El Tribunal Constitucional (TC) es el encargado de dirimir el enfrentamiento que tienen 41 diputados oficialistas con el propio Gobierno del Presidente Gabriel Boric, por el Proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, conocido como Ley de Permisología.
Mientras los parlamentarios encabezado por Daniel Melo (PS) aseguran que el texto viola derechos constitucionales como el de la salud y el medio ambiente libre de contaminación, desde el Ejecutivo insisten en que se trata de una iniciativa que, sin disminuir los estándares regulatorios, reduce entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales que otorgan los órganos de administración del Estado, lo que estimularía la inversión y el crecimiento económico.
El lunes de esta semana el gobierno presentó un escrito ante el TC, pidiendo que se eche por tierra el recurso que los diputados oficialistas -11 del FA, nueve del PC, ocho del PS, tres del PPD, dos del PHC y ocho independientes- presentaron el 7 de este mes, en el que solicitan que se declare la inconstitucionalidad de siete artículos del proyecto de ley que aprobó la Cámara el 1 de julio y que el Presidente Boric no vetó.
«La lógica con la que está hecho el requerimiento (de los diputados) es que es muy negativo si no hay una intervención fuerte, previa, del Estado, en el sentido de revisar y otorgar permisos. Es una manera de matar la libertad de la iniciativa privada. Ningún país que quiera desarrollarse lo hace estableciendo un lastre de intervención previa del Estado de ese porte, porque no funciona».
La advertencia la plantea el abogado constitucionalista y académico de la UC, Germán Concha, que en entrevista con El Líbero explica que «el proyecto de ley es importante para ayudar a solucionar el problema que hay hoy día (con los permisos), no es la solución perfecta, pero algo mejora».
Sin embargo, a su juicio, más allá del ataque a la norma, el problema principal tiene que ver con que «la visión de fondo que tiene el requerimiento es una traba, si en verdad se quiere que el país vuelva a crecer. Si no mata la iniciativa privada, anda muy cerca a hacerlo. Esa visión de fondo es muy preocupante para el funcionamiento de Chile, para el desarrollo futuro del país, que es mucho más preocupante que el proyecto».
–¿Este proyecto de ley viola normas constitucionales referidas al derecho a la salud o a derechos ambientales?
-En términos generales uno podría afirmar que el requerimiento carece de base suficiente, porque no se ven causales que permitan decir que sea inconstitucional en cuanto a su contenido. El requerimiento plantea dos tipos de problemas. Unos que tienen que ver con cuestiones formales, de la tramitación de ciertas indicaciones. Otra parte tiene que ver con el contenido mismo y el riesgo que eso generaría, a juicio de lo requirentes, respecto de ciertos derechos constitucionales. En lo primero, no se ven causales que permitan sostener que haya inconstitucionalidad. En la otra parte, la de fondo, tampoco se ven, a mi juicio, antecedentes suficientes para estimar que se están vulnerando esos derechos.
–Entonces, a su juicio, el TC no debería darle la razón a los recurrentes.
-Ninguno de los dos tipos de causales, ni las de fondo ni las de forma, a mi juicio, admiten acoger el requerimiento. Por lo tanto, en principio, debería ser rechazado.
-¿Qué es lo que planta el recurso de los diputados oficialistas de fondo?
-La lógica del requerimiento es que se necesita una activa intervención del Estado para que revise y dé permisos antes de hacer cualquier actividad, porque sino los derechos no se protegen. Esto supone volver a los criterios de antes de la Constitución de 1980, cuando se establecía una amplísima intervención estatal, porque solo previo a esa autorización se podía hacer algo. Por lo tanto, más que una discusión sobre este proyecto de ley en concreto, hay una discusión sobre la manera en que se entiende la capacidad de las personas para desarrollar actividad económica. La lectura tradicional de la Constitución apunta a la lógica inversa, consagra la autonomía de las personas para desarrollar actividades dentro del marco legal, entendiendo que las restricciones y las necesidades de permisos o autorizaciones son la excepción, se debe interpretar restrictivamente, y no solo tienen que estar indicadas expresamente en la normativa, sino que además se tienen que justificar.
–¿El recurso de estos diputados oficialistas implicaría poner trabas para el desarrollo económico del país?
-Absolutamente. Si el TC admite la lógica a partir de la cual se está haciendo este requerimiento, estaría aumentando fuertemente la intervención estatal en toda la actividad que desarrollamos las personas. El trasfondo del requerimiento es un cambio muy radical de la manera en que se entiende el sistema institucional. En lugar de la lógica de que las personas podemos hacer todo lo que no está expresamente prohibido, se aplicaría la lógica que es propia de los entes estatales, de que sólo se puede hacer aquello que tienes expresamente autorizado.
–¿Si el TC llega a darle la razón a los recurrentes, cómo afectaría esto a una persona que quiere emprender o a un empresario?
-Se tendrían dos problemas. El primero, en el corto plazo, es que el proyecto que se ha planteado como una manera de reducir la necesidad de permisos existentes, se caería. Habría un segundo efecto: no solo se estaría manteniendo la maraña de permisos que existe hoy día, sino que se estaría validando la lógica que sostiene la necesidad de esos permisos. Se estaría diciendo que no solo se mantiene lo que ya hay, sino que se estaría validando una lógica que habilita para exigir a las personas el tener que pedir permisos siempre, la lógica de que se creen nuevos permisos, de que se requiere que el Estado autorice primero por regla general.
–¿Cuáles riesgos implicaría que se decida que prevalezca la lógica que plantean los diputados oficialistas por sobre estos derechos de los particulares?
-La libre iniciativa privada supone el ejercicio del derecho a la propiedad y de propiedad privada, pero además supone la lógica de la subsidiariedad, en el sentido de que son las personas y las organizaciones que esas personas libremente forman, las que empujan, las que ayudan a llevar adelante el desarrollo de la sociedad prioritariamente, y que el Estado contribuye, respeta y resguarda eso, pero no lo reemplaza ni lo elimina. Lo que se hace en el requerimiento es invocar derechos sociales o de segunda generación -como la salud, el medio ambiente-, para usarlos como restrictores de esa libertad e ir generando frenos, controles, pero además hacerlo no como una manera de resolver un problema que ya se haya producido, de evitar un daño altamente probable, sino como un instrumento para dotar al Estado de mayores atribuciones para intervenir con anticipación, antes de que se hagan las cosas, reforzando una capacidad de intervención previa del Estado que obligue a que todos los proyectos tengan que pasar por autorizaciones y revisiones estatales.
–¿Con qué partes del proyecto los diputados oficialistas no están de acuerdo?
-Lo que hace el proyecto es establecer técnicas o habilitaciones alternativas que permitan al menos reducir un poco la maraña de permisos que existe hoy día. Y ahí es donde precisamente el requerimiento dice: no, yo no quiero que eso pase, lo que tenemos que hacer es reforzar la intervención del Estado. Lo que propone el proyecto, como las declaraciones juradas, supone de alguna manera aliviar un poco la carga que presenta el sistema a quien quiere desarrollar una actividad económica y retirar un poco la intervención del Estado.
–¿Cuáles serían algunas de esas técnicas o habilitaciones alternativas?
-Uno de los puntos que el requerimiento ataca son las declaraciones juradas, la posibilidad de que las personas inicien una actividad y en vez de tener que pedir permiso, hagan declaraciones y se comprometan respecto de eventuales problemas futuros. Los recurrentes dicen que eso no puede reemplazar la autorización estatal previa. Eso es desconfiar de la iniciativa privada y reemplazarla siempre por la intervención previa del Estado.
–¿Podría decirse entonces que el recurso ataca el espíritu mismo del proyecto?
-Exactamente. Es como decir: no me parece que puedan haber estas técnicas alternativas, sino que quiero que el Estado tenga que dar los permisos. Quienes suscriben esa tesis están de acuerdo con una lógica de maraña de permisos para poder hacer algo. Lo segundo es que cuando atacan la estabilidad regulatoria, en el fondo lo que están atacando es la certeza jurídica, la seguridad jurídica, y cuando se actúa conforme a Derecho, se debe tener la tranquilidad de que eso se va a mantener y respetar.
-¿El recurso también pone en riesgo la seguridad jurídica en materia de permisología?
-Hay dos elementos fundamentales en el requerimiento. La idea que la actividad privada no se desarrolla libremente, sino que requiere necesariamente de permisos previos del Estado. Segundo, que los privados no pueden invocar certeza jurídica o garantías de estabilidad frente a la autoridad. Esos dos elementos juntos son un ataque muy directo y radical a la iniciativa privada, porque con eso es muy difícil desarrollar la iniciativa privada. Así que si la lógica del requerimiento no mata la iniciativa privada, la deja muy cerca de la muerte y apunta precisamente en el sentido de frenar el crecimiento, lo que logra es perjudicar no solo la actividad económica privada, sino que también la posibilidad de otorgar prestaciones que tengan que ver con derechos sociales.
-Pasando del recurso al proyecto de ley, ¿a su juicio es buena esta nueva normativa?
-El proyecto de ley es una buena base respecto de lo que hay hoy día, porque la situación que hay actualmente es muy mala. ¿Es mejor el proyecto que lo que hay hoy día? Sí, claro. Sin embargo es insuficiente porque le falta mucho para llegar a ser una normativa que de verdad garantice ampliamente la libre iniciativa privada. Lo que se tendría que hacer es resolver tres grandes desafíos. Uno, eliminar permisos y requerimientos. Dos, garantizar que cuando se obtiene una autorización, eso garantice seguridad y certeza para poder trabajar tranquilo. Y tres, reducir plazos, asegurarte de que los entes estatales tienen que contestar, resolver rápido. Si la persona no cumple con los requisitos, se deniega el permiso, pero que sepa rápido y por qué.
Muy buena