Publicado el 1 junio, 2021

[Columna Constituyente] Marisol Peña: Responsabilidad de los Convencionales Constituyentes

Abogado y profesora de Derecho Constitucional Marisol Peña Torres

Los convencionales constituyentes tienen responsabilidades jurídicas muy claras derivadas de la misma Constitución y que buscan impedir que violen el ordenamiento jurídico vigente.

Marisol Peña Torres Abogado y profesora de Derecho Constitucional
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La detención, el viernes pasado, de un convencional constituyente electo y que pertenece a la Lista del Pueblo, ha abierto varias interrogantes en torno al estatuto de responsabilidad de quienes resultaron elegidos el 15 y 16 de mayo pasado para la magna tarea de redactar una nueva Constitución para Chile.

Si nos atenemos a lo que hoy dispone la Carta Fundamental, a los convencionales constituyentes les son aplicables las mismas reglas que a los parlamentarios en materia de reemplazo en caso de vacantes. Igualmente, quedan afectos a las normas sobre incompatibilidades, causales de cesación en el cargo, inviolabilidad y fuero de los diputados y senadores.

Son, fundamentalmente, las causales de cesación en el cargo y las reglas sobre fuero las que se relacionan más directamente con la forma de hacer valer eventuales responsabilidades en que incurran los convencionales constituyentes. 

En el caso de las primeras, se trata de una serie de situaciones que permiten sostener que un parlamentario -y ahora también los convencionales constituyentes- ha perdido la necesaria independencia con que debe obrar en el ejercicio de su cargo, ha faltado a sus deberes estatutarios (como ausentarse del país por más de treinta días sin permiso de la Convención), ha infringido las normas sobre transparencia, límite y control del gasto electoral o ha incitado a la alteración del orden público, propiciado el cambio del orden jurídico institucional por medios distintos de los que la Constitución establece o comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación.

En lo que se refiere al fuero, éste protege a los convencionales constituyentes de ser acusados o privados de libertad desde el momento de su elección, si no se desarrolla el procedimiento previo de desafuero ante la Corte de Apelaciones respectiva. La excepción está constituida por el caso de delito flagrante, es decir, de un delito que actualmente se está cometiendo al practicarse la privación de libertad. De esta manera, la reforma constitucional de 2019 se ha encargado de impedir que los convencionales constituyentes queden impunes en caso de cometer un delito, aunque previamente deba realizarse el desafuero y que, en casos de delitos flagrantes, puedan ser inmediatamente detenidos.

Así, sobre los convencionales constituyentes no sólo pesa la responsabilidad ética de ser fieles al mandato de cientos de chilenos que confiaron en que tenían la vocación y las capacidades para proponer una nueva Constitución para Chile en un ambiente de respeto, diálogo constructivo y con plena primacía del interés general sobre el particular. También tienen responsabilidades jurídicas muy claras derivadas de la misma Constitución y que buscan impedir que violen el ordenamiento jurídico vigente.

En el caso del convencional constituyente detenido el pasado viernes, no parece caber duda que fue detenido en situación de flagrancia, por lo que podrá perseguirse su eventual responsabilidad criminal, previo desafuero.

¿Pero qué ocurre si, paralelamente, se sostuviera que ha incitado a la alteración del orden público en las inmediaciones de Plaza Baquedano, lo que le está expresamente prohibido por la Constitución? Si fuera un parlamentario, debiera iniciarse una causa ante el Tribunal Constitucional propiciando su cesación en el cargo, pero la actuación de esta magistratura, respecto de la Convención Constitucional, ha sido excluida. Luego, habría que entender que, conforme al artículo 136 de la Carta Fundamental, estaríamos frente a una infracción de las reglas de procedimiento aplicables a la Convención, que debe ser conocida por 5 Ministros de la Corte Suprema, elegidos por sorteo.

El problema es que, según la propia Constitución, “la sentencia que acoja la reclamación sólo podrá anular el acto”. ¿Cómo se logra, entonces, que un convencional constituyente sea cesado en el cargo? Si esto no se aclara, a través de una ley interpretativa de la Constitución, quedamos expuestos a que las causales de cesación en el cargo de los convencionales constituyentes sean “pura poesía”.

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