Un total de 30 mil alumnos de Atacama, matriculados en escuelas que dependen del Servicio Local de Educación Pública (Slep) de esa región, completarán la próxima semana dos meses en medio de un paro al que llamó el Colegio de Profesores. Los docentes exigen condiciones de infraestructura mínimas e insumos básicos para poder regresar a las salas. Mientras, los menores afectados y sus familias viven todo un drama.
“Hay que pensar en el daño psicológico que tienen esos niños”, advirtió, durante su participación en el programa Mirada Libero, Jocelyn Manríquez, apoderada de un niño que cursa tercero básico y de una adolescente de cuarto medio del Liceo de Música de Copiapó, institución que la mujer eligió para sus hijos porque ella había estudiado allí y la consideraba de calidad.
Manríquez aseguró que esta situación es «preocupante, frustrante y angustiante» para los niños afectados y para sus familias, algunas de las cuales están en condiciones más precarias que otras.
«El paro afecta a los niños en muchas maneras: en el área psicológica, en el área física, en el área social, incluso en la alimentación. Acá represento a mis dos hijos, pero sé que hay miles de niños como ellos y hay otros que están en otras condiciones, que no tienen una mamá presente por algún motivo, que esté pendiente de ellos, y eso hoy día es lo que nos preocupa muchísimo, el poder hablar y ser la voz de todos los otros niños que están sin clases en esta región y que no tienen redes de apoyo. Eso es realmente preocupante», señaló la apoderada.
El senador Rafael Prohens (RN) ya había advertido en conversación con El Líbero que el paro no sólo afectaba a los niños y adolescentes desde el punto de vista académico. «Estamos hablando de más de 25.000 niños sin recibir clases y sin recibir la asignación de la Junaeb», dijo
Hay estudiantes de cuarto medio en Atacama que no van a rendir la PAES este año
Manríquez relató que en casa tratan de solventar la enseñanza de algunas materias buscando información en internet para su hijo menor, pero en el caso de la mayor, el asunto se complica.
“Decidimos que mi hija no va a dar la PAES, porque para nosotros su salud mental es mucho más importante que poder rendir una prueba», relató la apoderada.
La mujer advirtió que ha conversado con otros estudiantes de cuarto medio en cuanto a la prueba y asegura que muchos de ellos tienen miedo.
«He hablado con los chicos de media, porque no hablo sólo por mi hija, y para ellos todo esto ha sido muy fuerte en el área psicológica. Explican que es como que los remecieron y están saliendo de cuarto medio sin tener conocimiento, sin tener las herramientas para rendir, por ejemplo, una prueba PAES», agregó.
Las autoridades han señalado que para que los estudiantes no pierdan el año escolar, los calificarán con las evaluaciones que hayan alcanzado a rendir.
«Hay otros niños que sí van a dar la prueba, pero se despiertan angustiados en la mañana, evitan ir -y no estoy exagerando- a reuniones familiares, donde los adultos acostumbramos a preguntar: ¿qué vas a hacer?, ¿qué vas a estudiar?, ¿qué tienes pensado para tu futuro? Ellos no saben, entonces eso les complica muchísimo», aseveró la apoderada.
«El Slep no ha estado a la altura, no se pueden solucionar las cosas básicas»
Manríquez aseguró que nunca se había visto en la región un paro tan prolongado como el actual.
«Antes se veían situaciones recurrentes, por ejemplo la plaga de palomas, que siempre ataca el liceo, pero de alguna manera se podían gestionar estos recursos y en un periodo breve se podían arreglar. Pero, por lo que he ido estudiando y por lo que me he involucrado en este último tiempo, siento que el Slep no está bien hecho. Ahí está el gran problema. Es realmente necesario que haya un cambio de ley, una reestructuración. El Slep no ha estado a la altura, no se pueden solucionar las cosas básicas», dijo.
Los Slep fueron creados en 2017, en el gobierno de Michelle Bachelet, y en Atacama hay actualmente 79 instituciones educativas que dependen de este servicio, de las cuales, 60 están en paro. Las otras 19 son jardines infantiles que sí tienen sus puertas abiertas, según le indicó a El Líbero el diputado de esa región, Cristian Tapia (PPD), quien fue alcalde de Vallenar entre 2008 y 2020, precisamente cuando se hicieron estas transferencias, hacia el final de su último mandato.
La apodera insistió en que las condiciones, tal y como aseguran desde el Colegio de Profesores, lamentablemente no están dadas para que los niños vuelvan a clases. «Hay colegios que no tienen cañería y entonces no tienen baño. Hay escuelas con plagas de ratones y hay un colegio en el que se está cayendo a pedazos, literalmente, una muralla», indicó.
«Es un riesgo que en la mañana tus hijos entren y se encuentren con una sala destruida, defecada, orinada. Es así y está mal», dijo Manríquez.
«Las víctimas son los niños y jóvenes que están al medio de esta lucha política»
Manríquez aseguró que los niños de la región están siendo vulnerados. «Acá las grandes víctimas son los niños y jóvenes que están metidos al medio de esta, no sé si se le puede llamar, lucha política», aseveró.
«Uno no logra entender cómo tienen 53 días a estos estudiantes sin clase, porque no puedan solucionar un problema, porque no se les pueda entregar un plan de trabajo», agregó la apoderada.
Precisamente ayer, el ex ministro de Educación, Raúl Figueroa, dijo en el programa ‘Al pan, pan’ de El Mostrador, que a los pequeños los tienen como «rehenes».
«Estos alumnos de Atacama, que se encuentran en una de las regiones con mayores índices de pobreza y peores resultados académicos, son rehenes de ciertas presiones ejercidas por grupos de interés”, denunció.
Apoderada de Atacama: «Hay 40.000 millones de pesos que están perdidos»
Manríquez también se refirió a la auditoría que el Ministerio de Educación realizó al Slep de Atacama, que tuvo resultados alarmantes. «Se observan debilidades graves en el control de las transferencias entre cuentas corrientes, situación que podría implicar algún tipo de responsabilidad funcionaria, toda vez, que existen recursos que están destinados exclusivamente a financiar programas con fines específicos y la falta de control podría generar desviación de recursos públicos. (transferencias entre cuentas corrientes entre los
años 2022 a marzo de 2023 alcanza a M$100.233.499)», se indica en el documento.
«Según esa auditoría hay 40 mil millones de pesos que están perdidos, no saben dónde están, no se sabe en qué fueron ejecutados», dijo.
Creo que corresponde acusación constitucional a ministro de educación, delegado presidencial, y si no hay reacción al presidente, así de simple, no fue elegido para ir a ver deportes en horas de trabajo