El 30 de marzo, dos días después de que el propio Pablo Longueira anunciara a través de un comunicado que sería formalizado por el presunto delito de cohecho en el marco del caso SQM, El Mercurio publicó una carta de Fernando Barros titulada “Formalización injusta”. En ella, el abogado socio del estudio Barros & Errázuriz cuestionaba la acción de la fiscalía y acusaba un posible sesgo ideológico en las persecuciones: “llaman la atención la premura del fiscal con el proceso que afecta al ex senador y ex ministro de Estado y la tardanza incomprensible en tramitar con igual celo y diligencia otros hechos que vienen siendo investigados desde mucho tiempo antes”.
En entrevista con “El Líbero”, el abogado experto tributario aborda en profundidad el tema y se refiere al futuro judicial de los casos Penta y SQM. Dice que, al igual que en el caso de las farmacias, los tribunales superiores podrían concluir que en ninguno ha habido delitos.
También señala que en materia de financiamiento “el mundo político chileno se divide entre los pillados y los no pillados” y que ha faltado un sinceramiento generalizado al respecto.
Finalmente, habla del rol estelar que han asumido los fiscales a cargo de estos casos: “debieran concentrarse en las causas y no en estar dando explicaciones o anunciando sus futuras resoluciones por la prensa (…).Se deben a la ley y no al clamor de la prensa ni de la calle”.
– Ha pasado un año y medio aproximadamente desde que estallaron los casos Penta y SQM y en una carta a El Mercurio usted dijo que encontraba injusto que se haya solicitado fecha de formalización a Pablo Longueira por un caso reciente y que, por otra parte, otros casos que llevan más de un año investigándose se encuentren paralizados. ¿Ha habido, a su juicio, un sesgo político de la fiscalía a la hora de investigar y perseguir eventuales delitos?
– Primero, desde un punto de vista técnico, este país ha estado ya por más de un año enfrascado en una temática que en la práctica no tiene mayor destino en lo judicial y que en definitiva rompe con una tradición del Servicio de Impuestos Internos (SII) en el sentido que la temática de los gastos rechazados se arreglaba de forma administrativa, es decir, con el pago. Y lo segundo, es que la falsedad de los instrumentos es una norma a propósito de facturas falsas, mafias que se dedicaban a imprimir facturas que eran de empresas inexistentes, pero que se vendían por el IVA.
Acá ha habido un cambio con la gestión del fiscal Carlos Gajardo que empieza a presionar al SII con los primeros antecedentes que surgen en el caso Penta y se transforma esto, pasando al plano judicial. Desde ahí esto ha ido perdiendo un sentido tributario y ha ido virando hacia otro lado. Entonces hoy día vemos casos que se conocen desde hace meses de, digámoslo claramente, asesorías verbales prestadas por muchachos que son muy buenas personas y que son hijos de un senador, y que no ha pasado nada con ellos hasta el día de hoy. Por otro lado, hemos visto casos que nos constan profesionalmente, de empresas en que los servicios se alegan que se prestaron, se contabilizaron debidamente, se han entregado copia de los informes, y bajo el pretexto de que no tenían un timbre de recepción de esos informes, se ha seguido adelante cuestionándolos por parte de la autoridad. Entonces vemos que hay un tratamiento distinto. En algunos casos se ha actuado con lentitud, lo que se confirma (el viernes) con el sobreseimiento por prescripción del caso del ex senador Carlos Ominami. En otros casos no se avanza.
Y, de forma paralela, en casos como el del ex senador Pablo Longueira, sin haber sido citado a declarar –porque la vez que lo hizo fue por otra causa que no tenía ninguna relación con el supuesto cohecho-, ya se define que él va a ser formalizado. La injusticia es que se ve un trato muy distinto en función de las personas que están involucradas en uno u otro caso. Si nos vamos más lejos en el caso del senador Longueira, él habría cometido una falta de prudencia por no haberse abstenido de votar algo que tenía que ver con una empresa que podría estar dándole un apoyo económico a entidades relacionadas a él. Pero resulta que Longueira y los senadores de la Alianza votaron favorablemente y sin anestesia la ley del royalty que subía el impuesto a todas las empresas que no estaban amparadas por la invariabilidad. Y eso fue votado en contra por senadores y parlamentarios que aparecen mencionados hoy como recibiendo apoyos económicos de SQM y no se ve en esos casos una intención de investigar la misma infracción al deber de abstención.
– Con la nueva querella que ha presentado el SII y las formalizaciones que ha pedido la fiscalía, ¿se resuelve este desequilibrio que usted acusa, o no es suficiente?
– Claramente la gente percibe que desde el punto de vista mediático, desde el punto de vista de la fiscalía, e incluso desde el punto de vista del SII hay celeridades, énfasis y actitudes distintas según el sector político al que una persona pertenece. Pero lo más grave es que vemos hoy día que la función tributaria no tiene que ver con el ámbito político. Impuestos Internos hizo un llamado a las empresas que tenían dudas sobre los gastos en que habían incurrido para que los rectificaran. Y resulta que esas empresas aparecen como las más perseguidas. Acá se está generando un cuestionamiento respecto del sistema. ¿Los fiscales a qué apuntan? ¿Están en una actitud de colaboración con el SII? No nos olvidemos que la acción penal es un elemento de apoyo a la función del SII y no es una sanción por no pagar una deuda. Tradicionalmente, frente a una acción del SII, cuando el contribuyente subsanaba los pagos y compensaba los perjuicios, Impuestos Internos terminaba la causa. Hoy día las causas terminan desde el punto de vista tributario, pero es la fiscalía la que aparece tratando de seguir adelante a pesar de que no hay temas tributarios pendientes.
– ¿Qué pasa con el círculo cercano a la Presidenta que trabajó para la precampaña? Ellos recibieron pagos de SQM a través de AyN y el único formalizado es Giorgio Martelli. Con la vara que ha aplicado la fiscalía en otros casos, ¿hay material para formalizar a personas como Peñailillo o Jorrat, por citar sólo a algunos de los que dieron boletas a AyN?
– Es delicado referirnos con nombres a esta situación, pero lo que sí está claro es una cosa. Acá se estructuró una empresa que recaudó dinero y que no prestaba servicios y que se ha dicho que, en definitiva, recibía aportes políticos. Y esa empresa distribuyó sus recursos, registrándolos como gasto, haciendo pagos a personas que realizaban labores políticas. Entonces, todas esas personas que de AyN recibieron recursos para algo que no tenía que ver con AyN, sino que para que se dedicaran a la actividad política en beneficio de la candidata de ese minuto, eso debiera ser parte de la misma investigación si es que estamos pensando que los dineros políticos son una infracción tributaria. Pero no se aprecia y no conozco una intención de aplicar la misma vara cuando jurídicamente son situaciones similares a otras.
– El fiscal Abbott dijo hace unas semanas que había que darle un “pronto término” a estos casos de irregularidades en el financiamiento a la política. ¿Cómo se debe conducir este proceso? ¿Se debe llegar hasta el final o, como han propuesto algunos como el ex contralor Ramiro Mendoza, debiera haber una especie de ley de amnistía en el tema del financiamiento electoral?
– Ha habido varios planteamientos en ese sentido como el del ex contralor, el ex director del SII, y yo mismo hace harto tiempo en un par de columnas, de que ha habido una visión jurídica administrativa de que una factura auténtica, es decir, que corresponde a un contribuyente registrado, que ha sido contabilizada y que cumplió con todas las obligaciones tributarias, esa “falsedad ideológica” nunca ha estado dentro de lo que la ley sanciona. Y esa ha sido la forma en que siempre se entendió, por lo tanto acá se corre el riesgo de que pase en Chile lo mismo que ocurrió y que significó una pérdida enorme de tiempo para la justicia, los tribunales y las personas, con la situación de las farmacias, en que se pretendió castigar penalmente con una norma que estaba evidentemente derogada y que al final de los días los tribunales superiores dijeron que aquí no había norma y que no había delito. Aquí puede ocurrir lo mismo porque no ha habido discusión jurídica en estos casos, incluso en los casos de acuerdo se ha evitado llegar al juicio. Muy probablemente lo que va a ocurrir aquí, si se va al análisis jurídico, es que se va a determinar que esta “falsedad ideológica” no es aquella que se sanciona con la legislación tributaria como falsedad y delito propiamente tal.
– Pero antes de que se llegue a eso, ¿ve como probable un escenario de amnistía?
– Yo no veo muy factible esa situación porque lo que aquí ha faltado es que el mundo político asuma este tema como un todo y llegue a una propuesta franca. Pero lo que ha pasado es que nadie ha querido asumir el costo político de aparecer reconociendo algo que en mayor o menor medida, no será todo lo que se dice, o parte, pero claramente la política llegó a niveles indebidos de liviandad a la hora de solucionar los problemas de financiamiento y eso supone y necesita un perdón de todo el mundo político y no sólo de los que han pillado. Porque en esta materia de financiamiento el mundo político chileno se divide entre los pillados y los no pillados y dudo que alguno pueda decir que el 100% de los gastos en los que ha incurrido en su vida política han pasado por el Servel o vienen del Congreso.
– Otro tema que ha estado en la agenda es el de las filtraciones. Algunos defienden esta práctica pero también muchos la cuestionan. ¿Qué opina del proyecto que busca sancionar a los fiscales que filtren documentos de las investigaciones?
– Tengo la impresión de que esto no requiere de una nueva ley. Los fiscales son funcionarios públicos auxiliares de la administración de justicia, como lo somos los abogados también. Y todas las personas que intervenimos en algún proceso tenemos un estándar legal y ético. No me cabe ninguna duda que algo que es parte de un secreto de una investigación, si alguien lo circula o lo filtra, está incurriendo en una infracción que puede dar lugar incluso a una destitución. Personalmente no creo que se requiera una sanción penal. Lo único que cabe es decir que el Ministerio Público exija un estándar ético y que no tengamos algo que está llegando a niveles preocupantes, como estos fiscales que casi que tienen que contratar a relacionadores públicos. Debieran concentrarse en las causas y no en estar dando explicaciones o anunciando sus futuras resoluciones por la prensa. Por esencia, la administración de justicia no es democrática. No se trata que le agrade a la mayoría o a la minoría. La administración de justicia es respetar la ley la aplaudan los medios o no la aplaudan. Entonces, esta búsqueda de popularidad de las resoluciones es muy peligrosa y es un error. Los jueces y fiscales se deben a la ley y no al clamor de la prensa ni de la calle.