Tal como si fuera la construcción de un edificio, que busca ser la casa de todos, la Convención parte a estructurar sus cimientos. La fase reglamentaria resulta de suma importancia porque definirá los objetivos, forma de trabajo, tiempos y división del trabajo de lo que será el futuro texto.
Fuera de los hechos ocurridos en los días pasados, que daban cuenta de dificultades prácticas en el funcionamiento, de la declaración sobre los mal denominados “presos políticos de la revuelta”, o la detención de algunos convencionales, debemos examinar el contenido de la redacción reglamentaria.
La semana pasada la Convención aprobó una norma general de funcionamiento que creó tres comisiones (“Normas Básicas para el Funcionamiento Provisional de la Convención Constitucional”): la que definirá el Reglamento, pieza clave para el funcionamiento; la de Ética, que permitirá un control entre pares sobre el buen comportamiento de los miembros de la Convención; y la Presupuestos y Administración Interior, que entre otros temas podrá disponer de la asignación de los recursos y asesoría técnica.
Sobre la Comisión de Reglamento, se definió un plazo que parece razonable, de 30 días, con lo que se despeja la incógnita de establecer un cuerpo normativo básico para cuya elaboración se produzca un retraso injustificado. También pareció prudente la propuesta de creación de diversas comisiones transitorias, que luego serán definidas con el Reglamento, y que incluyen órganos que tratarán temas de funcionamiento de las comisiones, así como algunos objetivos de fondo para abordar el diseño constitucional. Todavía queda la definición de los objetivos de tales comisiones, lo cual esta semana ya está produciendo desacuerdos.
Sin embargo, se ha abierto un espacio que merece reparos, y que se relaciona con las reglas del debate mismo. Por una parte, se propuso alterar el orden tradicional del uso de la palabra que, en lugar de basarse en los grupos representados en la Convención, lo encapsula en criterios paritarios y de identidades étnicas. Ello rompe con un principio básico de las asambleas: la igualdad. Las reglas diferenciadas que permitieron un acceso en igualdad de género y las de pueblos originarios se tradujeron muy legítimamente en fórmulas electorales que promovieron la elección paritaria y con escaños reservados a pueblos originarios. Pero una vez elegidos, las voces de cada convencional deben valer lo mismo, lo que también se traduce en el desarrollo del debate y uso de la palabra.
Por otra parte, el lunes se reunió por primera vez la Comisión de Ética. La finalidad del órgano es juzgar aquellas conductas que alteren la probidad, transparencia y sana convivencia en el órgano político. Si se le compara, por ejemplo, con el Reglamento de la Cámara de Diputados, que sanciona las faltas al deber de actuar “con fraternidad frente a sus colegas” o “expresiones malévolas o injuriosas”, acá se adopta un criterio más ambicioso, y precisamente por ello muy problemático: se alude también a “discursos de odio, negacionismo y distintos tipos de discriminación”.
Ya el lunes 19 uno de los miembros de la Comisión advirtió a los convencionales que tengan convicciones religiosas, a dejarlas relegadas en sus casas si no quieren incurrir en dichos discriminatorios o agraviantes. Y el martes 20, en el pleno, otra convencional preguntó que si siempre que si sus opiniones serían siempre tachadas de odiosas o discriminatorias.
Lo anterior nos lleva a reflexionar sobre la forma y mecanismos de libertad que existan en el debate. Lo propio de cualquier asamblea y cuerpo colegiado es el intercambio libre y necesario de diversidad de ideas y opiniones. Por ello, por lo demás, tanto convencionales como parlamentarios son inviolables en sus opiniones expresadas en sala o en comisión (es decir, sus expresiones no son constitutivas de delito). Ello importa que cualquier exigencia ética no implique un juzgamiento de las ideas, que tanto los presentes como la ciudadanía podrá sopesar en su mérito. Lo contrario convertiría a la Comisión de Ética en un tribunal entre pares respecto de verdades oficiales sobre lo que es odioso o negacionista. ¿Quién definirá tales verdades irrefutables? ¿La mayoría? Ciertamente lo que inspira las conductas éticas en todo órgano colegiado de carácter político es la civilidad política que todos los ciudadanos esperamos de nuestros constituyentes.
Estas restricciones sólo harán rigidizar el debate, proliferar acusaciones cruzadas entre convencionales, y privilegiar aquellas opiniones “correctas” según una mayoría, entorpeciendo el trabajo que todos esperamos. En un proceso transparente, cuando podemos ver en tiempo real el desarrollo de cada sesión, como ciudadanos podremos apreciar la fuerza de los argumentos de cada convencional. Esperamos que la diversidad de identidades y el respeto fluya sin necesidad de normas que restrinjan desproporcionadamente la manera en que nuestros representantes puedan expresarse.