Publicado el 04 de mayo, 2020

Bono Covid e Ingreso Familiar de Emergencia equivalen al 92% del gasto en subsidios por vulnerabilidad en un año

Autor:

Emily Avendaño

Libertad y Desarrollo analizó los programas sociales que se implementan desde antes de la crisis del coronavirus. Concluyó que el Ministerio de Desarrollo Social monitoreaba 448 programas que, en conjunto, totalizaron un gasto de casi $ 18,5 billones; de los cuales $5,47 billones se enfocaban a reducir la pobreza por ingresos. El Bono Covid y el anunciado Ingreso Familiar de Emergencia, consideran un gasto que equivale al 92% del gasto total en subsidios monetarios por vulnerabilidad que se entregan durante todo un año, concluyen.

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Emily Avendaño

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Libertad y Desarrollo examinó las ayudas que proporciona el Estado en «tiempos normales». Utilizó el Informe de Desarrollo Social 2019 publicado por el Ministerio de Desarrollo Social a fines del año pasado y encontró que durante 2018 fueron monitoreados 448 programas sociales que, en conjunto, totalizaron un gasto de casi $ 18,5 billones, ejecutados por 6 ministerios y 12 servicios a cargo.

El Ministerio de Desarrollo Social es el que tiene la mayor participación, con programas que van desde la entrega de subsidios generales hasta iniciativas en el ámbito del emprendimiento y capacitación. Mientras que el Ministerio del Trabajo es el que ejecuta la mayor cantidad de recursos producto del pago de pensiones de vejez.

Explica el centro de pensamiento que la emergencia producto del Covid-19 ha llevado al Gobierno a incrementar transitoriamente ese gasto. Considerando que el Bono Covid-19 entregado durante este mes tiene un costo estimado de US$ 170 millones y el Ingreso Familiar de Emergencia recién presentado requiere de US$ 818 millones para tres meses, la suma de ambos beneficios equivale a 31% del gasto estimado en programas sociales que permiten reducir la pobreza por ingresos en un año normal, excluyendo el pago de pensiones del sistema antiguo y de leyes reparatorias, cuyo propósito tiene una naturaleza distinta. Detallan, además, que en relación a los subsidios por vulnerabilidad, el paquete propuesto por el Gobierno equivale a un 92% del gasto anual.

“En el contexto del Covid-19 y de las dificultades económicas que este está trayendo al país, puede ser necesario avanzar en ese sentido y así mejorar la capacidad del Estado para enfrentar la crisis y destinar recursos a apoyar a los más afectados”, afirma María Paz Arzola, coordinadora del Programa Social de la organización. 

Arzola señala que el análisis muestra que en tiempos normales el Estado realiza importantes esfuerzos para complementar los ingresos de los hogares más pobres. “Sin embargo, la existencia de programas similares y el involucramiento de distintos servicios públicos y ministerios encargados de su ejecución, sugieren la existencia de espacios para simplificar y coordinar mejor la oferta de programas sociales. Ello podría permitir ser más eficaces en lograr los propósitos de estos planes y reducir los costos asociados a la burocracia necesaria para llevarlos adelante”, dice.

Los programas sociales en la «antigua normalidad»

El documento presentado por LyD explica que en la oferta de programas sociales es posible distinguir entre iniciativas que contribuyen directamente a la reducción de la pobreza por ingresos y otras que se enfocan en enfrentar determinadas carencias o problemas. Es así como se contabilizaron 85 programas con efecto directo en la reducción de la pobreza por ingresos, los que representan un 18,9% de la oferta social total, que sumaron un presupuesto de $ 5,47 billones, cifra que corresponde al 29,6% del gasto monitoreado por el Ministerio de Desarrollo Social. 

LyD divide estos programas en dos tipos: los que entregan transferencias monetarias de libre disposición (43 programas y 95,5% del presupuesto analizado) y los que ofrecen apoyo a la generación de ingresos mediante acciones de fomento al emprendimiento, capacitación, intermediación laboral, etc. (42 programas y 4,5% del gasto).

En cuanto a las transferencias monetarias indican que la mayoría del gasto se origina en el pago de pensiones de vejez (74% del total). En segundo lugar aparecen los subsidios por vulnerabilidad, que totalizan $ 819 mil millones (15%) y poseen diversos criterios de elegibilidad.

Aquí aparecen el Subsidio Único Familiar que se paga mensualmente a hogares cuyo sostenedor se encuentra en informalidad (2 millones de beneficiarios), la Asignación Familiar para aquellos con trabajo formal (263 mil beneficiarios) y el Aporte Familiar Permanente, que se otorga una vez al año a las familias beneficiarias de los dos aportes anteriores y a los pensionados más vulnerables (1,5 millones de hogares beneficiarios). Por otro lado, están los subsidios que buscan favorecer ciertas conductas, entre los que destacan el Subsidio al Empleo Femenino (363 mil beneficiarias) y el Subsidio al Empleo Joven (312,5 mil beneficiarios). 

El resto de las transferencias monetarias corresponden a bonos originados en leyes reparatorias por derechos humanos (106 mil beneficios) y las becas de asistencialidad estudiantil y zonas extremas, entre otras (300 mil beneficios).

En cuanto a los programas que ofrecen apoyo a la generación de ingresos, LyD subraya que comprenden 42 iniciativas, aunque con un presupuesto muy inferior. Destacan los programas de capacitación -como el Impulsa Personas, que ofrece una franquicia tributaria con dicho fin (614 mil beneficiarios)-, el programa Inversión en la Comunidad para la generación de empleos de emergencia ($ 80,5 mil millones y 23 mil beneficiarios) y el Programa Familias, que brinda acompañamiento a familias beneficiarias del programa Seguridades y Oportunidades (105 mil hogares beneficiarios). Los demás apoyos que conforman este subsistema suman en total $ 51,8 mil millones.

Urgen alineación de opositores y legisladores

Concluye LyD que la información disponible sobre los programas sociales previos a la pandemia “da cuenta de la poca uniformidad e insuficiente coherencia entre los criterios que definen la participación en los programas analizados”, así como que “la excesiva fragmentación de los beneficiarios participantes de programas muy similares podría tener una justificación más bien política, en el orden de reconocer a pequeños grupos de interés, en lugar de apuntar a la eficacia de los propósitos de fondo”.

En esa línea sostienen que aún falta avanzar en un análisis periódico y con una mirada sistémica respecto a la pertinencia, eficacia y a la existencia de programas que pudieran fusionarse o ser delegados en un solo gestor, lo cual permitiría reducir los costos asociados a la burocracia y evitaría posibles duplicidades, ante la existencia de programas con propósitos similares que son ejecutados por servicios y ministerios diferentes. 

“La complejidad de la información, así como la falta de incentivos políticos, ha llevado a eludir la necesaria discusión sobre la continuidad o eventual redefinición de programas que no estén cumpliendo con los objetivos definidos. Sin embargo, considerando la crisis económica que se avecina y la falta de holguras en el presupuesto fiscal, se trata de un debate que no se puede seguir postergando. En ese contexto, son destacables los pasos que ya ha dado el Gobierno para avanzar en esa dirección; urge, sin embargo, que los legisladores y la oposición se alineen también”, subrayan.

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