Publicado el 29 noviembre, 2020

Amenazas en redes sociales contra autoridades: PDI registra 60 casos en 2020

Autor:

Emily Avendaño

En lo que va del año, la Brigada Investigadora del Cibercrimen registra únicamente en la Región Metropolitana 60 casos por amenazas contra autoridades proferidas en plataformas virtuales. La mitad corresponden a parlamentarios (21 a diputados y 9 a senadores), y la figura que aglutina más ataques de este tipo es el Presidente Sebastián Piñera. Además el Departamento de Protección de Personas Importantes de la PDI tenía bajo su resguardo a 8 legisladores y un ministro hasta el 28 de septiembre. El viernes, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para uno de los imputados por amenazas en contra de la fiscal Ximena Chong, debido a que también habría incurrido en infracción a ley de armas. 

Autor:

Emily Avendaño

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“Si usted considera que esta carta constituye una amenaza seria hacia su integridad psicológica y física, entonces está en lo correcto”. La frase forma parte de la carta que el pasado 6 de octubre recibió en su domicilio la fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong. 

Ocho personas fueron imputadas por amenazas contra la persecutora ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago en una audiencia que se llevó a cabo los días jueves y viernes. Siete de ellos quedaron con medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a Chong y a su familia; y el otro, Pablo Martínez Castro, está en prisión preventiva pues además de la intimidación en su vivienda se halló una subametralladora marca IMI ISRAEL, calibre 9mm, serie 60721, con su respectivo cargador, y 17 cartuchos calibre 9mm, sin percutir, por lo que se consideró que además incurrió en una infracción a la Ley de Armas. 

Desde que Chong asumió el caso del ahora ex carabinero Sebastián Zamora, a quien acusó por el delito de homicidio frustrado en contra de un joven de 16 años que cayó al río Mapocho durante los disturbios el pasado 2 de octubre, “impulsado” por el policía, comenzó a recibir mensajes que daban cuenta de su dirección o que la conminaban a caminar “mirando hacia atrás” o “pronto te vas a ir mujer y vas a caer tú y tu afán de eliminar a Carabineros. Resguárdate no más, la vida se te hará imposible”. 

La carta por la que ocurrió la formalización fue entregada en físico en la residencia de Chong y la recibió su hijo. El texto sumado al merodeo de motorizados en los alrededores de la vivienda llevó a que un punto fijo de la PDI comenzara a custodiar su domicilio.

De acuerdo con una solicitud de Transparencia hecha por El Líbero a la PDI, hasta el 28 de septiembre de este año, había ocho parlamentarios y un ministro con resguardo del Departamento de Protección de Personas Importantes de la policía civil. De esta forma la fiscal pasó a engrosar esta lista. 

Octubre de 2019 marcó un antes y un después. No solo porque dio paso a la elaboración de una nueva Constitución, sino porque desde entonces las intimidaciones y amedrentamientos a las figuras de autoridad se incrementaron. 

El subprefecto Luis Orellana, jefe de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la PDI, detalló que desde el 1 de enero al 26 de noviembre de 2020 han tenido a su cargo 60 casos relacionados a amenazas a diferentes tipos de autoridades, solo en la Región Metropolitana, y proferidas únicamente a través de plataformas virtuales y redes sociales. De esas indagatorias, 21 afectan a diputados y 9 a senadores; con lo que los amedrentamientos en la web a legisladores concentran el 50% de las investigaciones. No obstante, en particular, la figura que aglutina más ataques de este tipo es el Presidente Sebastián Piñera, con 9 amenazas.    

Orellana explicó que de las 60 investigaciones de 2020 ya 40 tienen resultados, es decir, que se logró identificar al autor de las intimidaciones. 

La denuncia más reciente ocurrió en el contexto del debate por el segundo retiro de 10% de los fondos previsionales. La senadora Carolina Goic (DC) difundió el 19 de noviembre un mensaje dejado en su Instagram. “Si la abuela da la orden -en alusión a la diputada Pamela Jiles- tendremos que quemarte la casa”. 

Desde el entorno de la legisladora informaron que no tiene ni ha solicitado custodia, no obstante, preventivamente, Carabineros pasa eventualmente por su residencia. El responsable de la intimidación fue identificado por la PDI y asesores de Goic tuvieron la oportunidad de conversar con él. Explican que “se mostró arrepentido y avergonzado y le mandó disculpas a la senadora”. 

Los mensajes intimidatorios contra Goic ocurrieron tras un mensaje de la diputada humanista Jiles que el 18 de noviembre acusó a la parlamentaria magallánica y al senador Juan Pablo Letelier de formar parte de una “sucia cocina para torcer voluntad popular” por su posición con respecto al proyecto de retiro de fondos de pensiones presentado por el Gobierno.

Letelier también alertó de la existencia de amenazas en su contra por haberse abstenido cuando el proyecto presentado por el Ejecutivo fue votado en las Comisiones de Hacienda y Trabajo.

El rol de la PDI: “Toda amenaza, independientemente del medio, es un delito”

Primero fue el estallido social de octubre de 2019, luego vino el comienzo de la pandemia en Chile, en marzo y abril, cuando las decisiones tomadas por la autoridad sanitaria no satisfacían al 100% de la población. Le siguió el debate en el mes de julio del primer retiro del 10% de los fondos previsionales; y el último hito corresponde a noviembre con la discusión del segundo retiro de los fondos de pensiones. Cada uno de esos momentos han significado un punto de inflexión en las estadísticas que lleva la Brigada Investigadora del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones en cuanto a amenazas proferidas por plataformas digitales o redes sociales a figuras de autoridad. 

Las amenazas afectan a personalidades de distinto rango, pasan por el Presidente de la República y además incluyen a diputados, senadores, intendentes, alcaldes, jefes de servicio, algunas comisarías de carabineros, fiscales, jueces e incluso a la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches. 

El castigo para estos casos varía de acuerdo con la circunstancia en que se cometieron los hechos. El subprefecto indica que en algunos casos, cuando la Policía de Investigaciones identifica al autor de la amenaza, lo informa al Ministerio Público y lo que ocurre con muchos de estos sujetos es que quedan apercibidos según el artículo 26 del Código Procesal Penal.

Otros factores que pueden influir en las medidas que se tomen contra quien comete la intimidación es la cercanía con su víctima o que formen parte de algún tipo de organización. Orellana dice que en los casos en que han individualizado a los responsables no existe un perfil único, pues los hay de todas las edades. “En el caso de la presidenta del Colegio Médico nos encontramos con que era un grupo organizado que se dedicaban a amenazar a otros a través de redes sociales. Pero en la mayoría de los casos que involucran a autoridades, las amenazas ocurren cuando esta figura aparece dando una noticia u opinión. Inmediatamente, a la persona que no le gusta ese criterio lo primero que hace es amenazar o mandar un mensaje para hacerlo cambiar de punto de vista o generar una presión sobre la autoridad. En vez de entregar su sentir envían un mensaje amenazante, es decir, cometiendo un delito, aunque ellos muchas veces piensan que no es delito”.

Sobre este aspecto, el subprefecto subraya que “todo mensaje, amenaza que se haga, independientemente del medio, es un delito”, sea que se utilicen redes sociales o que la amenaza se emita de forma presencial. 

Legisladores amenazados

Al menos tres senadores y ocho diputados recibieron amenazas durante el mes de julio, en el contexto de la discusión del primer retiro del 10% de los fondos de jubilación. 

Ese mismo mes el diputado RN Andrés Celis denunció ante la Fiscalía Regional de Valparaíso amenazas y hostigamientos en su contra realizados mediante redes sociales, esto a partir de una denuncia que interpuso en contra de su par Diego Schalper (RN). 

Ejemplifica que otro momento en que las amenazas recibidas por redes sociales fuero “feroces” es cuando se discutía el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TPP11). Sin embargo, la lección que ha tomado de todas estas intimidaciones es no leer ese tipo de mensajes y, en el caso de verlos, evalúa si se trata realmente de una amenaza o es un “comentario desafortunado o agresivo”. Para esto se fija si mencionan algún dato preciso de su familia, si publican sus datos privados, como dirección o teléfono o si conocen sus hábitos o lugares que frecuenta. Otro factor que considera es si se trata de una amenaza de muerte o violación. De lo contrario trata de “no agobiar a Carabineros”. 

“Encontré muy egoísta contratar a alguien o pedir algún tipo de custodia especial. Porque esto ocurrió justo después del estallido, con las calles vandalizadas y comercios saqueados. Y luego vino la pandemia. Esto llegó lamentablemente para quedarse. Yo hago harto terreno y tengo la suerte de poder caminar por las comunas que represento y eso te da confianza para seguir haciendo tu vida normal”, afirma. 

En particular, de la amenaza denunciada en julio explica que la policía ya dio con la persona, que se encuentra en la VI Región y está a la espera de que lo citen. 

“Ojalá te maten”, “ojalá no te cruces en mi camino o vas a pagar caro lo que estás haciendo” son algunos de los comentarios que el diputado Luis Pardo, también de RN, ha encontrado al revisar sus redes sociales. Al respecto, sostiene que ha podido continuar con sus actividades parlamentarias “de forma bastante normal durante todo el periodo de octubre, incluso seguí haciendo mis actividades de terreno y salvo alguno o que otro comentario, que son esperables, no he tenido problema. A pesar de tener posiciones muy controvertidas he tenido una buena acogida en la calle”. 

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