Publicado el 30 agosto, 2020

¿Adultos versus niños? Las dudas sobre el trasfondo ideológico de la oposición en el proyecto que regula los derechos de la niñez

Autor:

Emily Avendaño

A principios de agosto un nuevo “movimiento” apareció en redes sociales. Se dieron el nombre de Izquierdas y Niñeces y su carta de presentación es un manifiesto “antiadultista”. “Pensamos que hay que romper con ciertas resistencias a la idea de politizar la niñez”, argumentan y abogan por bajar la edad para votar. “El adultocentrismo oprime y discrimina a todos quienes no han cumplido la mayoría de edad”, dice el documento. En el Ejecutivo hay preocupación de que concepciones de este tipo se impongan en la discusión del sistema de garantías de los derechos de la niñez en el que se están eliminando las menciones al derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos.

Autor:

Emily Avendaño

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El proyecto de ley de garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia entró al Congreso promovido por la ex Presidenta Michelle Bachelet en septiembre de 2015. Ha tenido una larga discusión legislativa y desde 2017 permanece en la Cámara Alta en segundo trámite constitucional.

El gobierno del Presidente Sebastián Piñera lo reactivó en 2018 y le ha ingresado una serie de indicaciones que buscan precisar ciertos derechos y uniformar su contenido al de la Convención sobre los Derechos del Niño, incorporar un enfoque familiar, para que no se entienda al niño como un sujeto aislado. Esto se hizo, según fuentes del Ejecutivo, “potenciando el principio del derecho preferente y el deber de los padres a educar a sus hijos, incorporando el principio de fortalecimiento del rol protector de la familia” y también estableció un nuevo sistema de protección administrativa basado en la voluntariedad de los participantes, para que no implicase una intromisión indebida en el ámbito familiar.

Para quienes han estado familiarizados con el debate, este último año ha existido en el Senado un interés en debilitar el rol de los padres en relación a sus hijos, eliminando el derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos, en lo concerniente a algunos derechos clave. 

Por ejemplo, en enero de este año se aprobó por unanimidad de los senadores de la comisión especial de niños reemplazar los principios de “derecho y deber preferente de los padres y/o madres a orientar y educar a sus hijos” y “derecho preferente de los niños a ser orientados y educados por sus padres y/o madres” por el “derecho preferente y deber de los padres y/o madres de educar a sus hijos”, tal como está establecido en la Constitución. 

Sin embargo, en agosto de 2020 la oposición ingresó una indicación para reemplazar el texto ya aprobado y ahora se refiere más bien al “derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser cuidados y educados preferentemente por sus padres y/o madres”.

Trascendió que, durante las últimas semanas, desde la oposición han presentado indicaciones para eliminar la referencia al derecho de los padres en todos los artículos en que estaba consagrado de manera particular. El Gobierno está preocupado porque, de aprobarse todas estas indicaciones, se eliminaría la consagración en la ley de garantías del derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos, en contra de lo que la comisión ya había acordado en enero del presente año.

La oposición, por su parte, argumenta que los principios deben estar centrados en los niños y enfocarse desde su perspectiva, por lo que bastaría con lo establecido en el artículo 9, referido al fortalecimiento del rol protector de la familia.

Hay indicaciones que ya han sido aprobadas que, de acuerdo con el Ejecutivo, debilitan el rol de los padres. En el artículo 7, sobre la autonomía progresiva, se dice que solo la ley podrá limitar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No obstante, desde el Gobierno apuntan que parte del rol de los padres, en relación a la educación de sus hijos, implica limitar ciertos derechos en situaciones determinadas. Ese es uno de los artículos en el que se eliminó la referencia al derecho preferente y deber de los padres a educar a sus hijos, en la sesión del lunes 17 de agosto.

Otro ejemplo es el artículo 29, referido a libertad de asociación y reunión, que dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tomar parte en reuniones públicas y manifestaciones pacíficas en compañía de sus padres y/o madres, otros adultos responsables, “o por sí solos”, así como a promover y convocar reuniones y/o manifestaciones públicas “por sí mismos”. Aún falta por votar otras indicaciones sobre el inciso primero de este artículo, y las referidas a los derechos a la participación, vida privada y protección de datos personales, y la protección contra la violencia, en las que se puede ver afectado el derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos.

La senadora Ximena Rincón (DC) y los senadores Carlos Montes (PS) y Jaime Quintana (PPD) los principales en promover estas indicaciones. Incluso circuló un video de la votación en el que se escucha a Quintana preguntando a Rincón qué proyecto están discutiendo y cómo debe votar.

Proyecto político antiadultista

Un manifiesto comenzó a circular el 9 de agosto. Se trata de la declaración de principios del “proyecto político antiadultista” Izquierdas y Niñeces, impulsado por la socióloga Natalia Sepúlveda Kattan y el psicólogo Sebastián Soto-Lafoy, que entre sus “coordenadas políticas para la acción y reflexión” tiene “defender la pertinencia de la formación política de las niñas, niños y adolescentes”, así como “la autorrepresentación y la participación sustantiva y vinculante” de niños y adolescentes en los debates públicos, “sobre todos los asuntos relacionados con el interés común y no solo en aquellos asociados como ‘temas de niños’”.

El proyecto surge haciendo una crítica a las diversas “izquierdas”, ya que apuntan a que no ha existido un posicionamiento ideológico de este sector con respecto a la infancia, más allá de mantenerse en la línea del enfoque de derechos de la Convención de Derechos del Niño (CDN). Sus creadores plantean la existencia del “adultocentrismo” como un tipo de opresión, al igual que lo serían el capitalismo, el patriarcado y el colonialismo; y hablan de la existencia del “adultismo” como un tipo de discriminación por edad. 

El manifiesto dice que en este sistema la infancia y la adolescencia ocupan “un lugar menor en todos los ámbitos de la vida”, en el que las relaciones en general son de carácter “paternalista”. También rechazan que la tutela persista como una “cosmovisión de mundo en la que el mundo adulto, representado en sus instituciones (familiar, estatal, jurídica, escolar, etc.), decide y controla todos los aspectos de la vida de los niños, niñas y adolescentes, incluso cuando se trata de la materialización de sus propios derechos”.

Por tanto, proponen un “proyecto político emancipatorio, en el que la ‘minoría’ de edad no sea justificación ni excusa para la violencia, opresión, desigualdad, segregación y discriminación”.

Durante la presentación del proyecto, hecho a través de Instagram el 15 de agosto, en una conversación que se prolongó por casi dos horas entre Sepúlveda y Soto-Lafoy, la socióloga planteó: “Pensamos que hay que romper con ciertas resistencias a la idea de politizar la niñez”. Y agregó: “Creemos en la idea de los niños, niñas y adolescentes como sujetos políticos que de hecho inciden, lo han demostrado, en las transformaciones históricas, culturales, sociales en general”.

Cuando el diálogo llegó al punto de la defensa de la formación política de niños, niñas y adolescentes, Soto-Lafoy reconoció que se trata de un asunto polémico. “Uno de los discursos adultistas que rondan en el espacio social es el que tiene que ver con el adoctrinamiento. Por ejemplo, cuando Marcela Cubillos era ministra de Educación quería hacer un proyecto anti-adoctrinamiento… si uno lo piensa, el discurso del adoctrinamiento generalmente lo denuncian las autoridades políticas, de distintos cargos, desde el Presidente hacia abajo, como si los niños y niñas que emitieran algún tipo de opinión política fuese adoctrinamiento por parte de un adulto. En el fondo se parte de la base de que los niños y niñas no son sujetos políticos y que la política no les concierne”, argumentó. 

Soto-Lafoy luego se refirió a la sucesión de protestas que hubo en el país a partir del 18 de octubre: “Es cosa de ver los videos del estallido social, en las marchas, tienen una opinión muy clara respecto a, por ejemplo, las desigualdades sociales, en la educación, la salud, porque son cuestiones que ellos perciben en su vida cotidiana (…). Ahora, cuando hablamos de formación política tiene que ver con una comprensión del sistema en el que vivimos, porque una cosa es la percepción arraigada en la realidad material de que Chile es un país desigual pero otra cosa es la comprensión de cómo funciona el sistema”. 

El psicólogo chileno que se encuentra radicado en Buenos Aires haciendo un magister en Psicoanálisis también se refirió a “bajar la edad de votación”. Recordó que el año pasado el senador Alejandro Navarro promovió un proyecto que otorgaba el derecho de sufragio en elecciones municipales a quienes hayan cumplido 14 años de edad. “No sé qué otro partido ha planteado por ejemplo eso mismo: bajar la edad de votación, o que las políticas públicas de la infancia tenga una participación vinculante de los niños, niñas y adolescentes. Del Frente Amplio a la UDI no he visto declaraciones o proyectos de ley sobre eso. En ese sentido, no hay mucha diferencia, no es que sean iguales, pero en el léxico, la concepción de la infancia, dentro de la política partidista no hay mucha diferenciación”, dijo.

El manifiesto alude a que tradicionalmente la izquierda en estos temas utiliza un “léxico conservador, proteccionista y familiarista de la derecha”.

Un anhelo de la oposición

El llamado proyecto “voto joven” tiene la autoría de los senadores Alejandro Navarro y Jaime Quintana, y del ex parlamentario Eugenio Tuma, y propone que los jóvenes de 14 años puedan participar de elecciones municipales, mientras los que tengan 16 años puedan ser reconocidos como ciudadanos y votar en comicios parlamentarios y presidenciales. La norma fue aprobada por los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía el 15 de octubre de 2019, pero al ser discutida en Sala el 27 de noviembre fue rechazada con 20 votos en contra, 12 a favor, y 4 abstenciones. 

Cuando estaba ocurriendo la discusión en la Comisión de DD.HH. del Senado, la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, participó. Hizo una presentación ante la comisión el 17 de junio de 2019. Entre sus recomendaciones se indica que el Estado debe fomentar el derecho a la participación de los niños, niñas y adolescentes, y la ampliación del derecho a sufragio a los adolescentes, “el voto contemplado en este proyecto de ley, puede ser uno de los mecanismos”.  

El texto se explaya en que “la propuesta legislativa de rebajar la edad para ejercer el derecho a sufragio es positiva, pues puede considerarse como uno más de los mecanismos e instancias de participación efectiva y podría ser entendida como una manifestación del deber estatal de garantizar el derecho a ser oído y a la participación de los adolescentes”. Sin embargo, la presentación hace la salvedad de que deben establecerse mecanismos de protección especial, que garanticen efectivamente el ejercicio libre -subrayan esta palabra- de este derecho.

Cerrada la discusión y rechazado el proyecto en la Cámara Alta, Muñoz envió un oficio al Senado el 26 de mayo de 2020 en el que solicita que en ambas cámaras del Congreso se evalué realizar una modificación constitucional que permita la participación de los adolescentes en el proceso constituyente, a partir de los 16 años de edad. La defensora se sustenta en que en el período de crisis social que empezó en el país a partir del 18 de octubre de 2019, los estudiantes secundarios tuvieron un “rol crucial”.

En la cuenta de Twitter de la Defensoría de la Niñez se recordó este episodio. Dicen que Muñoz en un seminario realizado el 27 de agosto a propósito de los 30 años de la Convención sobre los derechos del Niño dijo que habían hecho esta solicitud al Senado, “porque resulta injusto que ellos/as hayan iniciado un movimiento social y ahora queden fuera”.

Los argumentos esgrimidos en ese oficio eran similares a los hechos en la presentación de 2019: el derecho a ser oídos, la autonomía progresiva, la importancia de la participación directa, el incremento de la participación electoral y algunas experiencias internacionales.

Bajar la edad para sufragar es un anhelo de la oposición, pues mientras se daba la discusión en la Cámara Alta en 2019, en paralelo las distintas colectividades estaban afinando los detalles del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado en la madrugada del 15 de noviembre. La DC, el Frente Amplio y Convergencia Progresista (PS, PPD, PR) enviaron, cada uno, un documento distinto al oficialismo el 23 de noviembre en donde planteaban algunos puntos que habían quedado fuera del acuerdo. Los tres textos coincidían en bajar la edad mínima para votar a los 16 años, aunque la rebaja en la edad no aplicaba para ser candidatos a la convención mixta o a la constituyente.

Por esos días, la diputada comunista Camila Vallejo también escribió en su cuenta de Twitter: “Diferencias sobre Acuerdo no nos inhibirá en participar y trabajar por un #AcuerdoSocial que garantice: voto obligatorio en toda instancia desde los 14 años”, entre otros puntos. El PC se negó a suscribir el pacto firmado entre las mayorías de las fuerzas políticas del país. No obstante, a través del bloque Unidad para el Cambio (integrado por el Partido Comunista, la Federación Regionalista Verde Social y el Partido País Progresista) presentaron un proyecto de reforma constitucional el 27 de noviembre en el que además de proponer un procedimiento para elaborar una nueva Constitución, incluían otros aspectos como el voto obligatorio y participación de jóvenes a partir de los 14 años; una edad similar a la de la propuesta que ese mismo día se estaba rechazando en el Senado, y a la que aludió el fundador de Izquierdas y Niñeces.

Afinidad con los secundarios

Izquierdas y Niñeces es de aparición reciente. Su manifiesto se publicó por primera vez el 9 de agosto, su cuenta de Facebook hizo su primera publicación el 2 de agosto, y en Instagram publicaron por primera vez el 5 de agosto. El día en que apareció la declaración de su programa Soto-Lafoy lo compartió en su Instagram diciendo que junto a Sepúlveda habían estado “mes y medio rompiendonos la cabeza” en la formulación y desarrollo del texto.

El documento, además de plantear la “pertinencia de la formación política de las niñas, niños y adolescentes”, dice que hay que “pensar en la emancipación de niños, niñas y adolescentes como una contribución a la superación general de la opresión capitalista”; “desfamiliarizar y desescolarizar la infancia”; y “generar un espacio de articulación de las distintas organizaciones sociales y políticas que trabajen con niños, niñas y adolescentes, en el que, intergeneracionalmente, se construya un plan de lucha que apunte a combatir y disputar la hegemonía del sistema adultocéntrico”. Además, releva los movimientos de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (NNATs), y durante la presentación de la agrupación en Instagram, destacaron grupos como estos en Venezuela, Perú, Bolivia y Paraguay.

En la presentación de su proyecto, Sepúlveda puso como ejemplo a organizaciones de estudiantes secundarios como la Cones y la Aces. “En la última PSU la Aces directamente boicoteó la rendición de la prueba. Este año se eliminó la prueba de Historia por la acción estudiantil. Evidentemente, desde el oficialismo eso se criminaliza y no se plantea en ningún caso como una posición política frente a los procesos de educación o de ingreso a la educación”, dijo. Como la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, los fundadores de este movimiento político también recordaron el rol de los estudiantes secundarios en el estallido del 18 de octubre. 

Las actividades y conversatorios de dirigentes de la Aces además son promovidas en el Facebook de Izquierdas y Niñeces; y en su manifiesto subrayan: “Lxs estudiantes secundarixs en Chile interpelan el orden social con voz propia y en una orgánica autodeterminada. Cuestión que reafirmaron el año pasado con los llamados a evasiones del metro, dando el puntapié inicial para la revuelta popular”. Y cierran su texto con la exclamación: “¡Sin los niños, niñas y adolescentes, no hay revolución!”.

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