Publicado el 7 julio, 2021

[Columna Constituyente] Francisca Labbé: Derechos sociales y Mercado

Profesora Investigadora, Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD Francisca Labbé F.

Si creemos en la libertad de las personas para tomar sus decisiones y en la igualdad de oportunidades, deberíamos dejar participar a otros agentes económicos. No nos olvidemos que son ellos los que generan, principalmente, crecimiento, inversión y desarrollo.

Francisca Labbé F. Profesora Investigadora, Centro de Derecho Regulatorio y Empresa, Facultad de Derecho UDD
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Los derechos sociales se encuentran destinados a garantizar ciertos aspectos de la vida de los seres humanos, vinculados a la igualdad de oportunidades en el aspecto material, o, dicho con otras palabras, con el establecimiento de las condiciones para que todas las personas tengamos garantizado un nivel básico de vida, principalmente en materia de educación, seguridad social, salud, trabajo y vivienda digna. 

A pesar de que muchos países reconocieron constitucionalmente durante el siglo XX estos derechos, es cada sociedad, en el momento específico en el que se encuentra, la que debe responder a las preguntas de qué, cuánto, cómo y a quién garantizar derechos sociales. Normalmente dejamos esas respuestas al Estado, dado que, a pesar de que algunos de los derechos sociales no representan, necesariamente, una carga económica adicional, la realidad es que la mayoría de ellos implican un costo extra. En consecuencia, para financiarlos, necesitamos que el Estado genere más ingresos o bien, dejar a los individuos participar como oferentes de derechos sociales. 

Precisamente en este punto encontramos opiniones diferentes, en virtud de las cuales hemos llegado a creer que los conceptos “derechos sociales” y “Mercado” son antagonistas. Algo así como ángeles y demonios. Algunos opinan que los derechos sociales requieren, preferente o exclusivamente, de la acción del Estado. Otros piensan que debemos dejar al Mercado actuar sin intervención alguna. 

Sin embargo, podemos pensar en un punto medio, en donde derechos sociales y Mercado no sean enemigos. Si asumimos que el Estado lo formamos todos quienes participamos de él (de funcionarios públicos a contribuyentes), y que el Mercado es el encuentro entre oferentes y demandantes de bienes y servicios, entonces podemos concluir que ambas entidades están conformadas por exactamente las mismas personas.

No es ningún secreto que los recursos (ingresos del Estado) son escasos. Por el contrario, las necesidades (derechos sociales) son múltiples.  Al dejar de manera exclusiva al Estado la acción encaminada a hacerse cargo de estos derechos, será él el que deberá generar más recursos para poder financiarlos. En un principio, parece interesante, fácil y cómodo: “que otro se haga cargo”. Pero al decir eso, nos estamos olvidando de una premisa central: el Estado se financia con recursos que nosotros producimos. Cuando no podamos hacerlo, ¿cómo nos obligarán a generarlos?

Por lo tanto, nos preguntamos si debe el Mercado desaparecer del ámbito de los derechos sociales, o es posible soñar con un mundo en el que puedan convivir. O bien, ¿es el Estado el único que puede prestar servicios destinados a cumplir con los derechos sociales, o pueden también hacerlo otros agentes económicos? 

Si creemos en la libertad de las personas para tomar sus decisiones y en la igualdad de oportunidades, deberíamos dejar participar a otros agentes económicos. No nos olvidemos que son ellos los que generan, principalmente, crecimiento, inversión y desarrollo. Es cierto que hemos visto cómo esto se ha transformado en fuente de riqueza para algunos. Pero también ha sido fuente de ingresos para el Estado. 

Que los individuos participen como oferentes de derechos sociales no significa que el Estado deba asumir un rol pasivo. Es, justamente, todo lo contrario: es el Estado el que debe generar las condiciones necesarias para que los derechos sociales se cumplan a cabalidad y contribuyan a aumentar la dignidad de las personas. Esto puede significar limitar, restringir, prohibir, fiscalizar, participar como un oferente más, etc. 

Creo que es perfectamente posible imaginar un mundo en el que “los buenos” y “el malo” convivan. No lo digo por capricho, ingenuidad o ideología. Simplemente me parece que una sana convivencia requiere de la participación de todos los actores y del reconocimiento de la libertad individual. Después de todo, los derechos sociales van en beneficio de las personas y no del Estado ni del Mercado.

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