El 4 de julio pasado, luego de varias semanas de expectación, se instaló finalmente la Convención Constitucional. Quizá por la alarma que las declaraciones de sectores vinculados a la Lista del Pueblo y al Partido Comunista realizaron en las semanas anteriores a su instalación (reclamando la necesidad de que la Convención no se subordinara a las reglas constitucionales que regulan sus atribuciones y funcionamiento, adquiriendo así una naturaleza de poder constituyente originario, esto es, totalmente soberano), la tensión del día de instalación continuó a lo largo de la primera semana de funcionamiento, llevando a la prensa afín a sectores de derecha y centroderecha a expresar su desazón ante lo que calificaron como ‘señales preocupantes’.

Mirado en perspectiva, sin embargo, lo ocurrido durante la primera instalación de la Convención sugiere que se han zanjado una serie de asuntos cruciales para el desarrollo del proceso constituyente. En efecto, más allá de la ‘hojarasca’ que ha rodeado el inicio de la Convención Constitución, el hecho es que ella se instaló en tiempo y forma; que eligió una presidenta y un vice-Presidente en un proceso que no suscitó la más mínima objeción por parte de quienes perdieron tal elección; y que -más allá de problemas logísticos subsanados rápidamente- la Convención comenzó a sesionar cuarenta y ocho horas después de instalada.

Tan importante como lo anterior, es que, a pesar de los insistentes esfuerzos desplegados por convencionales del Partido Comunista (y algunos de la Lista del Pueblo) para que la Convención desechara unilateralmente el quórum de dos tercios para aprobar el reglamento de votación y las normas del futuro texto constitucional, su llamado no haya encontrado eco entre la abrumadora mayoría de los convencionales constituyentes (quienes han declarado que, de plantearse la necesidad de revisar tal quórum, sólo cabría hacerlo a los poderes constituidos). Finalmente, no es menor el que más de dos tercios de la Convención hayan reconocido que carece de atribuciones para exigir a los poderes constituidos las –reconocidamente controversiales— medidas de liberación de lo que denominaron los ‘presos de la revuelta’ y del ‘Wallmapu’, limitándose en cambio a demandar de los anteriores medidas dirigidas a tal efecto. 

Por supuesto, para quienes están convencidos que la ‘izquierda dura’ se ha vuelto hegemónica en la Convención, nada de lo referido más arriba será suficiente como para persuadirlos que el proceso constituyente en su conjunto no representa un esfuerzo ‘destituyente’, que busca transformar a Chile en un régimen autoritario. Pero si esto fuera efectivamente el objetivo buscado por la mayoría de la Convención, simplemente no se entiende por qué quienes -de acuerdo a los anteriores- tienen tal aspiración no redujeron unilateralmente el quórum de aprobación del reglamento de votación ni se atribuyeron un poder constituyente originario que desconoce límite alguno a su poder.

Así las cosas, sería sano que, en las próximas semanas, quienes han proferido todo tipo de declaraciones apocalípticas, miren las cosas con más ecuanimidad y no se dejen llevar por las declaraciones disruptivas que algunos convencionales seguirán haciendo en los próximos doce meses.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta