Un líquido acelerante explotó en manos de un joven de 16 años. El diagnóstico para el estudiante del Liceo de Aplicación es que presenta quemaduras en 25% de su cuerpo con un 7% de profundidad de dichas heridas. Lo más grave y lo que lo mantenía en riesgo vital es que las quemaduras habían afectado también sus vías respiratorias.
El accidente ocurrió pasadas las 19:00 horas del 22 de julio; cuando un grupo salió del liceo, que en ese momento se encontraba en toma, y comenzaron a encender objetos. “Uno de estos menores, al tener uno de estos objetos, lamentablemente se incendia en sus manos y su parte principal del torso, lo que lamentablemente ahora lo tiene en riesgo vital”, indicaban las primeras versiones policiales.
Todo comenzó un par de días antes. El jueves 20 de julio, tras una votación estudiantil, el Centro de Estudiantes del Liceo decidió iniciar una toma del establecimiento. Ese mismo día el vocero de apoderados del Liceo de Aplicaciones, Claudio Vargas, asegura que recurrió a las autoridades para que se ordenara el desalojo de la toma.
“Cuando me avisaron de la toma el día jueves, yo me presenté en la tercera comisaría de Carabineros. Yo estampé una denuncia por ocupación ilegal de un inmueble público. Cuando fueron al lugar que yo denuncié, lo evidenciaron, sacaron fotografías, se devolvieron a la unidad y se comunicaron con Rodrigo Roco (director de Educación de la Municipalidad de Santiago) por teléfono para pedir la autorización de desalojo, debido a la denuncia que yo hice; y la DEM negó el desalojo. Dijeron que no, aludiendo que al otro día ellos ponían una denuncia. Denuncia que nunca colocaron”, señala Vargas a El Líbero.
En este sentido, Vargas responsabiliza no solo a la DEM, sino también a la directora interina del establecimiento, Paola Santos. “¿Quién es la responsable directa? Ella. ¿Por qué? Porque si ella hubiese autorizado el desalojo el día jueves, este accidente no habría pasado el día sábado. ¿Y por qué se autorizó el desalojo el día domingo? Porque yo personalmente hablé con la ministra del Interior. Y me llamó de vuelta el subsecretario Monsalve, y él nos confirmó que el colegio iba a ser desalojado por orden del Ministerio del Interior. Y así ocurrió”, subraya Vargas, quien agrega que existe la posibilidad de presentar una querella contra la directora por el cuasidelito de lesiones graves gravísimas en el adolescente afectado, por no haber solicitado el desalojo a tiempo.
La eventual salida de Santos
Vargas indica que a través de un mensaje de Whatsapp a los apoderados fueron informados que la próxima semana asumirá la dirección del liceo una nueva persona. Sin embargo, este anuncio es visto con cautela por el vocero de los apoderados.
“La DEM miente constantemente. Ellos están tratando de hacer ver esto como que a Santos se le venció el plazo, porque el martes llega el director que supuestamente fue elegido por Alta Dirección Pública (…). Como comunidad, ¿qué se entiende que está haciendo la DEM? Que a la directora la sacaron, pero la están poniendo como subdirectora”, dice.
En opinión de Vargas esto se hace para que “la comunidad sienta que el colegio hizo algo, para que la comunidad crea que la Dirección de Educación tomó medidas”, pues insiste en que Santos continuará vinculada a la dirección.
A Santos se le encargó la dirección interina del Liceo de Aplicación a finales de 2022; en un nombramiento controversial, pues en 2019 había sido sumariada, entre otras causas, por «elaboración de pruebas con clara inducción política», un proceso que fue sobreseído en octubre de 2021, sin sanciones.
En octubre de 2022, la DEM solicitó al director Humberto Garrido, que había llegado al cargo por concurso público en 2018, que dejara su puesto de forma anticipada y luego de eso designó a Santos, quien en el pasado como representantes de los profesores del Liceo Darío Salas, había dado declaraciones en contra de la aplicación de la Ley Aula Segura.
“La verdad es que ella igual va a seguir moviendo los hilos”, sostiene Vargas sobre el cambio de directiva.
Lo que han dicho Hassler y Roco
Tras el accidente ocurrido hace una semana por el adolescente, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler declaró: «Es una situación gravísima, muy lamentable». Mientras Roco, envió una carta a La Tercera en respuesta a un editorial de ese diario, “debido a la reiterada idea de que esta administración consentiría, de alguna manera, este tipo de acciones por parte de integrantes de las comunidades escolares”. Al respecto, Roco señaló: “Creer en el poder del diálogo y no ver en los desalojos por la fuerza la primera respuesta a este tipo de acciones no es, de ninguna manera, una forma de consentimiento a las tomas u otras medidas de presión, sino una forma de encauzar los conflictos y demandas que puedan existir para buscar soluciones sostenibles en el tiempo”.
El desalojo de la institución finalmente se concretó el lunes. Sin embargo, tras el accidente el lugar había sido ya abandonado el mismo sábado. Desde Carabineros señalaron que al entrar «sí existía una gran cantidad de rayados y daños que posteriormente van a ser evaluados por la administración de este colegio».
Vargas denuncia “hostigamiento” y “persecución política”
El vocero de los apoderados denuncia que está siendo víctima de “hostigamiento” y de “persecución política” debido al rol activo que ha asumido al cuestionar el deterioro de la educación pública y a quien él considera como responsables.
Y es que la tarde del jueves 27 de julio fue citado en el colegio y le notificaron de una investigación para establecer faltas a la convivencia escolar que, de prosperar, le quitaría su calidad de apoderado.
Según el documento que le entregaron, la falta que habría cometido con respecto al Reglamento Interno de Convivencia Escolar (RICE) se relaciona con el punto Nº 2 del “protocolo sobre la pérdida de la calidad de apoderado” que dice “cuando el apoderado resultare ser responsable de actos de difamación, hostigamiento, ofensas u cualquier tipo de agresión de la comunidad educativa”.
Los hechos que ha denunciado el apoderado: desde «guardar» bombas molotov hasta fraude en el centro de apoderados
Esto debido a que es cuestionado por las declaraciones que ha ofrecido en los medios de comunicación durante este mes de julio; cuando ha denunciado que un inspector mantenía una molotov “guardada” en su oficina; o que otro hacía la vista gorda cuando encapuchados entraban al colegio. Y apunta como responsables de este “hostigamiento” a la directora Paola Santos, al director de Educación de la Municipalidad de Santiago, Rodrigo Roco, y a la propia alcaldesa de Santiago Irací Hassler.
En cuanto a lo del inspector que deja entrar y salir a los encapuchados, Vargas señala que de eso hay imágenes que fueron transmitidas por Chilevisión; también dice que fue “sacado de contexto” cuando se le atribuye que dijo que “la dirección del establecimiento no contesta el teléfono a carabineros”. “Yo digo en mi intervención que me llama poderosamente la atención que se diga que la directora no contesta el teléfono siendo que a mí me responde el whatsapp”, sostiene.
Otro hecho que ha denunciado por el cual se le cuestiona es que denunció que en la inspectoría del establecimiento estaba escondida una bomba molotov durante el mes de abril. Un hecho que aún sostiene. “Ese inspector está sumariado”, asegura.
“Estaba la bomba ahí y él no dio aviso. Lo denuncié porque recibí una fotografía en el mes de abril. Di aviso de inmediato a carabineros (…). Entonces, Carabineros se comunicó con la directora, le entregó la información y la molotov estaba donde yo decía que estaba. Y recién ahora se hace un sumario contra esta persona, por esta misma razón”, asegura. Argumenta que antes no se hizo nada porque la directora “está politizada, ideologizada”. Dice que después “ella tuvo una semana la bomba guardada en su oficina, y no está con un sumario por eso”.
Luego, se perdió el rastro de esta molotov, relata, “porque se metieron a robar al colegio, robaron el kiosco, abrieron la oficina de convivencia escolar y, mágicamente, la bomba desapareció”.
Otro hecho que Vargas afirma ha desencadenado esta “persecución” es la querella que presentó en marzo de este año por falsificación que involucra al Centro General de Padres y Apoderados del liceo debido a que “dentro del certificado de inscripción emitido por el Registro Civil, aparece otro directorio distinto al que en definitiva fue electo”. Agrega que entre los involucrados en este hecho hay madres “de capuchas que fueron detenidos por lanzamiento de artefactos incendiarios contra carabineros”.
En ese sentido señala que de perder la calidad de apoderado “no podría seguir luchando contra lo que está pasando en el colegio. Porque yo hoy día soy además delegado de mi curso. Y si pierdo mi calidad de apoderado, pierdo la posibilidad de ser parte del centro de padres y apoderados que está en proceso de inscripción”, debido a que anticipa que el actual podría quedar impugnado, a partir de esta querella.
«El Liceo de Aplicación está en crisis»
Vargas ha sido apoderado del Liceo de Aplicación desde el año 2018.
Insiste en que “esas cosas que dicen que yo dije, no las dije así. Las sacan de contexto, por eso es que es una persecución”. Indica que presentará un recurso de protección ante la Justicia, mientras en paralelo avanza el caso por los canales regulares del colegio; pero sobre esto apunta que son los mismos que presentaron la solicitud de investigación los responsables de llegar a una determinación con respecto a su calidad de apoderado.
Lamenta que “el colegio está en crisis. Conversé con el personal docente y todos me toman de la mano y me piden ayuda, que no los deje solos. Lo están pasando mal. Los profesores no ponen anotaciones negativas porque están amenazados. Y la directora lo reconoció. Entonces, no hay un control interno. Paola Santos debe ser removida del cargo lo antes posible. Y no puede quedar dentro del colegio en ningún cargo”, afirma.
En cuanto a los padres, también dice que están atemorizados: “Por eso, muchos papás no levantan la voz, por miedo a lo que les pueden hacer. A ellos y a sus hijos”.
“Tengo la certeza de que no hay ninguna denuncia de ningún personal, de ningún profesor en mi contra. Por eso creo que es una persecución de la directora, con instrucción de la DEM”, señala.
Asegura que el año en que llegó Irací Hassler a la Alcaldía, la matrícula del Liceo de Aplicación superaba los 2.500 alumnos, y hoy ese número no supera los 900 alumnos.
Otro punto al que se refiere Vargas es que si bien se informó que el liceo había retomado las clases, de acuerdo con el calendario enviado a la comunidad escolar, el retorno será escalonado por lo que no será hasta el 7 de agosto que todos los cursos estén con presencialidad.
“La ideología no puede estar por encima de la educación. La educación tiene que ser tratada como política pública de Estado. No debe ser tocada ni por la izquierda, ni por la derecha, ni por el centro”, concluye.