Publicado el 2 julio, 2021

[Columna Constituyente] Germán Concha: Si no puedes convencerlos, oblígalos

Abogado constitucionalista y profesor de Derecho UC Germán Concha

No deja de resultar extraño el que se pretenda resolver un supuesto problema de legitimidad por la vía de imponer la participación, es decir, y en último término, por la aplicación de la fuerza.

Germán Concha Abogado constitucionalista y profesor de Derecho UC
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Una de las consecuencias que parece haber dejado el último proceso electoral que vivió nuestro país es el resurgimiento de las voces a favor de la obligatoriedad del voto. No deja de llamar la atención que la mayoría de quienes ahora abogan por ella entiendan, más allá de la posición política específica a la que adscriben, que la abstención los perjudicó particularmente a ellos. Es decir, que quienes se abstuvieron fueron, precisa, principal y simultáneamente, los votantes de aquellos que obtuvieron resultados peores de los que esperaban.

Si el punto se considera desde la perspectiva del funcionamiento del sistema democrático, la cuestión más relevante (y grave), parece estar en que las mismas personas que suelen afirmar que confían en la capacidad de cada votante de decidir por sí mismo al momento de concurrir a las urnas, desconfíen por completo de la aptitud de ese mismo votante para resolver si participa o no del respectivo proceso.

Se ha dicho que el problema radica en que al no votar se estaría incumpliendo un deber y perjudicando a la sociedad en su conjunto. Tal afirmación, sin embargo, no resulta tan evidente como se ha sugerido por quienes la han formulado. En efecto, podría señalarse que la única obligación que pesa sobre cada persona que está habilitada para votar es acatar el resultado, participe o no. Si alguien decide abstenerse lo que está haciendo, en rigor, es admitir que los demás resuelvan por él y, más allá de las razones que pueda tener para hacerlo, al adoptar esa decisión no perjudica al resto (no genera una carga adicional sobre quienes sí votan), y, de hecho, en cierto sentido lo beneficia, pues al reducir el número de quienes participan aumenta el peso relativo en la decisión de cada uno de quienes lo hacen.

También se ha sostenido que un problema del voto voluntario estaría dado por una eventual afectación de la legitimidad del resultado, en la medida que una alta abstención podría llevar a un desconocimiento del mismo. Más allá de que, según se dijo, el voto voluntario no supone otorgar a quienes se abstienen el derecho a impugnar el resultado, sino exactamente lo contrario, no deja de resultar extraño el que se pretenda resolver un supuesto problema de legitimidad por la vía de imponer la participación, es decir, y en último término, por la aplicación de la fuerza.

Se ha afirmado que uno de los problemas del sufragio universal igualitario radica en que no es capaz de reconocer suficientemente las diferencias en la intensidad de las preferencias de los votantes (esto es, que vale lo mismo el voto de quien entiende la decisión de que se trata como importante y, por ende, analiza cuidadosamente todas las propuestas y resuelve a partir de dicho análisis, y el voto de quien no le da mayor relevancia y, simplemente, vota “por descarte” sin enterarse de lo que supone cada alternativa).

Desde esa perspectiva podría estimarse que el voto voluntario tiene un efecto positivo en la medida que permite la auto selección, en la medida que es la persona misma quien decide no participar en aquella decisión que, por la razón que sea, no le preocupa lo suficiente, dejándosela a los demás. Todo ello, sin que exista una intervención externa que arbitrariamente afecte sus derechos, y sin que se perjudique su capacidad de participar en las decisiones futuras.

Hace algún tiempo se nos dijo que era necesario cambiar el sistema electoral que se aplicaba en las elecciones parlamentarias para aumentar la participación en ellas. El resultado fue la fragmentación e inestabilidad del sistema político con la que hemos convivido crecientemente desde que dicha reforma se materializó. Ahora se nos dice que la forma de aumentar la participación es forzarla. Es de temer que, nuevamente, no estamos solucionado problema alguno, sino creando una forma de autoengaño que supone una restricción adicional a la libertad de las personas.

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