La regulación de precios en los aranceles que instauró el Ministerio de Educación con la gratuidad en la educación superior les generará un millonario perjuicio a las casas de estudio.
Así lo revela un exclusivo estudio de la fundación Acción Educar, al que tuvo acceso “El Líbero”, que tras comparar los aranceles reales de las 2.621 carreras adscritas a la gratuidad (de las que se tiene información), con el arancel regulado que pagará el Mineduc, detectó que el 38% de las carreras les generarán millonarios déficit a las universidades.
Las carreras de la salud son las más afectadas
Las carreras más afectadas son las vinculadas al área de la salud, como medicina y odontología, con déficits anuales por alumno que llegarán a entre $2 millones y $2,5 millones en las universidades Finis Terrae, Diego Portales, Autónoma de Chile, de Chile y la Católica. (ver listado de las 50 carreras más afectadas al final)
Para el análisis se utilizó el arancel regulado por carrera especificado por el Ministerio de Educación más un 20%, de manera de generar el arancel estipulado en la glosa presupuestaria del 2016. Este valor se contrastó con el arancel real de dicha carrera más los derechos básicos de matrícula promedio, explica el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa.
“La diferencia negativa resultante entre el Arancel regular +20% y el Arancel Real + los Derechos Básicos de Matrícula constituyen el déficit por alumno que presenta cada carrera. Es posible observar un superávit en algunos casos, pero atendido el tenor de la glosa presupuestaria en comento, en esos casos el exceso no se entrega a las instituciones sino que simplemente quedan sin déficit”, señala el estudio.
Las distorsiones de la gratuidad
Raúl Figueroa señala que la política de “gratuidad impulsada por el gobierno que se basa en la fijación de aranceles para las instituciones que adhieran a ella y respecto de un determinado grupo de alumnos conlleva una serie de riesgos como presupuestos deficitarios de las instituciones, alta dependencia de los recursos estatales y un condicionamiento del desarrollo y crecimiento de las universidades a esos factores. Estos riesgos se verán potenciados en la medida que la política de gratuidad se extienda a estudiantes de mayores ingresos”.
El especialista cuestiona, además, que el recorte de $50 mil millones que hará el Mineduc al programa de gratuidad por sobredimensionar en el presupuesto los estudiantes beneficiados, podría destinarse a las universidades: “Lo que demuestra, lamentablemente, que esa condición deficitaria en que quedan las instituciones no es una preocupación del gobierno”.
A su juicio, la fijación de precios genera incentivos para no recibir a los alumnos vulnerables que les generen déficit, lo que llevaría, por tanto, a reducir las carreras más caras, vinculadas al área de la salud, por otras tradicionales de “tiza y pizarrón”.
“Las universidades perderán fuertes niveles de autonomía porque para adecuar sus presupuestos van a tener que tomar medidas que no serán de su preferencia, pero sí les permiten mantener ciertos equilibrios presupuestarios, y potenciar carreras que no son tan atractivas pero que, atenido a la fijación de precios, les mantiene los costos equilibrados. La fijación de precios baja la calidad y genera sobreoferta en determinados servicios”, concluyó Raúl Figueroa.
