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Publicado el 07 de septiembre, 2018

17 de los colombianos deportados en agosto tenían orden de expulsión del gobierno de Bachelet

Autor:

Javiera Barrueto

Tráfico de drogas, de armas de fuego, homicidio y hurto son algunos de los antecedentes policiales de los extranjeros que fueron enviados a Colombia. Del total de 51 personas que debieron salir, 19 corresponden a dictámenes del Ejecutivo. Y en su mayoría, estos se cursaron durante la administración anterior. Ello, a pesar de los cuestionamientos que surgieron desde la oposición a las políticas llevadas a cabo en estos meses por La Moneda.

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Javiera Barrueto

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Fue durante la madrugada del jueves 16 de agosto cuando el gobierno expulsó a 51 ciudadanos colombianos infractores de ley, y que habían cometido delitos en Chile o en su país de origen. Del total de los extranjeros, 32 fueron deportados por fallos judiciales y los otros 19 por dictámenes del Ejecutivo. La gran mayoría de estos últimos, fueron expulsiones administrativas firmadas durante el primer y segundo período de Michelle Bachelet. De hecho, solo dos casos corresponden al gobierno de Sebastián Piñera.

“El Líbero” tuvo acceso a los 19 dictámenes de expulsión administrativa que el gobierno decidió llevar a cabo. A pesar de que los dictámenes datan de la «era bacheletista» -incluso uno se remonta al 2009- no se materializaron hasta hace menos de un mes. 

En diversos decretos se leen las rúbricas de los entonces secretarios de Estado: Edmundo Pérez Yoma, Rodrigo Peñailillo, Jorge Burgos y Mario Fernández, del intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego y del intendente (s) de La Araucanía, Benigno Quiñones.

Por su parte, en el gobierno de Piñera, aparece solo una firma del titular de Interior, Andrés Chadwick y de la intendenta de Arica y Parinacota, María Loreto Letelier.

El tema migratorio ha sido central para el Ejecutivo. Y así fue como el 9 de abril, La Moneda anunció una de sus primeras iniciativas tras arribar al gobierno: la Ley de Migración, para regularizar el ingreso y la permanencia de los extranjeros en Chile. “Ha llegado el momento de poner orden en este hogar que compartimos”, señaló el Mandatario durante el acto en La Moneda.

Pero el proceso no ha estado ajeno a las críticas de la oposición y una de ellas surgió precisamente tras la expulsión de 51 colombianos a mediados de agosto. En la ocasión, el ministro del Interior junto a efectivos de la PDI llegaron hasta el Grupo 10 de la Fach, para encabezar el proceso de salida de los migrantes. Iniciativa que fue cuestionado desde un sector, por lo «mediático» del proceso. «La población tiene derecho a saber que el Presidente está cumpliendo su compromiso de campaña de ordenar la casa», dijo el pasado 24 de agosto, en entrevista a «El Líbero», Mijail Bonito, asesor de la subsecretaría de Interior.

Incluso, en la línea de «ordenar la casa», el subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla aseguró que el gobierno proyectaba sacar del país -durante este año- a dos mil extranjeros en situación irregular y que contaran con antecedentes.

Precisamente eso generó molestia en la oposición. En la ocasión, el diputado Pepe Auth (ex PPD) señaló: «¿Qué es eso de fijarse metas anual de expulsión de inmigrantes? Hay causales concretas que justifican expulsión y hay que hacerlo cuando corresponde. No puede convertirse en una meta mediática y política». Asimismo, el senador RD, Juan Ignacio Latorre, dijo que «el gobierno instala metas que bordean el neofascismo. Ya lo vimos desde las medidas tomadas en EE.UU., nada se resuelve expulsando personas y separando familias».

Un debate complejo se vivió también a mediados de julio cuando se discutió la Ley de Migración en el Congreso. El diputado DC Matías Walker habló sobre una «inmigración selectiva» que buscaba el Gobierno. Además, en la comisión de gobierno interior, los diputados opositores incluyeron un artículo que prohibía la expulsión de extranjeros si corrían algún riesgo en su país, independiente de que hubieran cometido delitos o si tenían antecedentes penales en sus naciones de origen.

De este modo, en diversas discusiones que se generaron sobre el tema, la ex NM y el Frente Amplio cuestionaron las medidas de Piñera en su línea de «ordenar la casa» y prácticamente nunca se refirieron sobre cómo el gobierno de Bachelet había tomado medidas al respecto. Como, por ejemplo, la firma de expulsiones de extranjeros… que las actuales autoridades llevaron a cabo.

Decretos de expulsiones bacheletistas que no se materializaron

Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tráfico ilícito de drogas, homicidio, hurto calificado, tráfico de armas de fuego, porte ilegal de armas, extorsión, tráfico ilícito de estupefacientes y robo con intimidación, son algunos de los antecedentes policiales -por delitos cometidos en el país de origen y en Chile- de los inmigrantes expulsados hacia Colombia.

En uno de los 19 dictámenes a los que tuvo acceso «El Líbero» se lee que uno de los colombianos tenía un permiso de Permanencia Definitiva desde 2009. Y que en 2015 fue condenado a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo, como autor del delito de tráfico ilícito de drogas. 

Además el texto señala que «la conducta ejecutada por el extranjero vulnera los bienes jurídicos de la seguridad pública y la salud de las personas, lo que genera graves consecuencias sociales que afectan los intereses colectivos resguardados por el Estado y cuya realización además atenta directamente contra el bienestar común y el orden social por lo que no es posible aceptar su permanencia en el territorio nacional». Dictamen que fue firmado por el ex ministro del Interior Jorge Burgos.

En otro decreto de expulsión, esta vez firmado por el ex titular de Interior, Mario Fernández, se lee que se le rechazó la solicitud de visa a un hombre  «por haber sido condenado en su país de origen a la pena de 35 meses de prisión por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años». Se le ordena hacer abandono de Chile en un plazo de 15 días, Resolución que fue notificada en febrero de 2014. En el mismo caso, además, se le rechazó una «solicitud de reconsideración» y se le ordenó su abandono dentro del plazo de 72 horas. En los antecedentes se afirma que «el extranjero, encontrándose en conocimiento de su situación migratoria no ha dado cumplimiento a la medida adoptada, lo que evidencia una transgresión por su parte a la legislación migratoria, vulnerando de esta manera el interés resguardado por el Estado».

En otra resolución de expulsión, firmada por Rodrigo Peñailillo, el Ministerio del Interior le otorgó a un ciudadano colombiano «visación de residencia sujeta a contrato» hasta 2013. Luego, se informa que el extranjero registraba antecedentes por el delito de robo con intimidación por lo que fue condenado a la pena de 3 años y un día de presidio menor en su grado máximo e inhabilitación absoluta perpetua  para derechos políticos. Razones por las que se ordena que deje el país.

En la única resolución administrativa de estos casos firmada por el ministro Chadwick, se describe que el Departamento de Extranjería y Migración rechazó la solicitud de visación y residencia temporaria, por motivos laborales, y dispuso el abandono del país en el plazo de 15 días al ciudadano colombiano por antecedentes penales en su país de origen. ¿Su delito? Hurto calificado -condenado a una pena de 16 meses de prisión- y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego -condenado a una pena de 24 meses de prisión-.

En el dictamen se lee: «Cabe tener en cuenta presente que las conductas ejecutadas por el extranjero en su país de origen son consideradas como delitos graves, que vulneran los bienes jurídicos de la seguridad pública, seguridad individual, propiedad, ley de control de armas y paz social, lo que atenta contra el bien común y orden social, por lo que no es posible aceptar su permanencia en el territorio nacional».

 

Documentos con los 19 decretos de expulsión

 

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