Publicado el 05 de mayo, 2020

¿Cómo apoyar a las grandes empresas en la crisis del coronavirus? Cinco economistas dan sus fórmulas

Autor:

Sofía Del Río

Rolf Lüders, Joseph Ramos, Guillermo Larraín, Bernardo Fontaine y Axel Christensen conversan con El Líbero sobre los caminos que el Ejecutivo podría seguir para “rescatar” a grandes empresas ante una de las mayores crisis que se haya enfrentado. Facilidades en créditos, mayor rol del Estado en sus propiedades,  reorganización societaria o extensión del Fogape son algunas de sus soluciones. A pesar de que tienen distintas posturas, todos coinciden en que es necesaria esta ayuda debido al impacto que generan en la economía del país en diferentes niveles.

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Luego de los planes para pymes y la ayuda para los trabajadores que ha presentado el gobierno en medio de la crisis del coronavirus, una interrogante se instaló en las grandes empresas. ¿Cómo apoyarlas en tiempos de Covid-19? Existen voces tanto del oficialismo como de la centroizquierda que coinciden en la necesidad de hacer algo al respecto.

El economista Patricio Arrau, en su columna en El Líbero se refirió a la incertidumbre que existe al respecto: «El problema es que las 2.000 empresas que venden más de US$37 millones al año en Chile emplean directamente a 2 millones de trabajadores, venden en total el 70% de todas las ventas del país (…) Si varias de ellas caen, la crisis se profundiza severamente». 

Y es ahí donde se podría dar la dicotomía entre apoyarlas con inyección de capital o, en un extremo, la estatización. Pero en medio hay más de una fórmula. El Líbero consultó con destacados economistas cómo analizan este escenario.

El ex decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Joseph Ramos, se inclina por la opción de «ofrecerle a todas las empresas créditos a cambios de propiedad». Plantea que «sabemos que la gran mayoría de las empresas, pequeñas, medianas y grandes, van a ser necesarias y van a operar cuando esto termine, entonces tiene sentido ofrecer financiamiento a todas ellas». Subraya que «el crédito se debería dar a cambio de propiedad valorada según el valor bolsa que tenían el primero de abril».

Ofrecerle a todas las empresas créditos a cambios de propiedad (…), pero con derecho a recompra cuando ellas quieran y puedan» , señala Joseph Ramos.

«La ventaja que esto tiene es que sabemos que las empresas están muy castigadas en estos momentos, por el tema de liquidez, y creo que es razonable que el Estado se beneficie del repunte que se puede dar y que no sea simplemente para los accionistas», puntualiza Ramos. Pero aclara que no se trata de una «economía estatal». Dice que la empresa debe tener «derecho a recompra cuando ellos quieran y puedan, que es de suponer que si la crisis es como todos creemos, que va a pasar en un año, dentro de uno o tres años van a poder pagar y la empresa va a quedar independiente de nuevo».

No soy partidario para nada que el Estado se vuelva empresario, porque nunca ha sido buen empresario en Chile», opina Bernardo Fontaine.

Por su parte, el economista Bernardo Fontaine cree que el gobierno y los políticos «se han equivocado al separar las ayudas financieras a las empresas según el tamaño de las ventas de estas porque la parálisis que produce el coronavirus no distingue según el tamaño de las empresas». En este sentido, cree que lo importante «es que haya reglas generales y no haya discriminación».

Respecto de cómo ayudarlas, el líder de Reforma la Reforma, sostiene que «la forma más práctica y rápida de ayudar es que el Estado garantice créditos que puedan otorgar ya sea los bancos como el mercado de capitales a través de bonos a las empresas grandes con problemas».  Es así como plantea «una extensión de la garantía del Fogape. Las empresas que tengan problemas financieros deberían acogerse a una reestructuración legal simple de deudas, que les permitiera recibir deudas que se paguen preferentemente con una garantía parcial del Estado», dice el economista. Sostiene que el Estado «saldría ganando porque la economía funciona y las empresas siguen pagando impuestos y generando empleos. No soy partidario para nada que el Estado se vuelva empresario, porque nunca ha sido buen empresario en Chile. Y como serían meramente garantías, ni siquiera créditos, los entregaría el sector privado, no veo necesidad de que el Estado tenga ninguna injerencia en la administración».

Algunas van a requerir algún tipo de reorganización societaria del tipo de la ley de quiebra y reemprendimiento, eso es algo que tampoco se puede negar que sea parte de la solución», apunta Guillermo Larraín.

El ex vicepresidente del Banco Estado y que se desempeñó como Superintendente de Valores y Seguros durante el mandato de la ex Presidenta Bachelet, Guillermo Larraín, señala que «hay que apoyar, pero como los recursos son limitados, hay que pensar cómo hacerlo de la mejor manera». Para esto, plantea tres alternativas. «Una tiene que ver con empresas que eventualmente hayan tenido una gestión razonable, pero producto del coronavirus hayan sido sometidas a un nivel de estrés y de endeudamiento que es muy difícil de manejar por sí sola, y ese podría ser el ejemplo de Latam. Uno ve que prácticamente todos los países del mundo han inyectado capital a sus empresas aeronáuticas» dice Larraín.

Y explica las otras dos fórmulas. Un camino tiene que ver con empresas que la crisis «las pilló en una situación financiera complicada y que probablemente van a requerir algún tipo de reorganización societaria del tipo de la ley de quiebra y reemprendimiento, eso es algo que tampoco se puede negar que sea parte de la solución». Explica que «hay algunas empresas que un acuerdo entre los propios acreedores sirve para resolver su problema». Por último, plantea que  «hay otras que probablemente requieren mecanismos de instrumento financiero, que tengan aporte o garantías del Estado».

Lo importante es que la ayuda se otorgue a las empresas, y no a sus dueños, y que se haga siempre que éstas sean viables», subraya el Rolf Lüders.

Por su parte, el ex ministro de Hacienda y académico de la Universidad Católica, Rolf Lüders, cree que «las formas que puede tomar el apoyo del Estado a las empresas mayores son muchas, pero lo importante es que la ayuda se otorgue a las empresas, y no a sus dueños, y que se haga siempre que éstas sean viables».

Opina que para estos casos, las dos formas más comunes de ayuda son: «Por un lado, la incorporación transitoria del Estado en la propiedad de la empresa mediante el aporte de capital correspondiente, o sea, una nacionalización transitoria. Y por el otro lado, créditos bancarios o no bancarios a tasa de interés de mercado y con aval del Estado garantizado con acciones de la empresa. Para cumplir con uno de los requisitos, las acciones se deben valorar a valor actual de mercado (que se supone bajo) y en el caso de la garantía, exceder en un cierto porcentaje el valor del crédito».

Una empresa grande que caiga en insolvencia, por ejemplo, podría arrastrar a sus proveedores pequeños y medianos a la misma situación», advierte Axel Christensen.

El director de Estrategia de Inversiones para América Latina de BlackRock, Axel Christensen, sostiene que es importante que las iniciativas que ha promovido el gobierno también involucren a empresas grandes que lo necesiten. «Particularmente aquellas cuya actividad se haya visto significativamente afectada por la crisis, como pueden ser operadores de transporte de pasajeros o cadenas de comercio de artículos no-esenciales (por lo cual, han debido permanecer cerradas). Ello, por cuanto la economía es un ecosistema con actores de distinto tamaño, grandes, medianos y pequeños, que se interrelacionan. Una empresa grande que caiga en insolvencia, por ejemplo, podría arrastrar a sus proveedores pequeños y medianos a la misma situación».

El economista plantea que algunas de las salidas «pueden redundar en que el Estado tome participación temporal en la propiedad o se establezca un mecanismo de pago preferencial frente a otras fuentes de financiamiento». Y enfatiza que debiese evitarse ayudas sin ese tipo de condicionamientos, así como «establecer los incentivos adecuados para que el reintegro de la ayuda sea lo más rápido posible».

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