Publicado el 30 junio, 2021

[Columna Constituyente] Claudia Sarmiento: Derecho a la vivienda y derecho a la ciudad

Abogada socia en Sarmiento & Walker y profesora de derecho constitucional de la UAH. Claudia Sarmiento

Este momento histórico es uno que nos invita a pensar en soluciones hasta ahora impensadas (posibilidad de empresas de propiedad privada y pública).

Claudia Sarmiento Abogada socia en Sarmiento & Walker y profesora de derecho constitucional de la UAH.
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La diversa composición de la Convención Constitucional, una donde destaca la participación de actores y actrices que no han sido parte del clivaje tradicional de los partidos políticos o de la política convencional, hace que muchos sectores estén ciegos ante qué contenido buscarán incorporar en la Constitución Política del 2022. Una forma de proyectar qué podrá discutirse es analizar las propuestas de los bloques políticos a los que adhieren las y los convencionales constituyentes.

Un resultado de este ejercicio de revisión programática arroja la existencia de demandas de inclusión de derechos que no han estado presentes en nuestros textos constitucionales. Quiero detenerme en uno, que bien podrían ser dos: el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad.

El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad -con redacciones distintas y con más o menos matices- están presentes en las propuestas constitucionales del Instituto Igualdad (PS), de la Democracia Cristiana, de Horizontal (Evópoli), de Revolución Democrática y del Partido Comunista. El derecho a la vivienda es sin lugar a duda nuevo en nuestro contexto constitucional, pero no para el resto del mundo; está contenido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) que data de 1966 y cuenta con una Observación General de su Comité ad hoc que cifra su contenido y alcance desde el año 1991. Adicionalmente, es parte de las constituciones políticas de varios países, entre otros, España, Uruguay, Costa Rica, Colombia y Ecuador. 

Si el derecho a la vivienda no es nuevo y revisando el derecho constitucional comparado y los estándares de derechos humanos podemos definir con relativa precisión su contenido (prometo abordarlo en otra columna), esto no sucede respecto del derecho a la ciudad. Si bien existe literatura sobre este derecho (vg. Henri Lefebvre, El Derecho a la Ciudad) y voces que desde el mundo de la arquitectura lo han reivindicado (vg. El trabajo de Alejandro Aravena y su propuesta por una arquitectura social y crítica frente a la exclusión), estas no son normativas, por lo que estimo que es necesario tener presente el por qué surge esta demanda política por un nuevo derecho social. Si solo consideramos la histórica existencia de políticas públicas enfocadas a la construcción de viviendas sociales, es factible que no podamos comprender del todo el por qué de ella. No obstante, si rasguñamos un poco la superficie y reparamos en el tipo de ciudades que hemos propiciado como sociedad, podremos rápidamente entenderlo: viviendas sociales que no responden a los estándares de calidad actuales, construidas en la periferia de las ciudades procurando una segmentación socio económica brutal, sin real acceso a servicios públicos, sin áreas verdes y sin espacios de encuentro social, en áreas alejadas de los trabajos de las personas y condenándolas a cruzar la ciudad en un servicio de transporte deficitario. Si añadimos, en muchos casos, la existencia de altos niveles de contaminación no debería extrañar la reivindicación política tras el derecho a la vivienda e incluso a la ciudad. 

Mirado en perspectiva, tampoco debería sorprendernos, no después del estallido social de 2019, que exista un potente reclamo por el reconocimiento del derecho social a la vivienda y al novel derecho a la ciudad. Porque después de todo, ¿qué es un derecho fundamental, un derecho humano? Es el reconocimiento de la importancia para el sistema político de una faceta de nuestra dignidad que debe ser protegida ante los vaivenes de las mayorías y que requiere de la acción del Estado para su efectiva garantía. La forma más canónica de alcanzar este objetivo es atrincherarlo en la Constitución, esto es, la norma suprema que ordena cómo se ejerce el poder. 

Es altamente plausible que al menos el derecho a la vivienda sea parte de nuestra constitución política del 2022. A mi juicio, este derecho será una alquimia de justicia social, participación, entrega de prestaciones por parte del Estado, respeto al medio ambiente y regulación y posibilidad de compra de terrenos con fines no comerciales por parte del Estado. Para su efectiva implementación deberemos atender al proceso legislativo ulterior, lo que requiere un diálogo sobre el rol de los particulares en la provisión de bienes comunes (vivienda, educación, agua, salud, pensiones) y el rol que el Estado pueda tener, además de ponderar las facultades de los nóveles gobernadores y gobernadoras. Más aún, este momento histórico es uno que nos invita a pensar en soluciones hasta ahora impensadas (posibilidad de empresas de propiedad privada y pública).

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