“La economía está lenta y habrá que hacer algunos ajustes”.
Esta frase de la Presidenta Michelle Bachelet, mientras entregaba casas en Peñalolén el pasado jueves, se tomó las portadas de los diarios, los comentarios de los economistas y parlamentarios de la Nueva Mayoría y es el tema principal en el consejo de gabinete que realizará esta mañana la Mandataria.
La declaración de la Presidenta se da en un contexto económico en que la deuda pública contraída durante su gobierno llegó a US$42 mil millones, equivalente al 17,7% del Producto Interno Bruto (PIB), la cifra más alta en 21 años desde que en 1994 fuera de 22%.
De hecho, el balance fiscal efectivo (o devengado) que Hacienda proyectaba que alcanzaría el -1% del PIB en 2014 -y que fue una de las razones por la que se hizo la reforma tributaria-, cada vez se aleja más de esta cifra, cerrando en -2,2% en 2015, su valor más alto desde 2009, mientras que para este año proyecta un -3% de déficit fiscal.
Además, el reconocimiento de Bachelet de que la economía está “lenta” se produce luego de que por tercer año consecutivo Chile crecerá en torno o bajo 2% (1,9% en 2014, 2% en 2015 y 1-2% este año, según pronósticos), algo inédito en décadas.
Precisamente el desbalance en las cuentas fiscales ha sido una preocupación constante desde hace más de un año de economistas como Cecilia Cifuentes, del Instituto de Libertad y Desarrollo, José Ramón Valente, socio de Econsult, y Rafael Garay, socio de la consultora Think & Co, entre otros, quienes previeron que el ritmo del gasto no era consistente con los ingresos, lo que llevaría más temprano que tarde a un fuerte ajuste.
Y es que si durante los cuatro años del primer gobierno de Bachelet la economía creció en promedio 3,3%, el gasto público se expandió en promedio un 10,5% real -es decir, 3,2 veces más-, situación que se repetiría en sus tres primeros años de gestión, en que la economía sólo subirá un 1,9% pero el gasto fiscal lo hará en 6%, tres veces más.
La burocracia estatal que se “come” US$15 mil millones públicos
Cuando se le consultó este viernes al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, cuáles serán los ajustes, dijo que “cuando tengamos algo que contar, lo vamos a contar, y todavía estamos trabajando”. El Ejecutivo pretende hacer los recortes vía decretos administrativos, pero parlamentarios piden que sea a través de un proyecto de ley para tener incidencia.
Pero, ¿en qué gasta su millonario presupuesto fiscal el Gobierno, que este año superará los US$58 mil millones?
Según la información disponible en la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda (Dipres), el año pasado el Gobierno de Bachelet gastó US$36 mil millones en la entrega de subsidios, pagos de pensiones e inversiones en obras de conectividad, educativas y salud, entre otras, pero gastó casi la mitad, US$15 mil millones (42%), en burocracia estatal.
Y es que en pagar los sueldos de los funcionarios públicos que trabajan en los ministerios y servicios públicos que entregan dichos beneficios empleó US$10.300 millones, y los restantes US$4.700 millones el Estado los gastó en financiar bienes y servicios de consumo y producción.
La ineficiencia en el gasto público se ha mantenido inalterada durante los últimos 15 años, ya que los recursos destinados a la burocracia estatal han oscilado entre el 42 y 44% de los beneficios asignados.
Economista: “Llama la atención los dichos de la Presidenta porque el bajo crecimiento lleva ya 27 meses”
“Ahora que se discute la necesidad de hacer un ajuste fiscal, consecuente con el deterioro de los ingresos, surge la necesidad de mirar la eficiencia en la gestión del Estado. Esto porque el nuestro dista mucho de ser un Estado moderno, y sigue pendiente una significativa reforma administrativa”, señala Cecilia Cifuentes.
La economista de la UC agrega que dichas cifras de gasto en burocracia “no parecen ser representativas de una buena gestión en la entrega de beneficios. Esto obviamente dejando de lado los aspectos relativos a la eficiencia de los programas de beneficios y a la eficiencia en los procesos de inversión del gobierno, que también tiene problemas bastante evidentes”.
Sobre la declaración de Bachelet, a Cecilia Cifuentes le llama la atención «ya que el bajo crecimiento de la economía lleva ya 27 meses. Al inicio de su gobierno la receta era la opuesta, suplir con gasto público la falta de dinamismo privado. Sólo se demuestra lo errado de la estrategia inicial, ya que sin crecimiento económico sostenible las políticas de mayor bienestar social son inviables. Es de esperar que se haya aprendido esta lección. Los llamados ‘derechos sociales’ deben estar en función del desarrollo económico de los países».