Publicado el 26 noviembre, 2020

Anular Ley de Pesca: La obsesión del PC que fue considerada inconstitucional por la propia Bachelet

Autor:

Daniela Bas

El 2016, durante el segundo gobierno de la ex Mandataria, los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez, ambos del Partido Comunista, presentaron el proyecto de nulidad que se aprobó en la Cámara este martes. Hace cuatro años, el entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, calificaba la moción como “inconstitucional”, misma postura que mostró esta semana la actual administración. El proyecto de nulidad incluye un insólito artículo: que se hará efectiva solo cuando exista una nueva ley, plazo que puede ser de dos años.

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Daniela Bas

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Siete años han pasado desde la primera vez que el diputado Hugo Gutiérrez (PC) junto a otros parlamentarios de oposición, intentaron anular la Ley de Pesca. Es casi el mismo tiempo que tiene la ley, ya que cuatro meses después de que fue promulgada en el Diario Oficial, el 2013, el diputado presentó una moción para derogarla, argumentando que se legisló en base a conflictos de intereses del ex diputado Jorge Ulloa (UDI) con la Pesquera Blumar S.A.

El proyecto inicial de la Ley Nº20.657, más conocida como “Ley Longueira”, ingresó al Congreso el 14 de diciembre de 2011 y se publicó en febrero de 2013, tras más de un año de intenso debate parlamentario con informes, mociones, más de 60 votaciones y el fallo favorable del Tribunal Constitucional. En la Cámara se aprobó con 71 votos a favor, de los cuales 24 fueron de la Nueva Mayoría.

Pero desde este martes, la Ley de Pesca podría pender de un hilo, ya que a pesar del anuncio de reserva de constitucionalidad que hizo el Gobierno y de la decena de perjuicios que traería para el rubro, según el Ejecutivo, la Cámara de Diputados aprobó en general su nulidad con 81 votos a favor, 46 en contra y 12 abstenciones. Entre los favorables, 7 son diputados de Chile Vamos. De la UDI aprobaron Joaquín Lavín León, Rolando Rentería, Celso Morales, Pedro Pablo Álvarez y Nora Cuevas y de RN, Jorge Durán, y el independiente Pablo Prieto.

El diputado Leonidas Romero (RN), quien integra la Comisión de Pesca -y que en un comienzo aprobaría el proyecto, pero luego se alineó con el gobierno- señala a El Líbero que “el Partido Comunista se está dando un gustito porque ya le tomaron el pulso al Gobierno que promete ir al Tribunal Constitucional y no lo ha hecho. El PC se dio cuenta que tiene calzado al Presidente y están tomando decisiones populistas que desgraciadamente parlamentarios de nuestra coalición están respaldando”.

La trama PC del proyecto de nulidad

La arremetida del PC se materializó el 2016 cuando los diputados Hugo Gutiérrez y Daniel Núñez (junto con el patrocinio de otros parlamentarios entre los que se encontraban los también comunistas Karol Cariola, Lautaro Carmona, Guillermo Teillier y Camila Vallejo), presentaron un proyecto de ley para declarar la nulidad de la Ley de Pesca o  “Ley Longueira”. Las acusaciones de presiones de grupos económicos pesqueros a parlamentarios durante la tramitación de la medida, fueron los principales argumentos de los parlamentarios que impulsaron la iniciativa.

El hecho ocurrió en medio del segundo mandato de la ex Presidenta Michelle Bachelet. Y fue duramente cuestionado por su gobierno. El entonces ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, señaló aquel año: “Esta moción es inconstitucional. Esperamos que la Comisión de Constitución comparta dicho criterio y obviamente nosotros estamos evaluando todas las alternativas”. No desechaba, de esta forma, acudir al Tribunal Constitucional.

En la misma línea, el ex ministro de Hacienda de Bachelet II, Rodrigo Valdés, comentó que no descartaban ninguna acción a tomar. “Todos sabemos que la Ley de Pesca está muy cuestionada, pero la anulación de una ley no existe en nuestro ordenamiento, por lo tanto, tenemos que trabajar en maneras de ver esto de una manera más institucional”.

La postura de los ministros tenía también apoyo entre parlamentarios del entonces oficialismo. Así, el ex senador DC, Ignacio Walker, declaraba que el proyecto “es el más grave acto de demagogia y populismo de 25 años de democracia”, y el diputado Pepe Auth (Ind) comentaba que “el camino que abrimos por la vía de auto otorgarnos el derecho de anular leyes es un camino de debilitamiento definitivo de la institucionalidad política chilena”.

El proyecto quedó paralizado en el Parlamento durante casi tres años, en los cuales no hubo votaciones ni se llevaron a cabo trámites legislativos, hasta el comienzo del actual mandato del Presidente Sebastián Piñera.

El 2018, Hugo Gutiérrez, como presidente de la Comisión de Constitución, anunció que se votaría en general en la Comisión, lo que fue valorado por el diputado Boris Barrera (PC): “De ser aprobada se convertirá en una potente señal en el combate contra una ley que se forjó en torno al soborno y la corrupción”, decía el parlamentario.

Finalmente se votó en enero del 2019, con un resultado de 7 votos contra 1 a favor de la nulidad de la Ley de Pesca. De ahí pasó rápidamente a la Comisión de Pesca de la Cámara que también aprobó el proyecto por 10 votos a favor y 3 en contra.

El rol de los diputados Gutiérrez, Núñez y Barrera, todos del Partido Comunista, para lograr finalmente que se aprobara la nulidad de la ley se dejó ver con claridad. Gutiérrez estuvo presente desde la primera intención de anular la ley; Núñez se unió como autor del proyecto en 2016, y Barrera actuó desde la Comisión de Pesca. De hecho, en su página web señaló que su intención desde que asumió como diputado e integró dicha comisión fue “retomar este proyecto presentado por sus colegas de la bancada”.

“Insistimos para que se colocara en tabla en la Comisión de Constitución, luego en la Comisión de Pesca y finalmente en la Sala. Lo hice porque esa carga de un Congreso corrupto no tengo por qué llevarla en mis hombros”, indicó Barrera.

Además, el diputado Daniel Núñez compartió en su cuenta de twitter su activa participación en las marchas junto a pescadores para “exigir el fin de la corrupta Ley Longueira”. El martes 24, día de la votación, marchó desde Caleta Portales al Congreso, con una mascarilla en la que se leía “No a la ley de pesca de arrastre”.

El insólito “artículo transitorio”

Durante la sesión en la Cámara, el Ejecutivo explicó lo perjudicial que sería volver a la Ley de Pesca promulgada en 1990. En un intento por evitar ese vacío que se podría producir, un grupo de parlamentarios, impulsados por la DC, promovieron un artículo transitorio para que la ley actual se invalide solo cuando se publique en el Diario Oficial una nueva ley sobre Pesca en un plazo no mayor a dos años. Es decir, aún de proceder la nulidad de la Ley de Pesca, habría un plazo máximo de 2 años para tramitar y aprobar una nueva ley que pueda reemplazarla. El documento tuvo apoyo de distintos sectores y contó con las firmas de Iván Flores (DC), Camila Rojas (Comunes), Pepe Auth (Ind), Francisco Unduraga (Evópoli), Joanna Pérez (DC), Fernando Meza (Ind), Matías Walker (DC), Víctor Torres (DC), René Alinco (Ind), entre otros.

No todos lo hicieron. Leonidas Romero (RN) rechazó la petición para firmar que hicieron diputados de la DC y el FA. Argumenta que “aquí podríamos modificar esta ley como lo hemos hecho con otras. Se pueden modificar leyes, pero eliminarlas de ninguna manera. Los parlamentarios no tenemos atribuciones para anular una ley”.

Más de una decena de efectos nocivos tendría anular la Ley de Pesca que rige actualmente, según expresó el ministro de Economía, Lucas Palacios, durante la votación. Los industriales recuperarían las autorizaciones de pesca indefinidas y volvería la “carrera olímpica”, que implica que el que tiene más poder de captura logra mayores niveles de recursos. Además, se dejaría de pagar el impuesto que fue creado junto con las licencias de renovación indefinida, conocido como “royalty”. Esto trae efectos negativos en la recaudación de impuestos, tanto para la industria como para el Estado, que solo el año 2020 espera obtener $36.802 millones por este concepto.

Otro efecto sería para el ámbito artesanal, ya que se eliminaría el actual fraccionamiento y volvería a porcentajes mucho más favorables para la industria que para el tipo de pesca artesanal. Al estar inserta en la Ley de Pesca, la Ley de la Jibia se anularía y volvería a estar permitida su captura con arrastre por la industria. Ley que impulsó, irónicamente, el diputado Daniel Núñez (PC).

Tomando en cuenta la inconstitucionalidad de la ley, el subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, presentó una “reserva de constitucionalidad en el acta de la sesión y acta de la ley”, argumentando que se “infringe la Constitución en sus artículos 7º y también 46 y 93”. Y añadió que “aprobar una ley que anula una anterior sería un gravísimo precedente, porque se podría venir una verdadera corrida de leyes anulatorias que modificarían el Estado de Derecho”.

A su vez, el Gobierno avanza en paralelo en la Ley Corta de Pesca, donde se aborda el tema de terminar con ciertos privilegios, “eliminando las Licencias con renovación indefinida, obligando a licitar todo por tiempo definido y respetando la libre competencia”, además de incorporar disposiciones para perfeccionar la ley. Esta Ley Corta fue aprobada en general por el Senado y en particular por la Comisión de Pesca.

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