Publicado el 27 febrero, 2021

Analista describe cómo las guerrillas venden su “know how” al crimen organizado en la región

Autor:

Emily Avendaño

Javier Ignacio Mayorca es un periodista especializado en criminalística, consultor e integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. En conversación con El Líbero explica cómo las organizaciones de crimen organizado pueden aprovechar los canales que se abren con la droga para adentrarse en otros mercados ilegales o no regulados. Aborda el proceso de expansión de guerrillas como el ELN y las disidencias de las FARC en Latinoamérica y cómo parte de sus servicios consisten en vender su “know how”, lo cual, no descarta, pudiese ocurrir en Chile.

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Emily Avendaño

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El aumento en el número de atentados violentos en la macrozona sur, la utilización y exhibición de armamentos de grueso calibre, la detonación de explosivos dentro de un vehículo, o echar abajo antenas de telecomunicaciones, las emboscadas y ataques a la policía, y, además, el auge del robo de madera y la detención de personas reconocidas por ser parte de organizaciones como la Coordinadora Arauco-Malleco o de grupos que reivindican los hechos de violencia en causas por tráfico de drogas, han hecho que, en el discurso oficial y de los agricultores de la zona, los atentados se desmarquen cada vez más del conflicto por las reivindicaciones de los derechos del pueblo mapuche y sean vistos como el resultado de la acción de bandas dedicadas al crimen organizado. 

Otro punto que reiteran desde la VIII y la IX Región es la utilización de “técnicas de guerrilla”, similares a las de la desarticulada FARC colombiana. 

El gobierno del Presidente Iván Duque ha reiterado que está probada la presencia de la disidencia de las FARC o la ahora llamada Segunda Marquetalia en Venezuela, incluyendo al cabecilla Jesús Santrich. Asimismo, han logrado verificar que cuadros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) también operan en el país petrolero. A finales de enero la revista colombiana Semana reveló los archivos del tercer jefe del frente de Guerra Occidental del ELN, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel, que daban cuenta de la existencia del denominado Plan Hermes, por medio del cual esta guerrilla busca expandirse en el continente, tratando de infiltrar los colectivos pacíficos de agitación social.

En este contexto, Javier Ignacio Mayorca, periodista venezolano especializado en criminalística, consultor e integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado, conversa con El Líbero sobre la “internacionalización de la criminalidad”, un concepto en el que profundizó en su blog Crímenes Sin Castigo. Allí señala, entre otros puntos, que “algunos grupos de delincuentes comunes venezolanos han refinado sus actividades… Ya no se caracterizan solamente por ejecutar robos u homicidios. Ahora, tratan de intervenir en actividades más sofisticadas como el tráfico de migrantes, a menudo en condiciones precarias”.

Mayorca ejemplifica cómo las organizaciones de crimen organizado pueden aprovechar los canales que se abren con la droga para adentrarse en otros mercados ilegales o no regulados, como por ejemplo el tráfico de personas. “Las primeras rutas para el traslado al exterior de la marihuana colombiana, la Santa Marta Gold, eran rutas que se utilizaban antes para el traslado de elementos que estaban en un área gris y que eventualmente se convirtieron en una actividad ilegal. Primero el contrabando de cigarrillos, y segundo el contrabando de esmeraldas”.

El especialista en criminalística describe que las rutas de estas operaciones no se trazan en línea recta: “Las rutas del delito organizado, y la droga es una manifestación del delito organizado, a menudo tienen idas y vueltas, zigzag, vaivenes. ¿Por qué esto es así? Porque la ruta de la droga se basa en una conjunción de complicidades. Cuando una ruta se abre es porque los cómplices, las personas que están dispuestas a dejar pasar la droga, a no decomisarla, a mirar hacia otro lado o que están dispuestos a llevarla se ponen de acuerdo”.

En particular sobre el caso de Chile, el periodista sostiene que el país figura ya no solo como lugar de tránsito, sino también de llegada o destino de la droga que se produce en los países andinos, “especialmente de la cocaína peruana”. 

Argumenta: “Las condiciones económicas de Chile así lo favorecen, una clase media creciente, dispuesta a hacer gastos, como llegó a suceder con la clase media brasileña y también porque Argentina tiene un creciente consumo y es una especie de trampolín para llegar a otros mercados. Esas condiciones particulares hacen que sea necesario revisar muy bien cómo es que están estructuradas las rutas”.

De regreso al ejemplo con Colombia, afirma que los que llevaban la marihuana empezaron simplemente a reemplazar una cosa por otra porque era una operación mucho más tentadora desde el punto de vista económico. “En la medida en que la actividad se consolida en el tiempo vas uniendo esfuerzos, vas incrementando la estructura criminal, otra gente aporta más conocimiento más complicidades y la ruta se va extendiendo”, sostiene.

Algunos grupos entran en una dinámica de crecimiento que exige un aporte de recursos que sus cuadros internos no están en capacidad de proveer, entonces acuden a esas ramificaciones internacionales, a esos capítulos internacionales, ya no para propiciar el enfriamiento o el ocultamiento de sus cuadros sino también para que esos mismos cuadros que están afuera empiecen a suministrar recursos que ellos necesitan”.

¿Cuánto apoyo político, específicamente, se necesita para conseguir esto? “Depende de la presencia del Estado”, analiza el integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado. “Si se trata de un lugar en el que la presencia del Estado es muy precaria pues de repente ni siquiera tienes que entenderte con los políticos, esa no es una condición sine qua non. Sin embargo, cuando la actividad ilegal empieza a producir una acumulación de riqueza y capital en esos lugares los políticos pronto se darán cuenta, y entonces empezarán a aproximarse”.

A medida que la actividad criminal va creciendo y consolidándose, explica, los delincuentes empiezan a generar mayores intereses y tarde o temprano esa esfera de interés entra en colisión con la esfera de interés de los políticos. Es entonces cuando se empiezan a ver alianzas o conflictos. De nuevo remite a un ejemplo colombiano y a la figura de Pablo Escobar, quien fuera el líder del Cartel de Medellín, quien empezó financiando campañas hasta que él mismo se percató de que podía optar a una diputación, la cual logró como suplente.

“La violencia opera como una especie de factor disruptor. Mientras el delincuente organizado mantiene sus niveles de violencia bajos y restringidos meramente al control de la disciplina interna de sus filas, el político estará dispuesto a mirar a otro lado”, afirma. “Eso pasó con el Cartel de Cali, que era la gran estructura de delito organizado que competía con Medellín. Mientras los de Medellín eran más violentos y llenaron de sangre a Colombia, pues los de Cali eran más negociadores e incluso presumían de su educación y esto les permitió a ellos penetrar muchísimo y desestabilizar el sistema político colombiano”. 

La expansión de la guerrilla: operan donde “perciban que pueden obtener una ganancia”

Mayorca marca una diferencia entre las organizaciones criminales cuyo fin último es el enriquecimiento de aquellas cuyo objetivo primordial es la llegada al poder, por la vía armada. “La concreción de la famosa revolución”.

En cuanto a las guerrillas, el especialista indica que hay varias razones por las que agrupaciones de este tipo, que entienden el ejercicio de la política por la vía de la violencia, buscan expandirse a otros territorios. “Es muy importante entender la personalidad de cada grupo. Hay grupos que, anteriormente, eran muy respetuosos de la autodeterminación de los pueblos y la soberanía, por lo que salían del lugar en el que surgieron simplemente porque concebían que esos territorios les permitían huir de la persecución planteada en los países donde operan; pero en otros ámbitos se ha visto que algunos grupos entran en una dinámica de crecimiento que exige un aporte de recursos que sus cuadros internos no están en capacidad de proveer, entonces acuden a esas ramificaciones internacionales, a esos capítulos internacionales, ya no para propiciar el enfriamiento o el ocultamiento de sus cuadros sino también para que esos mismos cuadros que están afuera empiecen a suministrar recursos que ellos necesitan”.

En esta línea, subraya: “No son procesos que ocurren de un día para otro. Son cuestiones progresivas en las que la organización en la medida que va creciendo exige recursos. Lo que está documentado en el caso de las FARC es que se plantean realmente, en serio, el tema de la droga en 1997, cuando se celebra un secretariado ampliado y se llega a la conclusión de que el esfuerzo de guerra necesitaba un aporte de recursos extraordinario, que podría venir del gramaje, que es la vigilancia de los cultivos, y de los secuestros. Lo peligroso de esto, es que genera un “know how” (saber hacer), que después cuando las organizaciones se desmovilizan queda a cada uno; y ahora se les ve secuestrando, llevando droga, porque ya tienen los nexos, saben cómo se hace, en fin. Entonces, aún siendo disidentes continúan traficando droga, vigilando los cultivos y tienen alianzas, contactos. Eso es lo perverso de esto”.

Las FARC se desmovilizaron tras la firma de los acuerdos de paz entre Colombia y el grupo guerrillero el 24 de noviembre de 2016. Varios de sus líderes se incorporaron, como integrantes de un partido político, a la institucionalidad; pero otros como Iván Márquez, quien fuera jefe del equipo negociador de las FARC, Seuxis Paucias Hernández alias “Jesús Santrich”, y Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, anunciaron en agosto de 2019 su intención de retomar la lucha armada.

En el caso del ELN, el diálogo de paz con el Gobierno Colombiano se fracturó a inicios de 2019 luego de un atentado con carro bomba contra la Escuela de Cadetes de la policía en Bogotá, que dejó 22 fallecidos, además del agresor. Las conversaciones se estaban llevando a cabo en Cuba y la isla se niega a cumplir la solicitud de Colombia de extraditar a los dirigentes de la agrupación.

Pese a esta recomposición, Mayorca considera que ambas agrupaciones subversivas mantienen capacidad de acción y de extenderse hacia el resto de Latinoamérica. “Las disidencias de las FARC han operado en el norte de Ecuador, en el Tapón del Darién (fronterizo entre Panamá y Colombia) y también operan en Venezuela. De manera que no es muy difícil pensar que ese proceso de extensión continuará. Sobre todo donde ellos perciban que pueden obtener una ganancia, ya sea mediante la desmovilización, o sea el enfriamiento de sus cuadros y también en la posibilidad de obtener recursos, ya sea mediante la explotación de mercados ilegales o en alguna actividad en apariencia lícita que les permita lavar fondos. Esta es la gran teoría con las FARC, pero se puede aplicar también a cualquier otro grupo que intente un cambio político por la vía de las armas, en fin cualquier otra organización que esté calificada como terrorista”, dice. Lo cual va acompañado de una estructura de logística y soporte financiero.

Lo peligroso de esto, es que genera un know how (saber hacer), que después cuando las organizaciones se desmovilizan queda a cada uno; y ahora se les ve secuestrando, llevando droga, porque ya tienen los nexos, saben cómo se hace, en fin. Entonces, aún siendo disidentes continúan traficando droga, vigilando los cultivos y tienen alianzas, contactos. Eso es lo perverso”.

“El ELN tiene una característica que lo hace mucho más prudente en cuanto a la expansión internacional, pero definitivamente tiene una presencia en Venezuela muy fuerte. El Bloque de Guerra Oriental ha estado muy activo y es el que opera en Venezuela. Aunque en sus comunicados sostienen que como ELN ‘no tenemos la política de inmiscuirnos en los asuntos de otro país, respetamos la autodeterminación de los pueblos’. Esto a propósito del supuesto apoyo del ELN al candidato ecuatoriano que estaba promovido por Correa, Andrés Arauz, es interesante porque dicen eso pero, ¿cómo es que tienen tanta presencia en Venezuela? Porque existe un mercado minero y de control del comercio ilegal que es muy atractivo, pero cada organización tiene sus ritmos, sus maneras de actuar y eso hay que entenderlo”. 

Una disidencia de las FARC, dedicada al narcotráfico, es la que secuestra y mata a un equipo periodístico ecuatoriano conformado por el fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años; el redactor Javier Ortega, de 32 años; y el conductor Efraín Segarra, de 60 años, en 2018, en una operación que se llevó en el sector fronterizo entre Colombia y Ecuador.  

-¿Una forma de estos grupos de obtener financiamiento puede ser la instrucción o la formación de guerrillas en otros países? En Chile la fiscalía acreditó que integrantes de la CAM habían ido a Colombia a instruirse, y ahora se habla de la presencia de gente de las FARC en Chile.

-Sí. Esos son servicios que se venden. Llega un momento en que la empresa de guerra requiere de tantos recursos que también están dispuestos a vender su know how. Lo mismo hicieron las FARC con ETA. De acuerdo con los autos que soportaban la extradición de un reconocido etarra en Venezuela, este señor sirvió como especie de guía de un grupo etarra que llegó en la primera década de este siglo a Venezuela, que contó con una escolta de autoridades venezolanas, pero cuyo destino final era La Guajira, el territorio del norte de Santander, donde impartiría cursos a la FARC sobre la elaboración de explosivos, entre ellos estos famosos morteros que se hacen con balones de gas. Ese conocimiento fue transmitido a las FARC por ETA, de acuerdo con el auto del juez Velasco.

-¿Considera viable que esta expansión llegue al sur de Latinoamérica, en particular a Chile?

-No tengo evidencia de que haya llegado ya. En todo caso la viabilidad depende de la disponibilidad de recursos. Si la organización que intenta adquirir el know how dispone de los recursos o de alguna forma de pago, pues estos elementos no dudarán en ofrecer sus servicios. Eso está muy claro y no sería la primera vez. Lo mismo hizo Septiembre Negro (organización terrorista palestina), cuando estaba la Guerra Fría, unos grupos armados ofrecían entrenamiento a otros. Eso está en la historia de Carlos El Chacal, pasó en África, pasó en Asia y ha pasado en Latinoamérica y, desde luego, la situación chilena no sería la última y tampoco la primera.

El factor Venezuela: PDVSA como “instrumento de la guerrilla colombiana”

La disidencia de las FARC queda con los contactos internacionales y con la estructura de organigrama que tenía la organización antes de 2016 y eso tratan de motorizar desde Venezuela. Mayorca sostiene que Iván Márquez, cuyo verdadero nombre es Luciano Marín, y alias Jesús Santrich están en el país petrolero. Lugar desde donde expanden sus operaciones hacia Cuba, Centroamérica y también hacia el sur. 

El periodista informó en su blog que “una corte estadounidense acogió la moción del hijo de una víctima de las FARC, en el sentido de que le sea pagada una compensación por daños y perjuicios con fondos de Petróleos de Venezuela (PDVSA)”, ya que la estatal “es un instrumento de la guerrilla colombiana”.

Al respecto, recuerda que alrededor de 2002 comenzó entre Hugo Chávez y las FARC “algo mucho más serio que una afinidad ideológica o una simpatía, que era lo que había antes”. El integrante del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado subraya que el nexo está documentado desde mucho antes de que cayera la bomba sobre el campamento de Raúl Reyes, conocido Canciller de las FARC, en 2008, y se hicieran públicos los acuerdos de todo nivel que había entre los elementos de las FARC y del oficialismo venezolano.

“Lo que ha ocurrido es que esa relación ha ido estrechándose. PDVSA no siempre fue un instrumento de las FARC, pero cuando una organización, especialmente del nivel de PDVSA pierde la noción de los controles internos y tampoco es controlada desde afuera, sino que se convierte en una especie de saco roto del cual pueden disponer sin ningún tipo de reparo entonces ocurren estas cosas. Además, PDVSA era una empresa con profundos lazos internacionales por su rol exportador de petróleo”. 

Mayorca recuerda que uno de los archivos de Reyes daba cuenta de un aporte de 300.000 dólares que se hizo con dinero de PDVSA a la ex senadora colombiana Piedad Córdoba. “Cuando una organización entrega 300.000 dólares a la operadora política de la guerrilla ves que hay algo muy podrido allá dentro”. Ahora, el beneficiado de la decisión judicial, Antonio Caballero, tendrá que probar que esos fondos de PDVSA, que están congelados, forman parte de una estructura que favorece el terrorismo.

El periodista evita referirse a Venezuela como un “narcoestado”, ya que considera la expresión como una “grave generalización”. “Lo que yo veo después de haber investigado esto y recopilado información es que no existe en Venezuela una estructura estable, jerarquizada, que nos permita hablar de un solo cartel. Existen varias estructuras que intentan aprovechar sus posiciones de poder ocasionalmente para ejercer tráfico de drogas, pero también otro tipo de tráficos y aprovechar los recursos del Estado por vía de corrupción. Cuando uno ve esto se entiende que la calificación de ‘narcoestado’ se queda pequeña. Es muy simplista. Esta es una realidad mucho más compleja. Si esto fuera solamente un narcoestado hace tiempo que habríamos tenido un cambio político. Esto es mucho más”.

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