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Publicado el 12 de septiembre, 2016

Abogados ante nuevo interrogatorio del fiscal al ex ministro Peñailillo: “Debe ser imputado”

Autor:

Uziel Gomez

Ex fiscales, autoridades del SII y querellantes coinciden en que si el fiscal Gómez aplica el mismo criterio que con otro centenar de formalizados, el ex ministro de Bachelet debería correr la misma suerte. Peñailillo emitió boletas cuestionadas por $16 millones.
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Uziel Gomez

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Es nuestro interés poder cursar nuevas citaciones (a declarar) al señor (Rodrigo) Peñailillo, pero eso lo vamos a hacer en tanto terminemos de realizar otras diligencias de investigación, que nos parecen importantes de parte nuestra, antes de cursar esa citación’”, anunció este miércoles el fiscal  regional de Valparaíso que investiga el caso SQM, Pablo Gómez.

Con ello trae de vuelta al mediático caso al ex ministro de Interior y jefe de campaña de la Presidenta Michelle Bachelet, quien renunció en mayo del año pasado en medio del escándalo en que se vio involucrado por emitir millonarias boletas para Asesorías y Negocios (AyN) Spa.

Peñailillo es una de las 26 personas que recibieron, en total, pagos por $327 millones entre 2012 y 2013 de AyN, perteneciente al operador político de la Nueva Mayoría Giorgio Martelli. Este último fue formalizado por la fiscalía por presuntos delitos tributarios, tras recibir pagos por $245 millones de SQM Salar por supuestos contratos ‘simulados’ de prestación de servicios. Peñailillo emitió cuatro boletas a AyN por un total de $ 16 millones.

Según su declaración como imputado del 7 de agosto de 2015, “la sociedad (AyN) se constituyó para que los profesionales pudieran tener trabajos e ingresos propios, para trabajar y vender los productos”, y que prestó servicios entre enero a mayo de 2012 a AyN.

En una declaración anterior de junio de 2015, fue consultado tres veces por el conocimiento que la Presidenta Michelle Bachelet tenía de  AyN, y las tres veces respondió: «A sugerencia de mi abogado, no me voy a referir a ese tema».

Según ha trascendido en la prensa, el fiscal Gómez interrogaría al ex ministro Peñailillo durante la segunda semana de octubre. Éste se encuentra viviendo en Estados Unidos, trabaja como investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y viaja una vez al mes a nuestro país.

Los informes para AyN y los asesores de Peñailillo

Peñailillo dijo que sus servicios constaron de “un conjunto de minutas mensuales, entre otros productos, de coyuntura política, legislativa y económica”, y que sugirió la contratación de Gabriel Sepúlveda, jefe de la división de Acceso y Equidad Energética del Ministerio de Energía; de Harold Correa, ex jefe de gabinete del Ministerio de Educación, y de quien fue su jefe de asesores en Interior, Robinson Pérez, quien declaró el miércoles pasado, en calidad de testigo, en el caso SQM y recibió pagos por $26 millones de la empresa de Martelli.

Además de Pérez, en las últimas semanas la fiscalía también interrogó a Enrique Paris, asesor del Ministerio de Hacienda. De acuerdo a la contabilidad de AyN, Paris recibió un monto total de $ 12,2 millones entre 2012 y 2013. Y también pasará por la sala de interrogatorios el ex director del Servicio de Impuestos Internos y autor de la reforma tributaria, Michell Jorrat, quien también boleteó para AyN. Lo paradójico para Jorrat es que fue quien comenzó, como director del SII, la investigación de financiamiento irregular en la política al denunciar ante la justicia a Penta por delitos tributarios.

Pocos días antes de renunciar, el entonces ministro del Interior fue desmentido por El Mercurio por afirmar que le había mostrado su informe al periodista de ese diario. «El ministro Peñailillo, más aun, confundió a la opinión pública al señalar en un programa de televisión que los periodistas de “El Mercurio” habían visto los informes, en circunstancias que solo vieron un documento en una pantalla de un computador», escribió el medio en un editorial, que señaló que el ministro se negó a entregar los documentos o tomarles fotos.

La «doctrina Jorrat» de penalizar las boletas falsas se contrapone con la «doctrina Escobar» del ex director Ricardo Escobar, que plantea que  la utilización de boletas ideológicamente falsas para financiar campañas se trata de una falta, un gasto rechazado, la que puede subsanarse aplicando multas y dándole una salida administrativa al problema. De hecho, ese criterio es el que imperó antes de Jorrat y que volvió a usarse ahora por las actuales autoridades.

Abogados: “Peñailillo debe ser imputado”

¿Podría ser formalizado Rodrigo Peñailillo por facilitación de boletas ideológicamente falsas, al igual que un centenar de personas en el caso SQM?

Es la pregunta que responden para “El Líbero” cinco abogados con experiencia en casos tributarios y penales.

pedro orthusteguy ex fiscalEl ex fiscal Pedro Orthusteguy, afirma que “existen reales posibilidades de que se pueda formalizar al ex ministro Peñailillo si la Fiscalía toma la decisión, porque estaría en la misma situación jurídica del resto de los imputados que se les ha denominado genéricamente ‘boleteros’”.

Por ello, el abogado penalista,  con 13 años de experiencia como fiscal, sostiene que “sí es posible y factible que se formalice a Peñailillo».

Orthusteguy explica que un instrumento es falso ideológicamente si el contenido no refleja la verdad. “Si los servicios no se prestaron no debió emitirse una boleta o factura que se usara para fines tributarios. Por eso el código tributario castiga la falsificación material pero también la falsificación ideológica, porque no debieron existir nunca esas boletas por esos servicios”.

El abogado de la Fundación Ciudadano Inteligente y querellante en los casos Penta y SQM, concluye que “hay antecedentes para decir que esos servicios no se prestaron sino que se utilizaron las boletas para obtener el financiamiento de precampaña de la candidata Bachelet”.

gonzalo-torresGonzalo Torres, ex subdirector jurídico del SII, explica que “siempre debemos partir por el principio de presunción de inocencia, ahora bien en este caso concreto no existe una querella del SII en contra de  Pañalillo, por lo cual a mi parecer el Ministerio Público no tiene atribución alguna para formalizar por delitos tributarios porque carece de competencia. Sin embargo, si la Fiscalía prueba que esas  boletas a honorarios emitidas por  Peñailillo adolecen de falsedad debido a que los trabajos no se realizaron a la Sociedad AyN, se podría formalizar pero por el delito de fraude al fisco u otros delitos comunes que la Fiscalía tenga conocimiento, pero no por delitos tributarios”.

Torres estima que en este caso es más difícil probar para la Fiscalía porque no existe una vinculación directa entre  Rodrigo Peñailillo y SQM, sino que está de por medio la sociedad AyN.  «Creo que el fiscal Gómez está actuando con total independencia e imparcialidad,   debido a que ha sido el único fiscal  que ha aplicado salidas alternativas, a pesar lamentablemente de la oposición sin fundamento alguno del SII a estas medidas alternativas. Se nota que es un fiscal serio  que no tiene sesgo político alguno y esto es lo que espera la sociedad del Ministerio Público», afirma el abogado.

Mario Zumelzu, abogado querellante en el caso Caval, también estima que el ex Mario Zumelzuministro de Bachelet “debe ser formalizado. Por mucho menos se han formalizado a otras personas. Él tiene evidente participación y responsabilidad en la generación de recursos para la precampaña de Bachelet. El participó entregando boletas e informes que fueron falsos. Él es parte y tiene participación en delitos tributarios”.

Otro abogado con experiencia como querellante, Eduardo Riquelme, enfatiza que “todo indica que si se aplicara el mismo criterio, Peñailillo  debe ser formalizado, toda vez que no hay evidencia alguna de que los trabajos que prestó para AyN, y que fueron el fundamento de las boletas ideológicamente falsas, se hayan realizado. Por lo tanto, todo indica que el camino debe ser la formalización de Peñailillo”.

Olga_Feliú, ex pdta del colegioEn tanto, la abogada Olga Feliú tiene un punto de vista distinto, ya que afirma que “no es posible dar una respuesta ni afirmativa, ni negativa, porque no conocemos los antecedentes de que dispone el fiscal Gómez. Lo único claro es que el fiscal debe siempre respetar el principio de igualdad. Así, si unos hechos acreditados fueron suficientes para formalizar o ejercer la acción penal pública, igual criterio debe aplicar en situaciones que sean similares”.

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