Es comprobable: en Chile no son ya partidos de derecha o centro los que apoyan a dictaduras, sino sólo de izquierda.
Publicado el 08.09.2015
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Esta es una semana usualmente nefasta para el país debido a la forma en que tienden a conmemorar la historia reciente grupos políticos radicales. Son días en que vuelven a recorrer Chile los fantasmas del pasado. El 11 de setiembre es un Aleph borgiano, un punto que encierra todos los puntos posibles: el fin del gobierno de Salvador Allende y la Unidad Popular, que generó la división y polarización nacional; la irrupción de una Junta Militar que barrió con retroexcavadoras y fusiles al Chile que expiraba por la incapacidad de los políticos para encontrar consensos en el marco republicano; el inicio de una etapa de deplorable represión y avances económicos, y el relato combativo y recurrente de dicha etapa desde la izquierda.

La reiteración anual del relato convierte a Chile en un carrusel que nos impide  cerrar sin amnesia el pasado y lanzar una mirada conjunta de futuro. Los países están obligados por razones de convivencia a alcanzar esa mirada, y los políticos obligados a convencer a la nación de la necesidad de esa mirada compartida. El relato jacobino de esa memoria busca recordar y sacar ventajas de política contingente para ese sector, pero complica a la vez al PDC, al centro y la derecha.

Son días duros no sólo para las víctimas de la represión sino también, aunque en otra dimensión y en nada equiparables, para sus adversarios. No se debe olvidar que la oposición al gobierno de Salvador Allende estuvo dirigida por el Partido Nacional y la Democracia Cristiana. El Acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, suscrito por esos partidos, llamó a las Fuerzas Armadas y Carabineros a encaminarse a “restablecer las condiciones de pleno imperio de la Constitución y las leyes y la convivencia democrática, indispensables para garantizar a Chile su estabilidad institucionalidad, paz civil y seguridad y desarrollo”. Tras la declaración, muchos intuyeron entonces que el gobierno socialista tenía sus días contados.

Si bien a la democracia cristiana le incomoda esa etapa de su historia, en la actualidad sectores jacobinos de la Nueva Mayoría suelen enrostrarle su rol bajo la UP y acusarla de “conservadora” y de retardar el programa de reformas de Bachelet.

La centroderecha y derecha, en tanto, se fueron distanciando gradualmente del régimen militar, y para el 40 aniversario del golpe de estado el ex Presidente Sebastián Piñera pronunció un discurso que fijó un hito en el sector: condenó la violación de derechos humanos y a quienes la ejercieron o justificaron, separó aguas entre el centro y la derecha, por un lado, y la dictadura, por otro, y abrió la vía hacia un centro y una derecha nuevos y democráticos, un paso decisivo asimismo para millones de jóvenes que no habían nacido o eran niños en la época de la dictadura.

A raíz de esto, en Chile hoy sólo partidos de izquierda apoyan a regímenes dictatoriales, como los de Cuba o Corea del Norte, o simpatizan con regímenes de dudosas credenciales democráticas, como el de Venezuela. La misma izquierda que condena en estos días -y con razón- la violación de derechos humanos bajo Pinochet, defiende, ensalza y celebra a los regímenes de los Castro, los Kim o de Maduro. La izquierda jacobina chilena parece hoy encadenada al pasado: siente nostalgias de regímenes extintos, como el de la RDA o la URSS, o felicita a dictaduras, como las de La Habana y Pyongyang, o solidariza con el régimen de Caracas. Y, como si fuera poco, sueña con el socialismo y la creación de “la patria grande” latinoamericana, como lo manifiestan los documentos de los Foros de Sao Paulo, de los que forma parte.

Es comprobable: en Chile no son ya partidos de derecha o centro los que apoyan a dictaduras, sino sólo de izquierda. Y han sido políticos e instituciones de izquierda, que se auto definen como anti-pinochetistas, quienes han recibido, como lo indican investigaciones oficiales, fondos millonarios de una empresa propiedad de quien fue yerno de Pinochet. De ese modo la izquierda ha sepultado en forma definitiva la superioridad moral que enarboló por años ante la derecha.

Los políticos, que sufren una alarmante merma de credibilidad ante la ciudadanía, deben ser capaces no sólo de colocar el relato de la historia en un sentido que nos permita sacar lecciones como nación sino también de mostrar cómo se sale de la actual crisis de confianza y convivencia cívica. En esta semana no debemos olvidar que la causa que llevó al golpe de estado de 1973 fue la impericia de la clase política para encauzar en la institucionalidad de la república las tensiones, diferencias y contradicciones que surgieron entones entre izquierda y derecha. Mientras los políticos no asuman en conjunto esa gran cuota de responsabilidad, no estarán a la altura de los desafíos actuales ni de indicar al país la forma de superar esta crisis.

 

Roberto Ampuero, Foro Líbero y Senior Fellow de Fundación para el Progreso.

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.

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