La reforma educacional del Gobierno que se discute en el Senado y que elimina la selección, el copago y el lucro en la enseñanza básica y media, tiene en alerta a los sostenedores, quienes están evaluando masivamente presentar demandas y acciones judiciales en contra del Estado de Chile en tribunales nacionales e internacionales.
Así lo revela a “El Líbero” Eduardo Escalona, abogado del bufete Philippi y asesor legal de la agrupación de Colegios Particulares de Chile (Conacep), que incluye los establecimientos subvencionados donde estudian 1,9 millones de escolares, equivalente al 54% de los 3,5 millones alumnos de todo el sistema educativo.
“No hay sostenedor que no esté evaluando el escenario judicial, y realizar distintas acciones por los perjuicios que se puedan producir con la implementación del proyecto de ley, como colegios que se vean forzados a cerrar o que no se les respeten los contratos vigentes con el Ministerio de Educación, como la Jornada Escolar Completa, entre otros”, anuncia Escalona.
El profesional afirma que han sido muy consultados por los sostenedores de todo el país sobre los recursos que pueden presentar para demandar al Estado de Chile, tanto en los tribunales nacionales como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Son múltiples los escenarios judiciales y todos ellos dependerán de cómo salga el proyecto del Congreso”, añade el abogado de Phillipi.
Vicios de inconstitucionalidad detectados
Otra de las aristas legales en contra de la reforma educacional dice relación con los “múltiples vicios de constitucionalidad” que tendría, porque se “burlan normas constitucionales para disimular auténticas expropiaciones regulatorias”, según la presentación que expuso en la comisión de Educación del Senado el presidente de la Conacep, Hernán Herrera.
De hecho, los senadores de RN, Andrés Allamand, y Ena Von Baer, de la UDI, estudian presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre eventuales inconstitucionalidades del proyecto de ley.
“Nosotros sí consideramos que hay factores que son inconstitucionales en el proyecto de ley tal como está ahora. Lo estamos estudiando y, de hecho, vamos a recurrir al Tribunal Constitucional”, anunció la senadora Von Baer a La Tercera. Sólo se requiere 1/4 de los votos de los senadores para presentar el requerimiento en el TC.
Eduardo Escalona sostiene que el proyecto actual afecta garantías constitucionales básicas para sostenedores, padres y apoderados como el derecho de la educación y la libertad de enseñanza, además de las garantías de protección a la propiedad y los derechos adquiridos de los sostenedores.
“El proyecto de ley está produciendo riesgos severos de cierres de colegios, y eso implica afectar el derecho de los padres que ya eligieron esos colegios, y privarlos de su elección. Además, se están poniendo restricciones y prohibiciones severas forzando un cambio de régimen a los sostenedores, que solo podrán prestar el servicio como corporaciones sin fines de lucro, lo que afecta la libertad de enseñanza desde la perspectiva de crear nuevos colegios y mantener los colegios existentes”, afirma el abogado asesor.
El profesional añade que los requisitos que exigirá la nueva ley de educación son “absolutamente desproporcionados y contradictorios con la misma institucionalidad que creó y diseñó el Estado, y por la cual se les invitó a los sostenedores a participar en el sistema educativo”.
El informe de los sostenedores en contra de la reforma
La presentación de 30 páginas que expuso el presidente de la Conacep en el Senado denuncia que la reforma educacional del ministro Eyzaguirre es deficiente, porque, entre otros cuestionamientos, exige estrictamente el fin de la selección sólo en los colegios subvencionados, el fin del financiamiento compartido es discriminatorio en perjuicio de colegios con mayor copago, y el fin al lucro impone la figura de cooperador del Estado, suprimiendo la figura del gestor educacional.
El proyecto “obliga a convertir a muchos colegios en particulares pagados o a cerrar, afectando gravemente a sus alumnos”, según los sostenedores. Otros de los problemas detectados dicen relación con la diferencia de subvención por tipo de establecimiento educacional y no por tipo de alumno, intervención del gobierno en los colegios, se limita la posibilidad de iniciar nuevos proyectos educacionales, no se establece el pago por matrícula, los directores tienen responsabilidad solidaria sin dieta, y existe el riesgo de que se interprete que deban asumir las eventuales multas.
Entre los vacíos de la iniciativa legal denuncian que no entrega recursos nuevos, no reconoce “valor alguno a los bienes muebles y a intangibles”, como marca, prestigio, proyecto educativo, equipos humanos, trayectoria y preferencia de los padres, no entrega medidas que apuntan a mejorar la calidad de la educación y afecta directamente a la clase media, ya que restringe su libertad de elección entre bienes de similar calidad.