El jueves 6 de noviembre, personal de Gendarmería trasladaba a 14 reos desde el penal de Ovalle a la cárcel de Huachalalume, en La Serena. ¿El motivo? Según un informe técnico de la institución, por tratarse de reos de alta complejidad, éstos debían abandonar el centro de detención preventiva y pasar a un recinto de cumplimiento de condena.
En medio del viaje, entró una llamada a uno de los funcionarios de Gendarmería. Al otro lado del teléfono, una persona que se identificaba como el gobernador de la provincia de Limarí, Cristián Herrera, entregaba una orden: A Luciano Contreras, uno de los 14 reos que estaban siendo trasladados, había que llevarlo de vuelta al penal de Ovalle.
Como la solicitud no se ajustaba al procedimiento, los funcionarios hicieron caso omiso de la petición y siguieron rumbo a La Serena. Pero minutos después entró un segundo llamado. Esta vez era el subdirector nacional operativo de Gendarmería, Juan Carlos Manríquez, quien hacía la misma solicitud. Los 13 reos debían ser dejados en el penal de Huachalalume y Contreras debía regresar a Ovalle. Por tratarse de un superior, cumplieron la orden.
Según relata al diario El Ovallino el gendarme Orlando Garrido, la situación les causó suspicacia, pues Luciano Contreras, que cumple una condena de 10 años por ser el líder de la banda de narcotráfico “Los Bolvarán”, es hijo de Rodrigo Contreras, funcionario de la gobernación de Limarí y presidente del PS en la comuna de Ovalle. Lo primero que pensaron fue que detrás de este caso se escondían presiones políticas.
Pero la sorpresa sería mayor cuando investigaron a quién pertenecía el número telefónico de la persona que se identificaba como gobernador. Según las indagaciones, el teléfono estaba a nombre del Senado, y correspondía a un asesor de la senadora Adriana Muñoz (PPD), quien a su vez es hermano del narcotraficante.
A raíz de este caso, la Fiscalía inició una investigación de oficio por usurpación de funciones y por tráfico de influencias, acción que será reforzada por una querella que presentará el diputado Sergio Gahona (UDI) el próximo lunes. Asimismo, el parlamentario pidió en la Cámara que el director nacional de Gendarmería informe respecto del proceso y que el ministro de Justicia entregue una serie de antecedentes para explicar la situación.
“Acá estamos ante una potencial intervención y eso tiene que ser aclarado. Se tienen que dictar las sanciones que correspondan”, señala Gahona a “El Libero”, advirtiendo que una vez que reciba los antecedentes solicitados evaluará junto a su bancada la petición de una comisión investigadora.
Respecto del rol de la senadora Muñoz, el parlamentario sostiene que “ella ha reconocido que un funcionario suyo se tomó atribuciones que no correspondían, pero nadie ha dicho nada de por qué el subdirector operativo ordenó sin ningún procedimiento de ningún tipo la vuelta del narcotraficante a Ovalle”.
En conversación con este medio, la senadora del PPD salió a responder los cuestionamientos en su contra. Señala que se encuentra preparando una declaración pública con sus abogados “porque esto es muy delicado. Acá se está diciendo que hay tráfico de influencias y que hay vínculos del Senado con el narcotráfico”.
Respecto del funcionario que trabaja con ella y que realizó la llamada telefónica haciéndose pasar por el gobernador, Muñoz dice que “no tengo nada que ocultar, este joven es de mi equipo, tiene un celular que yo le di para que trabajara en Ovalle”. Al ser consultada si lo desvincularía tras el incidente, agrega: “Yo lo suspendí de forma inmediata y voy a esperar el resultado de la investigación para desvincularlo, pero creo que lo que hizo es una falta muy grave. Usar un teléfono institucional, por mucho que él sufra por su familia y por lo que pueda haber pasado con su hermano, me parece que es una irresponsabilidad”.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO