La Comisión de Participación y Equidad Territorial de la Convención aprobó la propuesta de incorporación en el Reglamento de los plebiscitos dirimentes. La idea supone convocar a un proceso de participación popular intermedio, es decir, antes del plebiscito de salida, respecto de aquellas materias que sin alcanzar los 2/3, hubieran tenido al menos un respaldo de 3/5. La propuesta será incorporada en la discusión del Pleno a partir del 6 de septiembre próximo.

¿Están autorizados estos plebiscitos dentro de las normas constitucionales vigentes? La respuesta es no. La Constitución aún vigente establece que “sólo podrá convocarse a votación popular para las elecciones y plebiscitos expresamente previstos en esta Constitución” (art. 15 inciso 2°). Fuera de las elecciones, los plebiscitos contemplados en la Constitución son de tres clases: primero, los que dirimen las diferencias entre el Presidente y el Congreso en una reforma constitucional (art. 128 inc. 4°); segundo, los plebiscitos comunales (art. 118 inc. 5°); y, por último, los correspondientes al plebiscito de entrada (art. 130) y salida para la nueva Constitución (art. 142). No debemos olvidarnos que la norma constitucional en vigor es categórica, tal como por lo demás lo ha declarado el TC en materia de nuevos plebiscitos. 

Además del imperativo constitucional, debemos preguntarnos sobre la conveniencia de un plebiscito intermedio. La lógica tras la regla de los 2/3 es la generación de consenso político a nivel constitucional. Por ello, es que en la mayor parte de las constituciones del mundo se exige tal proporción para cualquier modificación constitucional.

Los plebiscitos parecen muy atractivos a primera vista como instancias de democracia semidirecta. Sin embargo, producen en ocasiones un debilitamiento de la democracia representativa. En este caso, un plebiscito intermedio desdibuja el incentivo institucional de un acuerdo mayoritario que está detrás de la regla de los 2/3. Hay otras instancias -varias de ellas, que serán contempladas en la discusión del Pleno- que procuran que nuestros representantes puedan percibir las aspiraciones de la ciudadanía. Dicho de otro modo, pareciera que el plebiscito intermedio permitiría convertirse para los convencionales como una cláusula para endosarnos a los ciudadanos la responsabilidad de generar un acuerdo político de consenso, que es tarea de los convencionales.

En suma, la propuesta en cuestión tiene una bondad lamentablemente ingenua para el proceso. Infringe la Constitución vigente al establecer un nuevo plebiscito. Busca eludir la regla de los 2/3, también norma obligatoria y fundante del proceso. Y en último término, no parece conveniente como mecanismo de participación popular. El pueblo merece ser escuchado en la redacción del nuevo texto constitucional, pero necesitamos focalizarnos en una participación más cualitativa y menos cuantitativa, una participación que no reduzca el peso que tienen los convencionales y su capacidad de ser los grandes generadores de acuerdo.   

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