Lejos de un eventual avenimiento, la querella criminal por “injurias y calumnias” que presentó la Presidenta Michelle Bachelet en contra de cuatro periodistas de la revista Qué Pasa tomó un inesperado giro, luego de que la defensa de los profesionales alegara ante la justicia que la querella presentó una prueba que no es fiel a la realidad y que podría incidir de manera crucial en el análisis del caso.
Y es que el “animus injuriandi”, en el que se basa el recurso que pide tres años de cárcel y multas de $6,8 millones para los periodistas, tendría un origen viciado, ya que el artículo de la revista presentado como prueba ante el tribunal por el abogado de Bachelet, Juan Pablo Hermosilla, “no corresponde al original que se adjunta en este numeral, pues aquel contiene alteraciones o intercalaciones que hacen variar su contenido”, según alegó el abogado de los querellados, Álvaro Caviedes ante la magistrada Claudia Hermosilla Toro, del Segundo Juzgado de Garantía de Santiago el 5 de julio pasado. (ver documento al final de la nota)
Es decir, en opinión de la defensa se ocultó parte relevante –desconocen si en forma intencional o casual-, que probaría que no hubo tal ánimo de injuriar sino de informar a la opinión pública.
La alteración en el artículo que alegan los querellados por Bachelet
La supuesta alteración estaría en que “se puede apreciar a simple vista que en el documento que se acompañó con la querella, costado izquierdo, tercio superior, aparece un logotipo de la revista Qué Pasa, bajo el cual sólo se alcanza a leer la frase “responsabilidad de Díaz”, con la parte superior de la oración a medio cubrir por dicho logotipo. En la nota original, dicho logotipo está ubicado en otra parte del texto, específicamente en el encabezado de la misma, y no en el sector de más abajo donde aparece superpuesto y tapando una parte de la nota”.
De esta forma, agrega el abogado Caviedes, “el documento acompañado con la querella no permite ver una parte importante de la nota, que no se puede leer completa, producto de lo cual dicha alteración hace variar su contenido”.
Concretamente, lo que aparece oculto por el logotipo superpuesto es la nota aclaratoria al margen que escribe Qué Pasa, y que señala: “Las polémicas transcripciones telefónicas de Juan Díaz, el operador de Caval. Acá nuevos diálogos del operador UDI obtenidos por Carabineros. Cabe destacar que su veracidad no está comprobada y que son de exclusiva responsabilidad de Díaz”.
“Nos limitamos a poner estos antecedentes en conocimiento del tribunal para los fines que sean procedentes conforme a derecho”, concluye el oficio, que adjunta una copia del artículo «Los secretos de Juan Díaz, el operador de Caval», publicada en la sección Ojos de la Llave de la revista Qué Pasa del 27 de mayo pasado, y la “nota editada: Las Polémicas transcripciones telefónicas de Juan Díaz, el operador de Caval”.
Las acusaciones de injurias de Bachelet
En la querella de Bachelet contra los periodistas se indica que “el hecho de que la nota periodística injuriosa haya constado por escrito y haya sido inserta en un medio de comunicación masivo, como es la revista Qué Pasa con una circulación semanal, hace que se materialice la figura del inciso 1 del artículo 418 del Código Penal, haciendo merecedores a los imputados de la pena de reclusión menor en sus grados mínimos a medio”.
La querella argumenta que hubo un “animus injuriandi” de los periodistas, ya que el artículo publicado en la revista de papel el viernes 27 de mayo tenía “objetivamente el carácter de ser apta para lesionar el bien jurídico honor y que los autores de tales conductas conocían y querían realizarlas”.
Por ello, estiman que hubo “dolo, entendido como una voluntad de causar daño al ofendido, una intencionalidad dirigida específicamente a deshonrar, menospreciar o desacreditar (…) Los querellados actuaron con la intencionalidad de injuriar”.
Los cuestionamientos internacionales a la querella
La acción criminal de la Mandataria ha sido cuestionada por diversos organismos y personeros ligados a la defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, como Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, quien dijo que “sin dudas esta demanda tiene la intención de amedrentar, por cuanto se busca el encarcelamiento de los periodistas, una acción que nos retrotrae a castigos que en Chile se buscaban contra los periodistas en épocas no democráticas y que han sido descartadas por la jurisprudencia internacional, por ser métodos inhibitorios de la libertad de prensa cuando se trata de funcionarios públicos en temas de interés público”.
Además, la solicitud de penas de cárcel para los periodistas incumple la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que está suscrito nuestro país.
“La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público”, sostiene dicha declaración en su capítulo 10.