Esta semana llegará a Chile un grupo de fiscales venezolanos para reunirse con el Ministerio Público y abordar la investigación del secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en febrero pasado, crimen que según Fiscalía tendría un móvil político.
Así lo confirmó a El Líbero el abogado de la familia Ojeda, Juan Carlos Manríquez, quien agregó que los persecutores llegarían, en principio, este miércoles tras diversas gestiones en Chile y en el país natal de Ojeda.
«Mi rol es el de un querellante muy activo en la causa, y estas gestiones están inmersas en la cooperación y asistencia jurídica internacional entre ministerios públicos, contexto en el cual hemos realizado acciones coordinadas y notificadas a las autoridades nacionales. Todo lo que sea útil a esclarecer el crimen y juzgar a los autores, no dejaremos de hacerlo», manifestó Manríquez, excusándose de entrar en más detalles.
En su vocería semanal, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, confirmó la colaboración: «Nosotros tenemos mantenemos una expectativa de que haya colaboración (…)Ya se oficializó hace poco la presencia de una delegación oficial de fiscales venezolanos. Esperamos a ver qué información se puede traer al respecto, pero yo no quisiera especular más allá de eso, porque conocimos recientemente la formalización de esta visita oficial de una delegación».
Este fin de semana, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, había dicho que Chile estaba a la espera de «respuesta de las autoridades venezolanas, que manifestaron su voluntad de cooperar (…) y hasta ahora no (lo han hecho)”.
El móvil político
Ronald Ojeda era un conocido disidente del régimen de Nicolás Maduro. Llegó a Chile a fines de 2017 luego de lograr escapar en diciembre de ese año de la cárcel militar de Ramo Verde en Venezuela, en donde estuvo varios meses recluido, acusado de conspirar contra el Mandatario.
En 2023, Chile le concedió asilo político, y el 23 de enero de 2024, el Ministerio de Defensa de Venezuela publicó su degradación y expulsión de las Fuerzas Armadas por su supuesta implicación en “conspiraciones para atentar contra el sistema de gobierno» y el “asesinato del primer mandatario nacional (Nicolás Maduro)”, con lo cual también se le acusó de “traición a la patria”.
Menos de un mes después, tres hombres caracterizados de PDI, irrumpieron en su departamento de Independencia a las 3:15 AM y se lo llevaron. A los 10 días, su cuerpo fue hallado dentro de una maleta, bajo un radier en un campamento de Maipú.
Tras dos meses de investigación, en abril, el fiscal a cargo de la indagatoria, Héctor Barros, sostuvo a Chilevisión que el crimen “se organizó y se solicitó desde Venezuela” y que se habían “descartado todas las tesis que tengan que ver con algún ilícito”. Luego especificó que “si analizamos todas las causas, la única línea investigativa que nos queda es la que estamos trabajando, y es que el perfil que tiene la víctima es político, ya que ha participado en acciones contra el gobierno de Venezuela”.
En esa oportunidad, Barros reveló que se hizo “un requerimiento de asistencia penal internacional a Venezuela, para que nos puedan ayudar con la detención de dos ciudadanos venezolanos que están actualmente en Venezuela” y que están identificados como partícipes del secuestro.
Luego, en mayo, Meganoticias dio a conocer un audio donde se confirmaba que Ojeda viajó clandestinamente a la frontera venezolana en diciembre de 2023 y enero de 2024, presuntamente, para participar de un operativo para derrocar a Maduro. Este fracasó y terminó con un capitán disidente capturado (Angelo Heredia). Un mes después, Ojeda fue asesinado en Chile.
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