Un fuerte comunicado emitió la Asociación Nacional de la Prensa en rechazo a la querella criminal por injurias y calumnias que presentó la Presidenta Michelle Bachelet en contra de cuatro periodistas de la revista Qué Pasa.
“La Asociación Nacional de la Prensa rechaza categóricamente y alerta a la ciudadanía sobre los efectos que tendrá en la libertad de prensa la acción criminal interpuesta por la Presidenta de la República ante el 2° Juzgado de Garantía de Santiago, en contra del director, del editor y de dos periodistas de la revista ‘Qué Pasa’ por el supuesto delito de injurias y calumnias”, señala el gremio que representa a medios escritos desde Arica a Punta Arenas, y que existe desde 1951.
“Esta asociación gremial reconoce el derecho de todas las personas a recurrir ante los Tribunales de Justicia en caso de que se crean afectados por la vulneración de los bienes jurídicos tutelados por la Constitución y las leyes, sin embargo, la actual querella criminal interpuesta por la Primera Mandataria contra un medio de prensa tiene un grave efecto inhibitorio para el resto de los medios de comunicación social respecto a una autoridad cuyas acciones deben ser fiscalizadas por la ciudadanía para un correcto funcionamiento de la democracia», agrega.
“La presión por parte del poder político sobre los medios de comunicación social a fin de evitar la publicación de determinadas informaciones altera gravemente el derecho de los ciudadanos a estar bien informados y afecta el libre e indiscriminado acceso a las diversas fuentes noticiosas de interés público. Cualquier intento de acallar a un medio constituye un acto de censura que nuestra legislación prohíbe en virtud de que afecta la responsabilidad social que la prensa tiene para con la comunidad”, sostiene la entidad gremial.
ANP pide a Bachelet que desista de querella
La ANP “lamenta” que la Presidenta de la República intente aplicar -a través de los Tribunales de Justicia- penas privativas de libertad al director, al editor y a dos periodistas de la revista Qué Pasa por el solo hecho de “reproducir los dichos de una persona imputada por el caso Caval, las cuales fueron obtenidos de una intervención telefónica autorizada por el juez de la causa y que no estaban sujetos a secreto informativo. La defensa de la libertad de prensa es tarea de todas las instituciones de nuestro país, de cada ciudadano y de la opinión pública en su conjunto”.
Por ello, los “poderes públicos deben impedir y sancionar toda transgresión o amenaza contra estas libertades de opinar e informar de modo de cooperar a la formación de una opinión pública crítica y responsable”.
La Asociación Nacional de la Prensa le pide “públicamente a la Presidenta de la República que se desista de su querella criminal, a fin de que los profesionales de las comunicaciones puedan continuar realizando sin inhibiciones su labor de informar a la ciudadanía sobre hechos de interés público”.