Se trata de un trabajo en conjunto por más de 50 expertos de los centros de estudios Acción Educar, Aire Nuevo, Ciudadano Austral, Fundación Jaime Guzmán, Fundación para el Progreso, Horizontal, Idea País, Instituto de Estudios de la Sociedad, Instituto Libertad, Libertad y Desarrollo, P!ensa y Res Publica. Hoy se reunieron representantes con más de 20 convencionales y asesores, quienes escucharon de forma remota las presentaciones de Maximiliano Duarte (P!ensa), Natalia González (LyD) y Felipe Lyon (FJG) en un encuentro virtual organizado por Fundación P!ensa (Valparaíso).
La mayoría de los centros se inclinan por mantener el régimen presidencial, planteando fijar las elecciones parlamentarias para la segunda vuelta presidencial y contemplar una elección de medio término del Parlamento, en que se renueve toda la Cámara de Diputados y la mitad del Senado; fortalecer la asesoría parlamentaria potenciando la actual Oficina de Presupuesto del Congreso Nacional y avanzar hacia la posibilidad de revisar la duración del mandato presidencial de manera de hacerlo coherente con la visión de largo plazo que se requiere.
En el texto se recogen múltiples coincidencias que se traducen en planteamientos y propuestas compartidas respecto de las materias más relevantes que debieran considerarse en la elaboración de una nueva Constitución. De la misma manera, se da cuenta de las legítimas diferencias planteadas en materias como sistemas de gobierno y regulación constitucional de los pueblos indígenas.
El primero de los 12 capítulos “Lineamientos y propuestas para una nueva Constitución” revisa propuestas para el reglamento de la Convención Constitucional, material que ya fue publicado y entregado.
Mientras que en materias sustantivas, el segundo capítulo se refiere al rol del Estado (y de la sociedad civil), se establece que la Constitución (CPR) debe reconocer el derecho de asociación y la autonomía de la sociedad civil, ya que tanto el Estado, como la sociedad civil pueden generar soluciones a los problemas y necesidades de los ciudadanos.
En cuanto a modernización del Estado, se plantean los principios de transparencia y probidad para recobrar la confianza de las personas en la acción política; establecer el principio de la participación ciudadana -estableciendo que la materialización de este principio corresponderá primordialmente al legislador y que sea funcional a la democracia representativa.
Sobre la participación del Estado y sociedad civil en la generación de soluciones a las necesidades de los ciudadanos, la propuesta subraya la importancia de que todos los actores puedan participar en la provisión de bienes públicos, y es deferente con el legislador distinguiendo los temas que corresponden a la política pública.
Por su parte, en orden público económico, se propone agregar otros principios en materia tributaria como la equidad horizontal y vertical, la neutralidad y simplificación, y la modernización, eficiencia y certeza jurídica, y otros derechos como el de libre competencia y el deber del Estado de velar por el correcto funcionamiento de los mercados, de transparencia y eficiencia en el actuar de las empresas públicas actuando bajo el principio de neutralidad competitiva con las empresas privadas.
Respecto al Banco Central, se reconoce lo fundamental que ha sido su autonomía tanto legal, como práctica, y se establece constitucionalizar su objeto, también la figura del Consejo, su funcionamiento esencial y mecanismos de nombramiento, duración y remoción de los consejeros, y las formas de rendición de cuentas: informar al Senado y dar cuenta pública con el objeto de resguardar los elementos que permiten su autonomía efectiva.
Para desarrollo sostenible se considera mantener la flexibilidad y el carácter amplio de la garantía constitucional de protección al medio ambiente, bajo una lógica antropocéntrica, y evitar la consagración de ciertos principios medioambientales que pueden recogerse a nivel legal.
En materia de recursos naturales, se sugiere que el agua sea reconocida a nivel constitucional como un bien nacional de uso público y que se consagre el derecho humano al agua acotado a los fines de consumo básico, agua potable y saneamiento, correspondiéndole al legislador avanzar en políticas públicas que permitan un esfuerzo conjunto del sector público y privado para garantizar este derecho.
También, las propuestas abordan el reconocimiento de los pueblos indígenas y otros tópicos relacionados con la forma de organización del Estado y la descentralización. En esta última materia, se propone definir dos niveles de gobierno, un nivel nacional y otro subnacional. Este segundo ámbito (subnacional) estaría compuesto por gobiernos regionales y municipios. Sobre la descentralización administrativa, se dice que la Carta Magna mandate a la ley para que establezca un sistema de financiamiento equitativo que asegure presupuestos municipales per cápita más equitativos.
En relación a minería, conservar elementos que han contribuido a la certeza jurídica y han permitido el desarrollo exitoso del sector, que redunda en el bienestar de las personas, especialmente un sistema de concesiones privadas para exploración y explotación de sustancias concesibles, que se constituyen y extinguen por resolución judicial, y que se encuentran protegidas con la garantía fundamental del derecho de propiedad.
La organización y limitación hace referencia al régimen de gobierno, así como también respecto de los aspectos esenciales del sistema electoral y del sistema de partidos y su importancia desde el punto de vista de la institucionalidad; disciplina y responsabilidad fiscal de la iniciativa exclusiva del Presidente de la República.
Para sistema de partidos se estima necesario elevar los requisitos para conformar partidos políticos y se propone un nuevo sistema de reemplazo parlamentario: ante alguna inhabilidad o renuncia voluntaria de un congresista perteneciente a un partido político a su escaño, se propone modificar el actual sistema de denominación por uno en el que la vacante sea reemplazada por el compañero o compañera de lista que le habría correspondido el escaño en la última elección.
El documento contiene un acápite con lineamientos y propuestas respecto de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, las que deben tener un reconocimiento constitucional.
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