Hace sólo tres meses, todos calificábamos como óptimo el desempeño del Servicio Electoral y de la Justicia Electoral con ocasión de las maratónicas elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejeros comunales llevadas a cabo los días 15 y 16 de mayo pasados. En los medios de comunicación, no faltaron las cartas al director que destacaban el funcionamiento de nuestra institucionalidad electoral como el único baluarte que iba quedando en medio de la generalizada crisis de nuestras instituciones que, entre otros efectos, nos tiene sumidos en un proceso constituyente sin precedentes. 

La semana pasada, el Servicio Electoral dio a conocer las candidaturas a diputados y senadores que fueron rechazadas e impugnadas por haber incumplido diversas normas y regulaciones aplicables al proceso que culminará en las elecciones de noviembre próximo. El incumplimiento de dichas reglas se habría producido por partidos y pactos electorales pertenecientes a todo el espectro político. Ellas van desde la infracción a las normas de cuotas electorales establecidas para favorecer la mayor incorporación de las mujeres a la actividad parlamentaria hasta la declaración de candidaturas en regiones en que algunos partidos no estaban legalmente constituidos.

La respuesta de los partidos y pactos afectados no se hizo esperar. Acusaron al Servel de injusto, sesgado e, incluso, de haber cometido un atentado contra la democracia a través de un “sabotaje electoral”.

Al escribir estas líneas estamos observando las repercusiones de otro “terremoto electoral” como la imposibilidad que afectaría a Marco Enríquez-Ominami para ser candidato presidencial, también en las elecciones de noviembre, producto que el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana lo ha excluido del padrón electoral auditado considerando que su derecho de sufragio se encontraba suspendido al momento de inscribir su candidatura, en virtud de la aplicación de las normas constitucionales vigentes.

Si bien en todas las situaciones que hemos mencionado está abierto el camino para que los afectados recurran al Tribunal Calificador de Elecciones a fin de que revise lo decidido por el Servel podemos preguntarnos, legítimamente, si lo que ha ocurrido es una falla de nuestra institucionalidad electoral o, más bien, hay algo más profundo en juego. En otras palabras, ¿habrá fallas estructurales en la forma de practicar la democracia por sus actores más visibles, como los partidos políticos y los pactos electorales, o será que, efectivamente, estos erraron como consecuencia de procedimientos poco claros o rodeados de errores tecnológicos?

¿No creen ustedes que si fuera la última opción ya se habría puesto en evidencia en las megaelecciones de los días 15 y 16 de mayo? ¿O en las primarias legales presidenciales del 18 de julio pasado? El Servel y el Tricel han pasado por pruebas de fuego de las que salieron incuestionablemente airosos, por lo que no se ve razón por la que, justo ahora, en un proceso regular de nuestra democracia, empezaran a aparecer fallas.

De allí que uno podría concluir que, una vez más, estamos frente a la vieja lógica del “doble estándar”: critico cuando me afecta, pero aplaudo cuando no me tocan. Los que hayan tenido dificultades tecnológicas en el acceso a la plataforma del Servel tendrán la oportunidad de demostrarlo, pero los que obraron con apresuramiento y sin ajustarse a las reglas vigentes, no merecen competir, porque la democracia es para quienes cumplen sus reglas, no para quienes las tuercen o las violan.

En lo personal, no me resigno a aceptar que nuestra democracia sea expresión del falseamiento, de la mentira o del engaño o, por último, de la falta de seriedad. Nos ha costado recuperarla y proyectarla, de modo que nuestro norte debiera ser, simplemente, cuidarla y fortalecerla.

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