Se ha hablado mucho en los últimos días del reglamento de la Convención Constitucional y del modo cómo ella ha de funcionar. Son, sin duda, cuestiones importantes, pero centrar los debates en ellas tiene un gran riesgo.

La posibilidad que la discusión sobre el reglamento se alargue, postergará necesariamente las decisiones fundamentales que son la base de toda Constitución y mantendrá una situación de incertidumbre que puede ser muy perturbadora en un momento en que el país enfrente elecciones importantes cuáles son las presidenciales y parlamentarias a fines de año.

Adoptar, pronto, las decisiones políticas fundamentales servirá para despejar las grandes cuestiones que son propias de toda Constitución, y que, resueltas, orientarán el trabajo de la Convención que consistirá en discutir y aprobar las normas necesarias para completar con mayor detalle esas bases que fijaron ya la estructura de la Constitución.

No pretendo señalar cuáles son todas las decisiones políticas fundamentales que han de atraer el interés inicial de los convencionales, pero quiero referirme a algunas que considero particularmente relevantes, además, por cierto, de las ya decididas en favor de una forma de gobierno republicana y democrática.

El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, probablemente, no será cuestionado. Pero hay distintas formas de hacerlo y su importancia es considerable. ¿Asientos reservados en el Congreso? ¿Órganos propios para decidir asuntos en que se les reconozca competencia?

Otra cuestión, que será potenciada por la aparición de los gobernadores regionales es la distribución territorial del poder. ¿Cuál será el grado de descentralización administrativa? ¿Habrá competencias específicas de los órganos regionales? ¿Recursos propios asegurados? ¿Quién controlará su actuación y resolverá eventuales conflictos de competencia con los órganos centrales y con el delegado presidencial en cada región? Podría seguir formulando otras interrogantes, pero quiero referirme a la forma de gobierno.

El debate aquí está abierto y las opciones no son sólo un sistema presidencial o parlamentario de gobierno, pues también existe la opción de un sistema intermedio que no es otro que el semipresidencialismo, y también una forma atenuada de régimen presidencial en que junto al Presidente de la República exista un jefe de gobierno, de su confianza y con atribuciones propias, Algo parecido a lo que fueron en su momento Diego Portales y Antonio Varas.

Hay unas pocas cuestiones relevantes más cuya resolución pronta facilitará el trabajo posterior de la Convención y contribuirá a la pacificación del país. Me limito en esta ocasión a enumerarlas.

¿Congreso bicameral, como ha sido tradicional en Chile, o con una sola cámara? ¿Banco Central autónomo? Justicia constitucional, con o sin Tribunal Constitucional, caso este último en que el control de constitucionalidad de las leyes -elemento clave de un Estado de Derecho- debiera radicarse en el Poder Judicial. Y por último, la configuración de los derechos sociales de prestación -salud, educación, seguridad social, vivienda-, en que la gran alternativa es dejar su satisfacción a las políticas públicas que la legislación contemple, o dar competencia a los tribunales para otorgar prestaciones al margen de la ley.

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