Antonio Pena (Bahía Blanca, Argentina).
Asimismo, suscribieron la carta en apoyo al paro los diplomáticos bilaterales Gerardo Ampuero (Paraguay), Sebastián Canales (Ecuador), Fernando Guzmán (Argentina), Luis Martínez (Uruguay), Andrés Moscoso (México), Juan Pedro Sepúlveda (Argentina), Hassan Zerán (Estados Unidos), Lorena Guzmán (Brasil) y Javier Foxon (Brasil).
Los 16 que están en Europa
En el viejo continente hay cinco embajadores que apoyaron el paro de los funcionarios. Se trata de Víctor Abujatum (República Checa), Felipe Cousiño (Dinamarca), Juan Pino (Grecia), Marina Teitelboim (Portugal) y Alex Wetzig (Austria).
También está la cónsul en Munich, Soledad Morales; los diplomáticos multilaterales Pablo Bustos (Bélgica) y Rocío Argomedo (Austria), y los diplomáticos bilaterales Felipe Aravena (España), María José Cifuentes (Suecia), Juan Eduardo Furche (Polonia), Paula González (Francia), Javiera Rosende (España), Erwan Varas (Suiza), Leyla Vásquez (Hungría) y Michel Lavín (Noruega).
Los de Asia, Oceanía y África
Actualmente en Asia hay cinco diplomáticos que prestaron apoyo a la manifestación: el embajador en Arabia Saudita, Guillermo Bittelman, los diplomáticos bilaterales Giovanni Cisternas (Arabia Saudita), Ricardo Rivano (Malasia) y Luis Palma (Japón), y el diplomático multilateral en la secretaría Apec en la embajada de Chile en Singapur, Fernando Salas.
En Oceanía, la única diplomática que apoyó la manifestación fue la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Manahi Pakarati, quien dejó sus funciones a fines de enero luego de que El Líbero revelara una polémica publicación que hizo en sus redes sociales, en donde se veía un cartel solicitando la “libre determinación para la nación Rapa Nui”.
En África, en tanto, suscribió la carta quien actualmente ostenta el cargo de diplomático bilateral en Egipto, Eduardo Chihuailaf.
Siete en organismos internacionales
Siete diplomáticos que hoy tienen importantes cargos representando a Chile en organismos internacionales apoyaron el paro de funcionarios de Cancillería en medio del estallido.
Ahí figuran Pablo Bravo (ONU), Olivia Cook (Organización Mundial del Comercio), Ana María Saldías (OEA), Karla Cahue (ante organizaciones internacionales con sede en Ginebra), Solange Dufourcq (ante organizaciones internacionales con sede en Ginebra), Andrea Quezada (ante organizaciones internacionales con sede en Ginebra), y Boriana Benev (ante organizaciones internacionales con sede en Ginebra).
Los que están en Chile
En Chile, en tanto, actualmente trabajan 18 funcionarios que pusieron su nombre en la polémica carta de respaldo a la movilización de 2019.
Ellos son: Christian Hodges (director general del Ceremonial y Protocolo), Ximena Alcayaga (encargada temática de la División de Medio Ambiente), Enzo Barra (encargado de escritorio División de Integración Multilateral), Fernando Cabezas (jefe de División para la Comunidad de Chilenos en el Exterior), Marcelo Flores (jefe Departamento de Países Vecinales División de América del Sur), Karen González (secretaria del gabinete de la Subsecretaría), José Hernández (jefe de gabinete de la Subsecretaría), Cristián Piña (encargado temático División de Seguridad Internacional), Francisca Rivera (secretaria gabinete ministro), Verónica Rocha (ministra consejera División Gestión de Personas), Jacqueline Rodríguez (encargada temática División de Asuntos Multilaterales), Maximiliano Valdés (jefe de Departamento de Gestión de Personas Servicio Exterior), Marta Vargas (jefa División de Política Consular), Iván Véjar (encargado temático de la División de Medio Ambiente), Isabel Vergara (analista División de Asuntos de Género), Hugo González (secretario de la Secretaría General de Política Exterior), Néstor Guerrero (coordinador de gabinete de la Dirección General Administrativa) y Consuelo Klaassen (analista de la Dirección de Planificación Estratégica).
Gracias a El Libero por dar a conocer la lista de estos antipatriotas enquistados en Cancillería. Ahora tendrán que trabajar o se tendrán que ir.
Personas que piensan y actúan contra el gobierno de su país no deben tener el privilegio de representarlo. Evidentemente lo representan en forma ideológica y no diplomática. En esos términos deben cesarlos de inmediato. Son un problema para el país y se refleja en como a decaído el prestigio chileno en el extranjero.
El Servicio Diplomático de Chile siempre se ha jactado de su profesionalismo y apego a la norma. Llegó el momento de que ellos mismos limpien su casa sacando de ella a está lacra. Veamos si son tan coherentes.
Gobierno de Boric: inepto y corrupto
Los “diplomáticos” que estuvieron dispuestos a destruir a su país y a destituir al Presidente Piñera, deben cesar en sus funciones de inmediato que asuma el Presidente Kast. Son verdaderos apátridas.
El gobierno de Boric pagó por servicios prestados con excelentes destinaciones.
Esta información da Fe que el Cursus Honorum en la Cancillería estos últimos años no ha tenido como soporte el mérito, el conocimiento, la experiencia, la educación y el buen gusto, solo ha primado el besamanos al progresismo y sus nefastas consecuencias como el «mamarracho constitucional», felizmente fallido.-