En una nueva edición del podcast de Jaime Mañalich para El Líbero, el exministro de Salud habló sobre los principales temas en esa área que la Convención Constitucional deberá considerar en la propuesta de una nueva Constitución. En la instancia, analizó cinco artículos de la actual Carta Fundamental y sus implicancias en la ciudadanía. 

Artículo 1: no solo derechos, también responsabilidades

Uno de los desafíos está relacionado con el Artículo 1 de la Constitución. Y es que la actual Carta Fundamental asegura que las personas nacen libres y en igualdad de derechos. Esto, que parece ser algo conocido y repetido, para el extitular es relevante y parte del análisis de quienes trabajen en la propuesta. El médico sostiene que la exigencia de los deberes de los ciudadanos para con su país forma parte de la conformación de una sociedad civilizada

Mañalich cree que se debe trabajar en expandir una «alfabetización de salud» adecuada y que esté garantizada desde el aparato constitucional. Considera que es complejo pedirle a las personas que elijan responsablemente, incluso consigo mismos a la hora de enfrentar sus problemas de salud, si no están bien educados al respecto. 

“Yo creo que hay muchas expectativas en relación a la discusión constitucional respecto a establecer derechos, lo que está muy bien porque es necesario progresar de acuerdo a lo que hemos señalado en el Artículo 1 en los derechos de las personas, pero es evidente que una sociedad civilizada requiere exigir desde el marco de la Constitución, determinadas obligaciones a sus ciudadanos”, expresa.

Asimismo, considera que hay una necesidad importante de que el Estado sirva a las personas y no se sirva de ellas. 

“¿La persona está al servicio del Estado o el Estado está al servicio de la persona? Ese es un aspecto muy fuerte que la Constitución, la Convención Constituyente va a tener que balancear adecuadamente y someter después a un plebiscito”, agrega.

Artículo 8: el resguardo frente a un Estado poderoso

Evitar la pérdida de libertad y vulnerar la democracia es otro de los aspectos a considerar. El exministro de Salud puso sobre la mesa el Artículo 8 de la Constitución que habla sobre el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. En ese punto, se establece que el Estado debe velar por su resguardo, pero también establece restricciones al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medioambiente. Allí, la importancia del resguardo frente al poder del Estado.

Según comenta, es un conflicto que debiera aclararse en una nueva discusión constitucional ya que, además de los derechos y deberes que debe consagrar una Constitución, “el texto tiene como objeto fundamental garantizar la vida en común, los acuerdos en sociedad y la protección de la persona frente al poder del Estado que puede ser, como claramente lo entendemos, extraordinariamente fuerte”.

Asimismo, destaca que en América del Sur solo dos países han sido catalogados como democracias maduras o plenas y es el caso de Uruguay y Chile. En Centroamérica el título es para Costa Rica. Frente a este punto, enfatiza en la labor de los Constituyentes: “Hay que pensar que este nuevo diseño constitucional tiene que mantener este privilegio de derechos de las personas frente al aparato del Estado. No vaya a ocurrir que retrocedamos a situaciones de pérdida de libertad, de democracia y de vulneración de los derechos de la persona”.

Artículo 9: el Estado en la salud pública y privada

Las decisiones sobre la función del Estado y la estipulación de la libre elección de las personas sobre su salud, también generó un llamado a los Constituyentes. Sobre este punto, Mañalich recalca que se debe actuar con cautela en cuanto al Artículo 9 que contempla el derecho a la protección de salud y establece la protección por parte del Estado al libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud, además de la rehabilitación del individuo. 

El extitular de Salud aclara que es deber preferente del Estado garantizar la ejecución de las acciones de salud, ya sea que estas sean prestadas a través de instituciones públicas o privadas. “Se podrán establecer, no hay obligación, si hay o no cotizaciones para la salud, igual que para las pensiones y cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema que prefiera: público, privado, mutual lo que fuera para en su mejor entender lograr su mejor prevención prevención, recuperación, rehabilitación en temas de salud”, dice. 

“Es evidente que hay una marea, una tendencia en la Convención Constituyente a analizar con mucho detalle este artículo noveno y probablemente cambiarlo. Pero, creo que los Convencionales deben ser extraordinariamente prudentes a la hora de diseñar un artículo de la Constitución que sea completamente irrealizable dada la combinación de instituciones que no pertenecen al Estado como los hospitales universitarios u otras instituciones y los recintos asistenciales públicos. En ese sentido creo que hay que llamar a la cautela”, enfatiza. 

Artículo 18: un plan de salud universal

La necesidad de trabajar en el resguardo de los derechos sociales es uno de los puntos que se ha repetido en el proceso constitucional. Respecto a ello, Mañalich considera que se debe avanzar en un plan de salud universal y menciona el Artículo 18 de la Carta Magna que señala que existe un derecho a la seguridad social. Además, contempla un segundo párrafo donde se especifica que el Estado debe garantizar el goce de prestaciones básicas uniformes, sea que se otorguen en una organización u otra.

Actualmente la ley puede establecer cotizaciones obligatorias de salud aunque “no es mandatorio que deba hacerlo». Explica que «Fonasa, de hecho, se financia en 2/3 de su presupuesto por impuestos generales de la nación y en 1/3 por cotizaciones obligatorias. El IVA fue subido de 18% a 19% para poder financiar la reforma de salud del año 2005”.

Mañalich subraya la necesidad de que la posible nueva Constitución “pueda dar pie a validar un plan de salud universal», que «debería ser aquel elemento que constituya el piso básico garantizado al que todo chileno y chilena tenga derecho de acuerdo a la Constitución”. 

Dice que es importante que la Convención sesione sobre este punto, ya que en muchos temas de salud hay una ausencia de legislación específica y, en ocasiones, el Poder Judicial ha tenido que intervenir a través de recursos de protección: “La mayoría de los recursos de protección que ven las cortes de apelaciones de Chile tienen que ver con los presentados contra el alza del precio del plan básico de salud de las aseguradoras privadas. Asimismo, se reclama vía Corte de Apelaciones y –eventualmente– Corte Suprema en su sala constitucional, el derecho a acceso a medicamentos”.

Artículo 19: la Constitución y el Código Sanitario

El último artículo que el exministro consideró en su análisis es el 19 que asegura a toda persona, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica. Asimismo, contiene un párrafo que habla sobre la protección de la vida del que está por nacer. 

Es en este último que enfatiza: “Si bien es cierto que es difícil homologar los derechos de una persona nacida a un embrión, que tiene menos de 12 semanas, un cambio constitucional que deje al embarazo de menos de 12 semanas sin ninguna protección por parte del Estado, ciertamente es algo no deseable porque se podrían producir experimentos, situaciones eugenésicas extraordinariamente complejas que desde la Constitución se deben desanimar”.

El exministro también abordó las contradicciones que, en materia de salud, pueden surgir entre la Constitución y el Código Sanitario. Este último, dice, «permite posponer, postergar, limitar derechos consagrados en la Constitución» y opina que como ha podido verse en el periodo de 15 meses de pandemia, «la autorización que da el Código Sanitario para acciones que están en conflicto con la Constitución, no tiene un estatus jurídico adecuado”.

Asimismo, explicó que el Tribunal Constitucional determinó por conflicto con la Constitución “que el artículo 318 del Código Penal que sanciona los delitos contra la salud pública, en realidad tiene un vicio de origen constitucional ¿por qué? Porque no define cuáles son los delitos, cuáles son los procedimientos y juicio antes de recibir una sanción penal y tampoco define claramente cuál es la sanción proporcional a cada uno de los delitos que se cometerían en el ámbito del artículo 318 del Código Penal”. 

Deja un comentario

Cancelar la respuesta