El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero, durante la semana del 19 al 25 de enero, estuvo marcado por los ataques contra bomberos que combaten incendios forestales, con hechos de gravedad registrados en Angol y Concepción, lo que obligó a reforzar protocolos de seguridad y generó reacciones transversales de las autoridades.
En Angol, voluntarios del cuerpo de bomberos fueron obligados a retirarse del incendio forestal que combatían en el sector Colonia Manuel Rodríguez tras sufrir amenazas directas.
El hecho ocurrió durante la noche del 19 de enero, cuando atacaron a voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, de la Región de Los Lagos, que se encontraban en La Araucanía brindando apoyo. Según el relato del segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de Angol, Felipe Gutiérrez Fica, recogido por el diario Las Noticias de Malleco, “a eso de las 20, 21 horas un carro bomba que venía de la Fuerza de Tarea sufrió un piedrazo de parte de encapuchados, de terceras personas que no tenían nada que ver con el incendio. Le quebraron el vidrio de la ventana del copiloto y esta unidad era del Cuerpo de Bomberos de Río Bueno, de la Región de Los Lagos”.
Sin embargo, no solo hubo pedradas, sino que “otro carro bomba, en otro lugar, dentro del mismo incendio, se percató que divisaron a personas con armas”.
El Cuerpo de Bomberos de Angol emitió un comunicado en el que denunciaron que “personal bomberil fue objeto de amenazas directas por parte de personas presentes en el sector, registrándose además diversos disparos de armas de fuego, así como daños directos a una unidad perteneciente a la fuerza de tarea de la Región de Los Ríos, situaciones que constituyen un riesgo inminente para la integridad física de nuestros voluntarios y del personal de apoyo”.
El comunicado concluye diciendo que “reiteramos nuestro compromiso permanente con la comunidad, el cual solo puede ejercerse cuando existen condiciones mínimas de seguridad para el desarrollo de nuestras labores”.
Por su lado, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Angol, Pablo Staub, dijo a Radio Bío Bío que la agresión se produjo en medio de un escenario complejo, con voluntarios agotados y con necesidad urgente de refuerzos humanos desde otros cuerpos de bomberos. Staub manifestó que los equipos están trabajando prácticamente sin descanso desde el 1 de enero. Labores que desempeñan con apoyo policial y militar, aunque no es posible contar con resguardo permanente en todos los puntos.
Disparos en Concepción
En Concepción, Bomberos que trabajaban en el sector Puente 3 reportaron disparos durante la madrugada del 21 de enero. El alcalde Héctor Muñoz declaró que “lo sucedido en el Puente 3 nos parece un hecho gravísimo y nosotros necesitamos, como dijimos ya en el día, el toque de queda en el sector rural. No puede haber un ataque por disparos a nuestros Bomberos, o a nuestras policías, ni a nadie en un Estado de Excepción Constitucional. Es un hecho grave en la ciudad de Concepción”.
Muñoz reclamó: “Necesitamos más patrullajes de las Fuerzas Armadas. Venimos (hace) días diciéndolo. Necesitamos el apoyo de todas las fuerzas, de todas las instituciones, para poder combatir (la emergencia)”. Agregó que “aquí podemos ver también que hay delincuentes, terroristas que probablemente estén quemando lugares forestales, y estén provocando todo esto. No sabemos el motivo, pero es muy lamentable y ahora atacan con disparos a nuestros Bomberos”.
En tanto, el 3° comandante de Bomberos, Felipe Ríos, sostuvo que el ataque no fue directo a los equipos bomberiles, sino que “los disparos habían sido al aire y eso alertó al personal de retirarse del lugar de forma inmediata”.
Ambos hechos están siendo investigados por las autoridades.
Las agresiones, además, generaron una dura reacción del Ejecutivo. El Presidente Gabriel Boric condenó los hechos en Angol y afirmó que “hemos dispuesto la presencia de COP y FF.AA en el sector” para resguardar a los equipos de emergencia. En la misma línea, el ministro de Seguridad Pública Luis Cordero aseguró que “vamos a ejercer acciones en contra de quienes participen de ilícitos de estas características”, mientras que el ministro del Interior Álvaro Elizalde advirtió que estos ataques “no van a quedar en la impunidad” y que se aplicará “el máximo rigor de la ley” una vez identificados los responsables.
El domingo, en una entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Cordero informó que desde el 1 de septiembre de 2025 –cuando comenzó esta temporada de incendios– hay 357 detenidos asociados a incendios. Cordero detalló que de este total, “más de 130 de esas personas detenidas están vinculadas a delitos de incendio que han provocado riesgos en las personas. Ese es el nivel de gravedad que suponen estos incendios”.
Días antes –el 21 de enero desde Temuco– el Presidente Boric señaló que solo en La Araucanía había 70 personas detenidas por presunta intencionalidad o negligencia en provocar incendios forestales.
Comenzó juicio por triple homicidio de carabineros en Cañete: Fiscalía pide presidio perpetuo calificado para los cuatro acusados
El 19 de enero comenzó en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete el juicio oral contra los hermanos Tomás, Yeferson y Felipe Antihuen Santi, y de Nicolás Rivas Paillao, acusados del homicidio de tres funcionarios de Carabineros ocurrido en abril de 2024, hecho que la Fiscalía calificó como el atentado más grave contra la institución en los últimos 36 años.
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que se trató de un crimen planificado y de “la agresión más violenta que ha sufrido Carabineros”, describiéndolo como un mensaje directo de guerra contra el Estado.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, la noche del 26 de abril de 2024 los carabineros —el sargento primero Carlos Cisterna Navarro, el cabo primero Sergio Arévalo Lobos y el cabo primero Misael Vidal Cid— concurrieron al sector Antiquina para fiscalizar una medida cautelar. Allí fueron emboscados por los imputados, quienes después de darles muerte, cargaron los cuerpos en la camioneta institucional, los trasladaron hasta la ruta P-72S y los incineraron.
La Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado para los cuatro acusados. En el caso de Felipe Antihuen Santi, se piden además 15 años de cárcel por robo con violencia, 15 años y multa de 15 UTM por incendio, 4 años por porte ilegal de arma de fuego y 300 días más multa de 10 UTM por traslado ilegal de restos humanos. Para Tomás Antihuen Santi, se solicitan las mismas penas, sumadas a 5 años por tenencia ilegal de arma prohibida, 3 años y un día por arrojar elementos incendiarios a la vía pública, 61 días por atentado contra la autoridad y 3 años más multa de 11 UTM por daños calificados.
Respecto de Yeferson Antihuen Santi, la Fiscalía pide presidio perpetuo calificado, 15 años por robo con violencia, 15 años y multa de 15 UTM por incendio, 4 años por porte ilegal de arma de fuego, otros 4 años por porte y tenencia de arma, 10 UTM por traslado ilegal de restos humanos, además de 5 años y un día por homicidio calificado frustrado de funcionarios de la Armada y 4 años de presidio más multa de 50 UTM por receptación de vehículo motorizado. En cuanto a Nicolás Rivas Paillao, el Ministerio Público solicitó presidio perpetuo calificado por homicidio calificado de funcionarios de Carabineros y 15 años adicionales por el delito de robo con violencia.
Durante la audiencia, Garrido enfatizó que “no se trata de marginalidad ni de multiculturalismo, sino de una elección consciente de la violencia como forma de control territorial”, y subrayó que la respuesta del Estado frente a hechos de esta magnitud “no es la venganza ni la arbitrariedad, sino la justicia”. Se prevé que el juicio se extienda por 51 días.
Penas de cárcel de hasta 17 años para miembros de la CAM
El Indicador de Violencia e Impunidad de El Líbero ya había informado que siete miembros de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) habían sido declarados culpables por la quema de dos camiones en la ruta Los Ángeles-Antuco, en la comuna de Quilleco. Ahora el Tribunal Oral en lo Penal de Los Ángeles informó las penas que deberá cumplir cada uno.
Según la Fiscalía, los condenados se coordinaron para amenazar con armas de fuego a conductores, quemar dos camiones e intentar atropellar a un carabinero durante la huida, un ataque incendiario ocurrido en octubre de 2023 contra un fundo de Forestal Arauco.
La pena más alta, de 17 años de presidio, fue impuesta a Óscar Cañupán, a quien el tribunal consideró autor de las conductas más graves del atentado. Según se acreditó en el juicio, participó activamente en la planificación y ejecución del ataque, amenazó con armas de fuego, incendió los camiones y protagonizó el intento de atropello de un funcionario de Carabineros, hechos que implicaron un riesgo directo para la vida de terceros y fundamentaron la sanción máxima.
En tanto, Axel Campos, Roberto Garling, José Lienqueo y Bastián Llaitul –este último, sobrino del líder de la CAM, Héctor Llaitul– fueron condenados a 15 años de cárcel como autores de los delitos de incendio y amenazas. Por su parte, Rafael Pichún recibió 7 años de prisión efectiva por incendio. A estas condenas se suma Tania Zagal, sentenciada a 818 días, de los cuales 750 ya fueron cumplidos bajo arresto domiciliario.
El tribunal sostuvo que la prueba rendida permitió establecer la planificación previa, el uso de armas de fuego y la violencia ejercida contra civiles y policías, elementos que justificaron la imposición de penas de cumplimiento efectivo.
