Uno de los tópicos que deberá abordar la Convención Constitucional -ya sea en el capítulo inicial de la Constitución o preámbulo- es determinar la fórmula que empleará para referirse al Estado de Derecho.

Si bien desde los albores de nuestra república, Chile se ha reconocido como un Estado de Derecho, ninguna Constitución ha contenido explícitamente esa expresión, aunque, sin duda, ha sido posible reconocerla a lo largo de su articulado, particularmente en los artículos 6 y 7 de la actual Carta.

La expresión Estado de Derecho tiene su origen en el derecho alemán. Utilizada por primera vez  por el jurista Robert von Mohl en 1829, se introdujo desde entonces en la discusión general sobre la política y el derecho del Estado.

 Se reserva esta expresión para hacer referencia a un Estado regido por normas jurídicas con un especial contenido, aquel que satisface los requerimientos del constitucionalismo, aquel Estado limitado por el Derecho y cuyos contenidos le están dados por el constitucionalismo y principios tales como la protección de los derechos fundamentales, la distribución orgánica del poder, la supremacía constitucional y la soberanía popular.

En el derecho comparado se observa que a partir de la segunda mitad del siglo XX numerosas constituciones comienzan a incorporar la expresión Estado de Derecho: Suecia (1974), Grecia (1975), Estonia (1992), Suiza (1999), Hungría (2011).

Otras Cartas incorporan la expresión “Estado democrático de Derecho”, como Portugal (1976), Brasil (1988), Eslovaquia (1992), Perú (1993), Polonia (1997), Finlandia (1999).

Finalmente, otras agregan una expresión más completa: “Estado de Derecho democrático y social”. Tal es el caso de Alemania (1949), España (1978), y numerosas Constituciones de América Latina como Colombia (1991), Ecuador (2008) y Bolivia (2009).

¿Implica alguna diferencia establecer una u otra expresión?  Por cierto, que sí. En derecho público no hay (o no debería haber) palabras vanas, toda palabra tiene un sentido e importa.

Incorporar en esta fórmula la palabra social es consecuencia de la relevancia adquirida por los derechos sociales durante el siglo XX, desde su primer reconocimiento en Weimar (1919) y su desarrollo posterior con apoyo de las declaraciones internacionales, para transitar lentamente del Estado liberal al Estado social de Derecho.

 ¿Se incluirá en la futura Constitución una cláusula semejante? ¿Qué fórmula se adoptará? La respuesta la dará la Convención, debiendo tener presente que esta cláusula constituye un elemento de interpretación y un criterio orientador de las normas infra constitucionales y de la jurisprudencia para rectificar situaciones de desigualdad y remover obstáculos de acuerdo a las posibilidades reales de protección estatal, en ningún caso para obtener soluciones inmediatas a problemas concretos, sino para orientar a los poderes públicos para el efectivo ejercicio de los derechos sociales.

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