“No puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos (…)”. Estas palabras están contenidas en el preámbulo del Pacto Internacional sobre derechos económicos, sociales y culturales, de 1966. Son señeras de un anhelo de vigencia indubitada y nos permite comprender, en parte, el rol que tendrán los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el debate de la Convención Constitucional.

Quiero colocar bajo la lupa el derecho a la vivienda, un DESC que es nuevo para nuestra tradición constitucional, pero no en el derecho internacional de los derechos humanos, ni en el constitucionalismo comparado. Es altamente plausible que las y los convencionales constituyentes al momento de aterrizar en una propuesta de texto constitucional, tengan a la vista estos estándares y el derecho comparado. Dada la relevancia que se ha asignado a los derechos humanos contenidos en tratados internacionales, por ahora, solo me referiré al Pacto internacional de DESC. 

El Pacto reconoce el derecho a una vivienda adecuada en el artículo 11. Su titular son las personas y lo extiende, en su goce, a su familia; indica que los Estados reconocen el derecho a que tengan un nivel de vida adecuado, una mejora continua de las condiciones de existencia, y ahí ubica, junto con a la alimentación, y el vestido, la vivienda. El Comité DESC se pronunció en 1991, en su Observación General Nº 4, “El derecho a una vivienda adecuada”, sobre el contenido y alcance de este derecho y en este se encuentran varios temas que son interesantes de relevar. Este instrumento tiene muchos elementos cuya distinción es necesaria: contar con una definición amplia y no discriminatoria de familia, la relación entre vivienda adecuada y la noción compleja de dignidad, la necesidad de adoptar decisiones sobre vivienda con la participación de personas y comunidades, y qué características determinan que una vivienda sea “adecuada” (seguridad en la tenencia, disponibilidad de servicios materiales, facilidades e infraestructura, gastos soportables, habitabilidad, asequibilidad, un lugar que permita el acceso a las condiciones de empleo, servicios y otros y adecuación cultural). 

Entre estas consideraciones, hay dos que serán claves en el análisis que al efecto hagan los convencionales constituyentes. Uno tiene que ver con la provisión de este derecho social y el otro con su justiciabilidad. Sobre el primero, el Comité indica que es el Estado el titular de la obligación y quien debe contar con estrategias capaces de garantizar el derecho a la vivienda, pero que esto no limita que también exista un conjunto de medidas coadyuvantes del sector público y privado. Lo relevante será la efectividad en la provisión del derecho bajo parámetros, en este caso, respetuosos de los derechos humanos. Respecto de la justiciabilidad, existen elementos que son complejos de llevar a un tribunal, pero otros no. El Comité ubica dentro los segundos las evicciones, la discriminación en el acceso y las viviendas insalubres, entre otros.

Tengo la certeza de que el derecho a una vivienda adecuada o digna será una de las materias que serán abordadas por la Convención Constitucional. Será una de aquellas facetas de la dignidad humana que no han tenido espacio en nuestra tradición constitucional, pero que, en este Chile en permanente cambio, ocupará un espacio hasta ahora postergado.

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