Platón, en el año 370 a.c. escribió uno de los libros clásicos de la literatura universal, que llamó La República, en el cual describe sus concepciones filosóficas sobre la justicia, las ideas o formas, y su proyecto de una ciudad ideal, gobernada según principios filosóficos: Esta ciudad estado ideal la denominó La República.

Aristóteles, en el siglo IV a.c., en su tratado sobre Política nos hará la distinción entre la monarquía como el gobierno de una sola persona, la aristocracia como el gobierno de unos pocos (los más virtuosos) y la república como la mezcla entre una oligarquía (gobierno de los ricos) y una democracia (gobierno de los pobres).

Maquiavelo, el gran politólogo moderno, dirá que “Todos los Estados, son dominios que tuvieron o tienen potestad sobre los hombres, pueden dividirse en repúblicas y principados. Éstos, a su vez, pueden ser hereditarios, es decir transmitidos dentro de una dinastía, por sucesión, o nuevos”. 

Montesquieu, por su parte, expresará en “El Espíritu de las Leyes”: “Supongo tres definiciones, o más bien tres hechos: uno que el gobierno republicano es aquel en que el pueblo en corporación o sólo una parte del pueblo tiene el poder soberano; el monárquico, es aquel en que uno sólo gobierna, pero ajustándose a leyes fijas y establecidas; mientras que en el despotismo, uno sólo, sin ley y sin regla, a todos impone su voluntad y sus caprichos”

La palabra “República” viene del griego y se descompone de un sufijo “Re”, que proviene de “Res”, que significa “cosa”, y de la voz “Pública”, que alude a las materias que conciernen a todos los que habitamos en la polis, en la ciudad. 

La doctrina política sostiene que la república es distinta de la monarquía en tres aspectos esenciales: el primero es que en la república el jefe de Estado es responsable de sus actos ante los ciudadanos, con lo cual puede ser acusado políticamente por abandono de sus deberes y juzgado por sus crímenes, a diferencia de la monarquía, en la cual el monarca no es responsable de sus actos ante el pueblo, y detenta un poder omnímodo del cual no rinde cuenta más que a Dios. La segunda distinción consiste en que en la República el poder del gobernante se adquiere por elección de los gobernados, a diferencia de la monarquía, en la cual el poder se hereda por linaje dinástico. Y por último, en la república la duración del ejercicio del poder del gobernante tiene plazos, y está sujeto a las leyes, en cambio en la monarquía, el cargo es vitalicio y su titular se encuentra por sobre la ley. 

Por todas estas consideraciones históricas y teóricas que tienen más de 2000 años, me llama poderosamente la atención que la convencional mapuche doña Rosa Catrileo en la subcomisión de Estructura Orgánica y Funcionamiento de la Comisión del Reglamento de la Convención Constitucional propusiera la eliminación de la frase “República de Chile” del reglamento que señalaba “El reglamento tiene por objeto establecer la organización, funcionamiento y los procedimientos de la Convención Constitucional de la República de Chile, cuya finalidad es elaborar una propuesta de texto de nueva Constitución”; y en conjunto con los convencionales Janis Meneses y Luis Jiménez propusieran la indicación de eliminar el concepto, argumentando que la Convención es “de los pueblos de Chile”, lo que además fue aprobado por 9 votos contra 2. No conforme con eso, la convencional Catrileo, luego expresó que la “República de Chile para los mapuches ha sido bien invasora, no nos ha reconocido, así que le puedo dar esa connotación. Este es un cambio de paradigma, que es que aquí habemos diversos pueblos, naciones preexistentes al Estado, y nosotros somos los soberanos, los que vamos a refundar o dar esta nueva institucionalidad al Estado”.  

Chile es una república desde su independencia el 12 de febrero del año 1818. Tenemos más 200 años de historia política como república, y ninguna persona o grupo de personas atribuyéndose facultades extraordinarias pueden pretender alterar la historia del país y desconocer la naturaleza del Estado de Chile. 

Los errores gruesos de doña Rosa Catrileo y de quienes la apoyan en sus conceptos sobre el Estado de Chile son en esencia dos: El primero es que si el Estado de Chile no es una república ¿Qué naturaleza política tiene el Estado Nación? Pretende acaso la convencional Catrileo que Chile es una monarquía, que el poder de dirección de Estado se genera por sucesión hereditaria, y ¿Quién sería el monarca? Y el segundo error monumental es que en Chile no hay “pueblos soberanos”, la etnia mapuche no es un pueblo soberano, porque la soberanía no radica en una fracción de la nación, sino en la totalidad de ella, en el ente colectivo formado por todos los habitantes del territorio de Chile, entre los cuales está la etnia mapuche. Esto es muy claro en la historia constitucional y en la historia política del país, por más barricadas que se hayan erigido en el sector de Plaza Italia y por más intentos de derribar la estatua del general Baquedano.

Ya la Constitución de 1833 expresaba en los artículos 150 y 151 lo siguiente: Art. 150: “Ninguna persona ó reunión de personas puede tomar el título ó representación del pueblo, arrogarse sus derechos, ni hacer peticiones á su nombre. La infracción de este artículo es sedición”; y el Art. 151 señalaba “Ninguna magistratura, ninguna persona, ni reunión de personas pueden atribuirse, ni aún á pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad ó derechos que los que expresamente se les haya conferido por las leyes. Todo acto en contravención á este artículo es nulo”. 

La Constitución de 1980 lo reguló así en el artículo 7º: “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Todo acto en contravención a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale”.

Por último, la reforma constitucional que dio origen a la convención constitucional expresamente estableció en el artículo 135 que “El texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”. 

Esos son los bordes o límites de la Convención Constitucional, y aunque le pese a algunos constituyentes esas reglas las van a tener que respetar so nulidad de sus acuerdos.

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