Como cada año, en este mes se escucha el repicar de tambores, como “música de fondo”, en las duras negociaciones del reajuste de los sueldos de los funcionarios públicos, que realiza el gobierno con 15 gremios, liderados por las poderosas Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF).

El pliego de peticiones y exigencias de mejoras laborales y de “universalización de derechos y beneficios” suma 27 páginas, y el dato más relevante es el 6% de reajuste nominal que exigen para los 400 mil funcionarios que laboran en la Administración del Estado (poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial). A ello se suman diversos bonos, pisos mínimos y aguinaldos.

Negociaciones en medio de amenazas de paro nacional

Para imponer sus condiciones, la primera amenaza de paro nacional fue el pasado martes 17 de octubre, pero la pospusieron para evitar el negativo impacto que tendría en la ciudadanía y, principalmente, para guardar esa “carta bajo la manga” en las intensas y difíciles negociaciones que seguirán durante este mes.

La segunda amenaza llegó ayer de parte de la Confusam -actor relevante dentro de la ANEF- que reclama que se reunieron el viernes con el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, durante dos horas y no les hizo ninguna oferta concreta.

Por lo que “el actual contexto exige movilización a la brevedad si se pretende modificar la postura del Gobierno, y lograr que la negociación se resuelva antes de que el proceso electoral se lleve a cabo”.

Tras la reunión, la presidenta (s) de la ANEF, Ana María Gutiérrez, admitió que «veníamos con una expectativa de que nos dieran una cifra más clara, queríamos escuchar al Gobierno en ese contexto, pero plantearon una modalidad distinta de trabajo con la idea de priorizar cuatro temas que para nosotros efectivamente son importantes».

La Moneda, en cambio, haría su propuesta de incremento salarial el próximo viernes 10 de noviembre, pocos días antes de las elecciones presidenciales y parlamentarias del 19 de noviembre.

En las pocas veces que Eyzaguirre ha hablado sobre el reajuste se limitó a decir en septiembre pasado que “una prueba, sin duda, muy difícil, será el próximo presupuesto y el reajuste del sector público».

El ministro ha dicho que quiere un presupuesto de “consolidación fiscal (…) para ir corrigiendo el desbalance estructural, no de una, pero con un crecimiento del gasto más bajo y hacerles espacios a temas fundamentales para la Presidenta y para mí, como el educacional. Entonces, va quedando menos espacio para el reajuste de los salarios públicos”.

US$3.200 millones cuesta el aumento de salarios para los funcionarios

El reajuste del 6% que exigen los funcionarios públicos le significaría al fisco aumentar en US$3.200 millones nominales (incluido el IPC) los recursos para dicho ítem, una cifra histórica jamás entregada.

Ello es superior a los US$1.045 millones de este año, a los US$990 millones de 2016 y a los US$1.289 millones de 2015, la más alta hasta ahora. Durante la administración de Sebastián Piñera (2010-2013), los incrementos salariales promediaron US$737 millones.

En cambio, si el gobierno entrega un reajuste para 2018 del 3%, como se estima en el mercado, el costo sería de US$1.650 millones, que igual sería el más alto. Ello, en medio de una profunda desaceleración de la economía que ha afectado al país durante este gobierno, en que la deuda pública y el déficit fiscal se han duplicado.

Economista: “El reajuste que se otorgue a los funcionarios públicos será un test importante del compromiso de Eyzaguirre con la responsabilidad fiscal”

Cecilia Cifuentes, investigadora del ESE Business School, explica que la “necesidad de un reajuste moderado es importante en la situación actual, ya que producto de reajustes elevados y de aumento en el número de funcionarios hemos visto en estos cuatro años un crecimiento muy significativo del gasto en personal del gobierno central, en que además se terminan gastando cifras que superan con creces el presupuesto aprobado”.

Además, Cifuentes señala que un tercio de los recursos generados por la reforma tributaria se han destinado al gasto en personal, y no a los fines educativos, de infraestructura pública que se prometieron.

“No existe tampoco en este tema algún tipo de justificación de equidad, ya que las estadísticas muestran que los funcionarios públicos tienen remuneraciones entre un 20% y un 30% más altas que las del sector privado, comparando niveles similares de escolaridad”, afirma la economista de la UC.

En definitiva, concluye, “el reajuste que se otorgue a los funcionarios públicos será un test importante del compromiso del actual ministro de Hacienda con la responsabilidad fiscal, luego de que el año pasado el ex ministro Valdés logró contener en buena forma las presiones de la ANEF, dando un reajuste que estaba levemente por sobre la inflación en 12 meses, 3,2% vs. 2,9%. En los últimos 12 meses la inflación acumulada es de 1,5%, por lo que un reajuste de más de 2% sería elevado en el contexto actual”.

Los millonarios recursos que van a los funcionarios y no pasan por el Congreso

Sin embargo, el reajuste salarial tiene escondido un enorme “iceberg” que no pasa por el Congreso, y que dice relación con los millones que luego reasigna el Gobierno para gasto en personal.

En diciembre de 2016 el Congreso aprobó un reajuste de remuneraciones para los funcionarios públicos de 3,2% nominal (con inflación), que en ese momento, con un IPC en 12 meses de 2,9%, significó un reajuste real de 0,3%.

Pero lo paradójico es que dicho efecto de austeridad no fue tal, ya que durante enero y julio de este año el gasto en personal creció en 6,2% real, en relación con el mismo período de 2016. Es decir, duplicó el gasto establecido en la ley. Eso, en plata, suma US$460 millones adicionales ($ 284.895 millones)  al reajuste de 3,2% que ya entregó el Estado.

Pero lo más grave es que de mantener el actual ritmo de gasto en salarios de los funcionarios, a fin de año el Fisco desembolsará US$808 millones adicionales, explica Cecilia Cifuentes.

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