Publicado el 19 diciembre, 2020

Chile Transparente cuestiona denuncia “fake” de la presidenta del Senado

Autor:

Daniela Bas

El director ejecutivo de la entidad, Alberto Precht, asegura que las declaraciones de Adriana Muñoz en las que planteó la existencia de 800 personas en prisión preventiva sin haber tenido un debido proceso, no pudieron ser comprobadas y que carecen de rigor jurídico. “Eso genera una reafirmación de los discursos falsos. Por eso las autoridades tienen que ser tan cuidadosas, porque son amplificadores de opiniones”, asegura.

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Daniela Bas

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El proyecto de indulto para detenidos tras el 18-O, presentado por un grupo de senadores de oposición, cada día pierde adhesión…. salvo por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz que prácticamente todos los días se refiere al tema, y de manera más vehemente.

Incluso, luego de que el Presidente Sebastián Piñera anunciara que vetaría el proyecto si fuese aprobado y en medio del debate, la senadora Muñoz se vio envuelta en una polémica por los números entregados sobre las personas que se encuentran en prisión preventiva desde el estallido.

En radio Cooperativa, la senadora señaló que “hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno. Llevan un año dos meses sin debido proceso y ese es un tema que hay que debatir”, dijo, dando a entender que casi mil personas en Chile están bajo esta medida cautelar sin haber sido sometidas al debido proceso del sistema penal.

Estas declaraciones fueron desmentidas por el Gobierno, la Fiscalía Nacional y el Defensor Nacional, además de ser calificadas como falsas en el Fact Checking de La Tercera.

Desde Chile Transparente, su director ejecutivo, Alberto Precht, señala que hicieron el ejercicio para analizar las cifras entregadas por Muñoz y “no pudimos comprobarlas con ninguna fuente”. El abogado dice que “las declaraciones son de una gravedad importante, porque si fuera cierto lo que ella relata, tendríamos más de 800 chilenas y chilenos en prisión preventiva en alguna parte, porque no habrían tenido un proceso”.

Por ello asegura que “las declaraciones, más allá de no tener fuente, carecen de cualquier tipo de rigor jurídico, lo que es muy grave cuando estamos hablando de algo tan sensible como pueden ser potenciales violaciones a derechos humanos”.

Precht explica que para que una persona ingrese a un servicio penitenciario o a cualquier cárcel del país requiere pasar por un proceso de persecución penal por un organismo autónomo, como lo es el Ministerio Público, y debe haber estado ante un juez independiente que ha determinado la medida cautelar. De ahí, que “Muñoz da a conocer un hecho que si fuera cierto, sería extremadamente grave porque hablaría de una anomalía absoluta”, argumenta el director de Chile Transparente.

La gravedad de que una importante autoridad entregue información inexacta o sin comprobar es altísima, según Precht, porque “genera una reafirmación de los discursos falsos. Por eso las autoridades tienen que ser tan cuidadosas, porque son amplificadores de opiniones y evidentemente son líderes de opinión”.

“Una persona que cree que en Chile, por ejemplo, existen presos políticos o que hay personas que no están siendo sometidas al debido proceso, con una opinión de la segunda autoridad de la República evidentemente reafirma sus convicciones y esa es la gravedad“, agrega.

Las declaraciones, más allá de no tener fuente, carecen de cualquier tipo de rigor jurídico, lo que es muy grave cuando estamos hablando de algo tan sensible como pueden ser potenciales violaciones a derechos humanos”, señala Precht.

De comprobarse la falsedad en los dichos de la senadora, Precht declara que no hay una sanción debido a que la libertad de expresión también es un derecho fundamental, pero sí existe una responsabilidad ética de los parlamentarios que se ve en el mismo Congreso a través de la Comisión de Ética. “Sería un caso bastante nuevo que la presidenta del Senado tuviera que responder ante la Comisión de Ética por dichos que carecen de rigurosidad y que derechamente serían falsos”, agrega.

Es más, el director del organismo le hace un llamado a la senadora a fundamentar sus dichos. “El emplazamiento que nosotros le hacemos desde Chile Transparente es que si es cierto lo que dice, que por favor entregue los antecedentes porque serían de una gravedad absoluta”, dice Precht.

Gobierno, Fiscalía y Defensoría difieren con Muñoz en cifras

Los números con que la senadora Muñoz defiende el proyecto de indulto para los imputados de delitos durante el estallido, que ella misma impulsa junto a otros parlamentarios, han sido desmentidos por el Poder Ejecutivo, Judicial y otros organismos.

Además de decir que “hay casi 800 personas que están en prisión preventiva, que no tienen proceso alguno”, comentó sobre las acusaciones que se les han hecho a los imputados y dijo: “El otro tema es que queremos investigar, porque los principales delitos que se imputan son desórdenes, y queremos ver qué significa desórdenes, si una persona por desorden es un violentista, es una persona que amerita que esté un año y dos meses sin el debido proceso”.

La información sobre la Defensoría Penal Pública la entregó su titular Andrés Mahnke, quien señaló: “Nos han consultado distintos parlamentarios y organizaciones de la sociedad civil, sobre cuántas personas permanecen presas más de un año. De ese período, correspondiente entre el 18 de octubre y 31 de diciembre, quedan 69. De las cifras de la institución, no son discutibles”, aseguró. De acuerdo a Mahnke, en esos tres meses tuvieron 16.600 delitos vinculables al estallido social, de los cuales 1.360 quedaron en prisión preventiva y solo 69 permanecerían vigentes.

El defensor nacional descartó las afirmaciones de Muñoz y dijo: “Todas están con el proceso, imputadas por el Ministerio Público y pasaron por audiencia de control de detención. Lo que ella quiere reflejar es que lo son sin estar condenadas, porque todas esas personas están con el proceso iniciado, con la transparencia que todos conocemos y las audiencias que todas son públicas”, añadió.

A nivel nacional, el Gobierno, desde el Ministerio del Interior, informó que se han interpuesto 541 querellas contra 1.809 imputados. Y sobre las prisiones preventivas, indicaron que hasta el miércoles 16 de diciembre y post 18 de octubre del 2019, existen 140 imputados cumpliendo esa medida. 

Asimismo, la Fiscalía Nacional reportó la información hasta octubre del 2020 donde informaron que se formalizó a 5.084 personas por diversos delitos, entre los cuales 648 están en prisión preventiva y 725 fueron condenados. Estas 648 personas corresponden a todas las medidas cautelares decretadas a lo largo de un año y no implica que todas estén vigentes a la fecha, ya que es una información que el Ministerio Público aún no ha entregado. Los números difieren de los entregados por Mahnke ya que están comparando distintos plazos, mientras el defensor nacional se refiere a tres meses, la Fiscalía entrega la información de un año.

Y no solo las cifras han sido desmentidas, sino que el proyecto ha sido rechazado transversalmente desde altas instituciones como la Fiscalía, la Corte Suprema, la Defensoría y la División para las Américas de Human Rights Watch. E incluso, más de una decena de parlamentarios de oposición se han mostrado críticos del proyecto impulsado por Muñoz (PPD), Alejandro Navarro (Pais PRO), Juan Ignacio Latorre (RD). También lo firmó Isabel Allende (PS), pero optó en estos días por tomar distancia de la iniciativa.

El cargo que sería de Felipe Harboe

Con esto, la presidenta del Senado suma una nueva polémica a su cargo, ya había protagonizado otra cuando, en junio, señaló: “Yo prefiero cometer un sacrilegio con la Constitución y ser destituida como senadora que, de verdad, pasar por sobre una demanda urgente”, en momentos en que se discutía en la Cámara Alta la constitucionalidad de un proyecto de ley de post natal de emergencia. En esa oportunidad, parlamentarios y constitucionalistas criticaron el planteamiento de Muñoz.

Este año se suponía que la senadora PPD no lideraría la Cámara Alta. Era un hecho que el senador Felipe Harboe sería el presidente del Senado durante el 2020. El acuerdo pactado por la oposición consistía en que el legislador estaría al mando de la testera, desde marzo de este año, secundado por el senador socialista Rabindranath Quinteros.

Tal era el compromiso adquirido, que no había dudas de esto ni siquiera en los otros partidos, como la DC o el PS. El rol de Harboe en el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución auguraba una presidencia donde el diálogo y los consensos primarían.

Pero cerca de mediados de enero el acuerdo comenzó a tambalear: Guido Girardi levantó la candidatura de Ximena Órdenes. La senadora por Aysén es considerada “girardista” y con ella en la mesa del Senado, se decía en el Congreso, el representante de la Región Metropolitana tendría una importante influencia.

Esta situación llevó al comité PPD a negociar y se llegó a un “punto medio”: no llegaba a la testera Harboe ni la carta girardista sino que la senadora Adriana Muñoz. Públicamente, en la ocasión, el senador dijo que daba un paso al costado para que “una mujer asuma la presidencia del Senado”. Como él, Muñoz viene del mundo laguista, pero se ubica a su izquierda. Cuando asumió como presidenta, la senadora ya había demostrado su mirada post 18-O. Votó en contra de la ley antibarricadas y en contra del proyecto que habilitaba que las Fuerzas Armadas protegieran infraestructura crítica sin necesidad de decretar estado de excepción.

  1. Veronica Munita Bennett dice:

    Tras este tipo de acciones tan graves por parte de la presidenta del Senado sin ningún tipo de sanción, que se suman a tantas faltas a la Constitución de muchos parlamentarios de todos los sectores, debería ser un motivo para que la nueva Constitución incluyera sanciones contra los parlamentarios que ejerzan su cargo sin respeto a las normas constitucionales.

  2. Encuentro inpresentable que esté en la Presidencia del Senado una persona tan superficial y poco confiable.
    Que estarán esperando los senadores para removerla de ese importante cargo ?
    Una nueva muestra de la pésima calidad de nuestros políticos !

  3. Eugenio Lagos Baquedano dice:

    Ese en nuestro problema, por un lado la calidad de los político, que mienten y engañan a sabiendas, o que como la Sra. Presidenta del Senado (¡¡nada menos!!) declare que prefiere saltarse la Constitución antes que defraudar a sus votantes y luego de eso ¿que pasa?, no pasa absolutamente Nada!! El gobierno, sobra decirlo, así como no tiene energía ni voluntad para sostener el orden público, tampoco la tiene para hacer respetar el estado de derecho. Impresentable!

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