Hace unos días, alguien planteó la necesidad de elegir nuevos convencionales constituyentes ante el eventual triunfo del rechazo. No estoy de acuerdo con dicha opción.
En primer lugar, soy de los que desde ha años he sostenido la necesidad de hacer cambios importantes a la actual Constitución en materia de sistema de gobierno, gobernabilidad, modernización de derechos, igualdad, etc. Creo recordar que quien hoy sostiene que se deben elegir nuevos constituyentes para redactar una nueva constitución pertenece al partido que se opuso en el pasado tenazmente a dichas modificaciones. Sorprende hoy su ímpetu por cambiar la Constitución completa, incluso de ganar el rechazo al texto que proponga la Convención Constitucional.
En segundo lugar, si gana el rechazo, igualmente se puede y debe ajustar la Constitución pues los problemas de fondo seguirán sin solución. Para ello el Congreso Nacional conserva incluso hoy la facultad de hacerlo. Dicho Congreso, además, ha sido recientemente electo por lo que debemos asumir que representa más cercana o actualmente el sentir de los chilenos que los propios convencionales. El ajuste al texto constitucional es necesario para ava4nzar y, además, evitar el éxito de los pocos que, ya con esperanza, otean y/o preparan una segunda ola revolucionaria.
En tercer lugar, el mantener abierto un proceso constituyente a gran escala tiene un costo enorme para las familias, aunque pueda significar ingresos especiales para políticos, convencionales y algunos asesores. Millones de proyectos personales, familiares y de inversión, que a su vez permiten el trabajo y la dignidad de las personas, se encuentran parados a la espera de conocer las reglas del juego para el futuro. Por ello, el proceso no puede mantenerse abierto más tiempo sin causar más daños.
En cuarto lugar, el proceso que se inició con el famoso acuerdo, y que siguió con el mayoritario triunfo del apruebo, debe leerse y vocearse como uno del tipo “pagar por ver”, como se dice en el póker. Los chilenos pagaron altos costos por darse la oportunidad de solucionar el problema constitucional, y pueden hacerlo gane el apruebo o el rechazo. Las normas son claras, si gana el rechazo, sigue vigente la Constitución actual. En otros términos, la única lectura lógica de las reglas es que se pagó por encargar la redacción de un proyecto constitucional alternativo, reservándose la ciudadanía la posibilidad de elegir finalmente en el plebiscito de salida entre la Constitución actual o el texto propuesto, según le parezca mejor.
Si gana el rechazo, ello equivale a que la mayoría de los chilenos, de una forma incuestionablemente democrática, considera mejor la actual Constitución y punto. En principio, entonces, hay una base constitucional consensuada que no exige mantener abierto nuevamente un proceso a gran escala, a menos que los chilenos lo decidan nuevamente, pero con conciencia de sus costos. ¿Puede tomar dicha decisión el Congreso sin plebiscitarlo cuando el camino trazado lo fijó ya el pueblo? Difícil es argumentar que sí.
Ahora bien ¿equivale el triunfo del rechazo a que la Constitución actual, en su forma presente, representa lo que los chilenos quieren? Es difícil responder esta pregunta, pues puede ser que sí o que no. Pero intuyo que en principio sí, pero en la medida que se hagan ajustes de importancia. Y precisamente si se quiere lograr el triunfo del rechazo, la única forma viable es el compromiso mayoritario de las fuerzas democráticas de presentar y tramitar, a la brevedad, cambios a la actual Constitución en el Congreso Nacional. Acá se debe exigir responsabilidad y acción de los líderes políticos.
Dichos cambios deben representar el sentir mayoritario del país, que estoy seguro está lejos de lo que hemos visto se ha venido aprobando o proponiendo en la Convención Constitucional. Los chilenos no quieren desunión nacional, no quieren duplicar o triplicar estructuras burocráticas o menos tener que pagar con su trabajo por más funcionarios. Los chilenos no quieren que sus derechos sean definidos por la ley, pues quieren que sea la Constitución la que los defina y los proteja. Los chilenos quieren un Estado más comprometido con los derechos sociales y que sea más eficiente en la gobernabilidad. Los chilenos quieren más control sobre las autoridades y menos abuso, sea del sector privado sea del sector público. En fin, los chilenos quieren más igualdad y menos privilegios, todo ello en la urgente necesidad de volver a tomar el control de sus vidas.
Por ello, si nos vemos forzados a votar rechazo -espero que así no sea, pero las señales son pésimas- y queremos que el rechazo gane, debemos consensuar hoy los cambios creíbles y contactados con los chilenos que se harán a la actual Constitución, plenamente validada en democracia. Lo que es inaceptable es seguir pensando en procesos maximalistas y destinando los fondos públicos a financiar convenciones, de espaldas al pueblo.