El Diccionario de la Lengua Española define al “diálogo” como una discusión o trato en busca de avenencia. Para dialogar se requiere tratar con el otro, pero no tratarlo de cualquier forma, sino que con respeto y consideración, aunque se sepa de antemano que ese otro tiene ideas o miradas diferentes. El diálogo supone también estar dispuesto a escuchar y no sólo a escucharse a sí mismo y, por supuesto, ponderar las ideas del otro, esto es, ser capaz de reconocer en ellas los puntos de afinidad de aquellos que suponen un disenso. El diálogo involucra, asimismo, la idea del acuerdo, precisamente, porque quienes dialogan persiguen la avenencia y no profundizar la división.  Y, por supuesto, sólo pueden dialogar los que hablan un mismo lenguaje a riesgo de transformarse en una nueva expresión de la torre de Babel.

Así, el diálogo resulta fructífero cuando, utilizando un lenguaje que todos compartan y entiendan, quienes han partido de posiciones divergentes han logrado convenir puntos en común, lo que engrandece a los partícipes y favorece al entorno en que se enmarca el diálogo. 

¿Son estas ideas aplicables a la Convención Constitucional? ¿Qué nos dicen las tres primeras semanas de su funcionamiento?

Lo primero que salta a la vista es, justamente, la ausencia de diálogo, el que está siendo reemplazado por una política de trincheras que sólo parece perseguir la derrota del otro. Ello va acompañado del monólogo permanente de algunos convencionales que quieren escucharse a sí mismos para luego mirar a la galería ciudadana buscando su aprobación y aun cuando ello suponga exceder reiteradamente el mandato confiado a la Convención.

¿Cómo se puede redactar el pacto fundamental de convivencia en esas condiciones si incluso algunos eluden la utilización del vocablo “persona” por no estimarlo suficientemente inclusivo? Como si la persona pudiera desglosarse en una variedad inconmensurable de “persones” o “personxs”.

¿Cómo llegarán los convencionales constituyentes a definir, entonces, al titular de los derechos fundamentales cuando toda la evolución constitucional posterior al término de la Segunda Guerra Mundial había decantado en que los derechos son atributos inherentes a las personas independientemente de su estado, condición o posicionamiento específico en la sociedad? Por algo se dice que el propio Derecho Internacional de los Derechos Humanos se escindió como una rama distinta del Derecho Internacional Humanitario después de las dos conflagraciones mundiales al lograr superar la protección a grupos específicos de personas como los refugiados o las víctimas de la guerra para reemplazarla por una protección integral a la persona en cuanto tal.

Estamos, ciertamente, en un momento constitucional preocupante cuya víctima puede terminar siendo la propia sociedad chilena al contemplar inerme cómo no se logra avanzar en la redacción de una nueva Constitución, porque justamente falta acuerdo en el trato al interior de la Convención. Más allá de los “todos”, “todas” o “todes” debiera avanzarse en la idea matriz de la anhelada Carta.

Por eso hoy propongo un pacto de no agresión: considerar que la persona existió antes de que fuéramos una comunidad nacional y, por supuesto, un Estado. Y que su protección integral merece ser el centro de la Carta Fundamental que la Convención debe redactar. Si ella pretende ser inclusiva, ese noble propósito no pasa por desmembrarla en una infinidad de singularidades sino, más bien, por asegurar que la Constitución prohíba las diferencias arbitrarias favoreciendo, a su vez, las diversas formas de discriminación positiva que tienden a favorecer la situación de quienes, objetivamente, no están en una situación de igualdad como, por ejemplo, estableciendo que hombres y mujeres tienen derecho a la misma remuneración a igual función o que la niñez será protegida, en forma preferente, considerando el interés superior de quienes están ese estadio de la vida.

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